Miguel Rubén Pérez Otegui
Expediente 866/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Miguel Rubén Pérez Otegui
Actuaciones
- Principal
Colima, Colima, nueve de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de treinta de agosto pasado, que tuvo por no presentada la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, conforme al artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento a la prevención realizada en auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, ha fenecido; sin que lo haya hecho. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Colima, Colima, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****** quien se ostenta como representante del quejoso ***** contra actos de la Junta Federal Número Cuarenta y Nueve de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, por violación al derecho fundamental consagrado en el artículos 4° constitucional; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 866/2022-VII. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Junta Federal Número Cuarenta y Nueve de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a quien le atribuye la omisión de proveer el escrito presentado ante su potestad el siete de junio de dos mil veintidós; sin embargo, del referido escrito se advierte que éste fue dirigido al Juez Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, el cual no fue señalado como autoridad responsable. Por otra parte, Salvador Barajas Chávez promueve el presente juicio como autorizado en amplios términos de Miguel Rubén Pérez Otegui en el juicio natural 21/1481-124C, siendo omiso en exhibir documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta, toda vez que dicha manifestación es insuficiente para tener por acreditada su personalidad de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, y ello no le otorga facultades para instar el juicio de amparo en representación de Miguel Rubén Pérez Otegui. Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones I y V, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: Exhiba documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta, acompañando copia del mismo para correr traslado a las partes. Exprese si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Segundo Mixto Familiar y Civil de Manzanillo, Colima, siendo así manifieste con claridad el acto que le atribuye. Exponga bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado; esto es, el número y tipo de juicio del que emanan las partes, la secuela procedimental y el estado procesal que guarda. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala Penal, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, de la Suprema Corte de Justicia del Nación, Pleno, Quinta Época, Tomo XII, página 102, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA". De igual manera, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmaran hechos falsos u omitieran los que les consten en relación con el acto reclamado, incurrirían en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además les sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Barajas Chávez, Alma Gicela Rincón Sánchez, Julio César Salas Fernández, Guillermo Daniel Barajas Chávez y Sonia Edith Espinoza Arroyo, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, así como a Ricardo Gómez Gómez y Susana Aguilera López, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. En relación con la solicitud de la parte quejosa de que se le practiquen las notificaciones vía correo electrónico que proporciona, no es factible acordar de conformidad su solicitud, ya que la Ley de Amparo no prevé este tipo de notificaciones; por tanto, al no haber señalado diverso domicilio para tal efecto, se ordena que las notificaciones personales que le resulten se practiquen por medio de lista, en términos del numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Acceso a expediente electrónico. Ahora bien, respecto a la solicitud de que se le dé acceso al expediente electrónico, previo a acordar lo conducente es necesario hacer las siguientes precisiones. En principio se tiene que en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se establece: "'Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea." Si bien es cierto, de la anterior transcripción es factible advertir que las partes pueden solicitar la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas, también lo es que el hecho de que se haga mención a dos posibilidades procesales no implica que la consulta no dependa de una notificación. Ello si se toma en consideración que el uso copulativo de la y" es insuficiente para llegar a tal conclusión. A fin de respaldar lo anterior se tiene que en el Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se puede apreciar que expresamente se reguló lo siguiente: "Sección Tercera" 'Juicio en línea' "Articulo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.´" De la anterior transcripción se advierte cuál es la teleología o finalidad que no es otra que las partes transiten a la actuación electrónica en lo que se denomina juicio en línea. Lo que no podrá tener éxito si quienes tienen la posibilidad tecnológica solo se interesan en el acceso al expediente electrónico, pero rechazan las notificaciones mediante la misma vía. Cabe destacar que las actuaciones en juicio, como es el caso, devienen de una relación jurídica procesal, en la que es una carga legal señalar las vías de comunicación como es un domicilio para el caso de las notificaciones personales en las que debe ir personal del juzgado al mismo a entender con la persona indicada ese acto comunicativo de hacerle saber la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-. En el mismo sentido es una carga la autorización para las notificaciones electrónicas, que incluso están previstas en la Ley de Amparo, artículo 30 que dispone: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: (.)" Luego, una notificación personal actualmente es posible desahogarse con la presencia de una actuaria o actuario en el domicilio de la parte o en forma electrónica. De manera que al igual que el acceso al expediente de papel en el caso de una notificación personal implica que ésta se lleve a cabo para conocer la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-, en el mismo sentido de una notificación electrónica. Afirmar lo contrario dejaría completamente abierta la posibilidad de acceso al expediente electrónico. Es como si se le diera acceso al expediente de papel para conocer la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-, pero sin que ello implique la notificación la cual como es sabido es el acto mediante el que se tiene certeza de conocimiento de la actuación y a partir de ésta dan inicio los plazos que se traducen en términos regulados en la Ley de Amparo en el artículo 22 que señala: "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." De lo anterior deriva que, en caso de dar únicamente acceso al expediente puede implicar que el órgano judicial no tenga la actuación de referencia para iniciar algún cómputo con la consecuente inseguridad para dar continuidad al procedimiento. De todo lo anterior se sigue que solo podría entenderse restrictivo que se acordara la notificación electrónica sin acceso al expediente electrónico, pero no a la inversa. Por lo que ve a la notificación electrónica y el conocimiento del acto por notificar que son concomitantes, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para consulta en medios electrónicos con el Registro digital:2020082, publicada en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, junio de 2019. Tomo Ill, página 2247, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIO LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA. HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En las condiciones apuntadas, el dar únicamente acceso al expediente electrónico traería como consecuencia un claro sentido contrario al desarrollo del juicio en línea que en las políticas procesales procura que se amplíe su uso para dar pauta a la atención personal y en domicilio para quienes no tengan las posibilidades tecnológicas. Por lo antes expuesto y toda vez que la parte promovente únicamente pretende se le dé acceso para consultar el expediente electrónico, pero sin notificarse mediante la misma vía, tal como está regulado en las normas del Consejo de la Judicatura Federal en aras de fortalecer el desarrollo del juicio en línea, cuestión en la que la parte solicitante no expresa ningún impedimento para acceder a las comunicaciones procesales en las plataformas tecnológicas, por tanto, una vez que la parte interesada manifieste su conformidad de que las notificaciones se le practiquen en forma electrónica, también se habilitará el acceso al expediente electrónico del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley. Así lo firma Francisco Javier García Contreras, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, ante la Secretaria que autoriza y da fe Andreína Yunuén Herrejón Chávez, quien certifica que la promoción y el acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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