Miguel Ramos Aguilar

Expediente 346/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
346/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ramos Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintisiete de marzo pasado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Recepción de oficio.Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el oficio 6475, que suscribe la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, al que anexa dos escritos con folios 2803 y 3392, derivados del juicio de amparo 200/2023 del índice de este juzgado, de lo cual se advierte la ampliación de demanda de amparo promovida po**Recepción de la demanda. Atento a lo anterior, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Ramos Aguilar, contra actos de la Segunda Sala Penal Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, y otras autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente.Registro.Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 346/2023-VIII.Integración de expediente electrónico.Así, con base en lo dispuesto por el artícul 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto.Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente mpreso en la secretaría de este juzgado.En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece e Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas.Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda que se provee, así como de los anexos a la misma, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: ".De la Segunda Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, se reclama la sentencia dictada l 30 de septiembre de 2022, en el Toca de Apelación 188/20, que deja insubsistente la resolución de fecha 19 de marzo de 2021, y que ordena la vigencia de la orden de aprehensión dictada el 11 de enero de 2019, con el expediente penal 50/2018, que había decretado la prescripción de la acción penal.De lo antes citado, se advierte que la parte quejosa la resolución dictada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el toca 188/2020, de la cual tuvo conocimiento el treinta de noviembre de dos mil veintidós, fecha en la que fue notificado del auto de veinticuatro de noviembre del año en cita, en el juicio de amparo 1267/2022.Hecho notorio.Por ser un hecho notorio para ete juzgador la existencia del juicio de amparo indirecto 1267/2022, promovido por ***, contra la orden de aprehensión girada en la causa penal 50/2018, la cual fue emitida por la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al revocar el auto de treinta de diciembre de dos mil diecinueve dictado por el Juez Primero Penal de Colima y otras autoridades, por lo que en atención a lo manifestado en su informe justificado por el juez de origen, se le requirió al quejoso *** para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Segunda Sala Penal Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, por ser quien dictó la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el toca 188/2020; sin que haya realizado manifestación alguna en el término otorgado para ello; por lo que en sentencia dictada el cinco de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó el juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo.Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, Novena Época, registro digital 172215, página 85, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vistaAsimismo, en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Tomo I, Junio de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.Desechamiento.Bajo tal aspecto, este juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de amparo de que se trata, en atención a lo siguiente, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de planoEl citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En el caso, el promovente señala como acto reclamado la resolución dictada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, dentro del Toca 188/2020, en la cual se revocó la prescripción del ejercicio de la acción penal dentro de la causa penal 50/2018, seguida contra Miguel Ramos Aguilar, respecto del cual este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida en los artículos 17 y 18, en relación con el taxativo 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo.Para demostrar lo anterior, es necesario precisar el contenio de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable ntifique el acto a los grupos agrarios mencionados;IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso;b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del actoreclamado; y,c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución.La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber:  Se reclame una norma general autoaplicativa, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días, contados a partir del día de su entrada en vigor.  El acto reclamado sea un procedimiento de extradición, ya que el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días.  Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años.  Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. La hipótesis señalada en el inciso a), se refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no acredite su ilegalidad o inconstitucionalidad, o bien, pruebe que se ha dictado su nulidad.La segunda regla, inciso b), establece que para computar el plazo de quince días es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. La última hipótesis, contenida en el inciso c), establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado.Por su parte, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina lo siguiente:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XIV. Contra normas gnerales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" De la disposición legal aludida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la ley de la materia prevé para tal efecto, caso en el cual se reputarán consentidos tácitamente los actos y las normas generales reclamados.Por tanto, de la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, antes transcritos, se advierte que tratándose de un acto emitido dentro de un procedimientopenal, como la resolución reclamada, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo.Atento a lo anterior, procede verificar si están satisfechos los requisitos para que se materialice el supuesto de improcedencia en estudio. Ahora bien, conviene traer a contexto los antecedentes más relevantes del acto reclamado, los cuales se advierten del diverso juicio de amparo 200/2023-VI, promovido por el quejoso Miguel Ramos Aguilar, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se desprende que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, la Segunda Sala Penal Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en el toca de apelación 188/2020 revocó el auto de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero Penal del Primer Partido Judicial, en el que prescribió el ejercicio de la acción penal dentro de la causa penal 50/2018, instruida contra el hoy quejoso.Asimismo, se tiene en cuenta que el quejoso promovió diverso juicio de amparo 1267/2022, del índice de este Juzgado, en el que reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra y que derivado de lo manifestado en el informe justificado el Juez Primero Penal del Primer Partido Judicial, se advirtió que fue la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes, del Supremo Tribunal de Justicia, al resolver el toca de apelación 188/2020 revocó el auto señalado y ordenó la vigencia de la orden de aprehensión. Por ende, en el citado juicio de amparo se requirió a la parte quejosa para que manifestara si señalaba a la citada Sala como responsable de la emisión del acto reclamado, sin que haya manifestación nada al respecto, por lo que mediante auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós y en sentencia dictada el cinco de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó el juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de AmparoAhora, en el escrito inicial de demanda que originó el presente juicio de amparo, se advierte que la aquí quejosa, reclama la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima en el Toca 188/2020, en la cual se determinó, entre otras cosas, revocar la prescripción del ejercicio de la acción penal dentro de la causa penal 50/2018, seguida contra Miguel Ramos Aguilar. Con base en lo anterior, puede afirmarse que, en el caso, el acto reclamado, fue consentido con anterioridad por el quejoso, en la vista que se le dio en el juicio de amparo 1267/2022 con el auto dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestara si señalaba como responsable a la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, sin que haya realizado manifestación alguna; por tanto al tener conocimiento del citado acto desde el treinta de noviembre del dos mil veintidós, se estima que el hoy quejoso consintió tal determinación. Por lo que se colman los requisitos para que se actualice la causal de improcedencia, porque desde la fecha señalada (treinta de noviembre del dos mil veintidós), tuvo conocimiento de la resolución emitida el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el toca de apelación 188/2020; por tanto, es dable concluir que el acto aquí reclamado consistente en la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, que revoca la prescripción del ejercicio de la acción penal dentro de la causa penal 50/2018, seguida contra Miguel Ramos Aguilar, es un acto consentido, ante esa falta de impugnación en aquélla oportunidad. En tales condiciones, es dable afirmar que el plazo de quince días había fenecido al dos de marzo de dos mil veintitrés, en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio, según se 1 advierte del sello de recepción que consta impreso en el escrito de ampliación de demanda que dio inició al presente; de ahí que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Son aplicables las jurisprudencias 13 y 14, consultables en la página 11, del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, las que por su orden establecen: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En ese contexto, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, en virtud de que no presentó su demanda dentro de los quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ni se trata de alguno de los supuestos de excepción que contempla dicho numeral. Cabe indicar que el hecho de que se actualicen las causales de improcedencia indicadas, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento descrita, este juzgador se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Domicilio procesal e intervención de autorizados. Por única ocasión, notifíquese esta determinación en el domicilio autorizado en el diverso juicio de amparo 200/2023, es decir, en el ubicado en la calle Jorge Washington, número 222, colonia San Pablo, en la ciudad de Colima, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.Información pública.Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.

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