Miguel Rosete Barcenas
Expediente 37/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Rosete Barcenas
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial y atendiendo el estado de los autos en el juicio de amparo 37/2021, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo el informe relativo a la suspensión de plano concedida por este juzgado; con los mismos y las constancias anexas, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora bien, toda vez que por auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables, le practicaran al directo quejoso la prueba correspondiente para diagnosticar si padece o no la enfermedad covid-19, a fin de determinar el área donde debe ser canalizado; y una vez que contara con el resultado de la prueba, debería informar lo conducente al paciente o familiar responsable, así como a este órgano jurisdiccional; sin embargo, de las constancias que anexa la responsable refieren únicamente lo siguiente: "Se realiza un exudado faríngeo y nasofaríngeo para detención del Virus SARS-COV-2, aun no se reporta resultados", sin que remita los resultados correspondientes. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Directora del Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguros Social en el Estado de Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes que cuente con los resultados de la prueba realizada al directo quejoso para la detención del virus SARS-CoV-2, a fin de determinar el área donde debe ser canalizado; remitan copia certificada de los mismos, así como las constancia con la que acrediten haber hecho del conocimiento al paciente o familiar responsable de resultado de dicha prueba . Con el apercibimiento que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo; de igual forma, se previene a las responsables que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de la Materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Rosete Flores en representación de MIGUEL ROSETE BARCENAS contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades. Fórmese el expediente 37/2021-III, que por orden le corresponde. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. A efecto de proveer lo conducente respecto a la demanda de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase al peticionario de amparo para el efecto de que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, aclare lo siguiente: ÚNICO. Acredite la personalidad que ostenta. Miguel Ángel Rosete Flores promueve en representación de Miguel Rosete Bárcenas de quien aduce ser hijo; sin embargo, no acredita la representación que ostenta ya que fue omiso en anexar medio de convicción irrefutable del que se advierta el vínculo familiar entre él y el directo quejoso. En consecuencia, se previene al promovente para que dentro del término concedido, acredite ante este órgano jurisdiccional, el parentesco que aduce existe entre él y Miguel Rosete Bárcenas. Sirve de sustento a la consideración que antecede la jurisprudencia I.4o.C. 26, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO" emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, febrero de 1992 de la Octava Época, visible en la página 63. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior prevención, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DETERMINACIÓN SOBRE LA RATIFICACIÓN DEL ESCRITO DE DEMANDA. Sin que en el caso se estime pertinente ordenar la ratificación de la demanda de amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que no obstante que fue promovida en nombre y representación del directo quejoso por diversa persona que refiere ser su hijo, dada la naturaleza del acto reclamado, tomando en cuenta que el quejoso sufrió un trauma craneoencefálico y que se encuentra en el área pre COVID-19, en el área 30, cama A04B de la Clínica número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Plan de Ayala 1201, colonia Chapultepec, código postal 62450 en esta ciudad de Cuernavaca, internado y carente de comunicación directa; a la luz del artículo 17 constitucional suprimiendo requisitos que en el presente caso se estiman innecesarios, se prescinde de la ratificación del libelo y por ello se continúa con el trámite del asunto. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con independencia de lo anterior, y con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO." Se acuerda lo siguiente, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se actualice alguna de las siguientes hipótesis: a) Actos que importen peligro de privación de la vida. b) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. c) Incomunicación. d) Deportación o expulsión. e) Proscripción o destierro. f) Extradición. g) Desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como: pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y, cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. i) Así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, el promovente manifiesta que el directo quejoso fue ingresado por un traumatismo craneoencefálico a la Clínica número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Plan de Ayala 1201, colonia Chapultepec, código postal 62450 en esta ciudad de Cuernavaca, a fin de recibir atención especializada al ser derechohabiente; sin embargo, minutos después de haber ingresado, se comunicó a sus familiares que el impetrante padecía covid-19, por lo que actualmente se encuentra interno en su calidad de paciente pre Covid. Ha de precisarse que el promovente expresó bajo protesta de decir verdad que el directo quejoso fue trasladado a la Clínica Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en ambulancia privada, en la que le fueron realizadas pruebas de saturación de oxígeno, temperatura y ritmo cardiaco con el propósito de advertir síntomas del virus SARS-COV-2, sin que hubiese presentado alguna anormalidad. Para acreditar su dicho exhibe la impresión de la nota de traslado y diagnostico expedida por los paramédicos de la ambulancia. De ahí, que los actos que se impugnan consisten en la falta de protección a la salud de Miguel Rosete Bárcenas; la omisión de brindarle atención médica al traumatismo craneoencefálico que aduce presenta; la omisión de realizarle pruebas, evaluaciones y protocolos correspondientes; la acción de enviar al impetrante a un área pre covid por sospechas de ser portador del virus SARS-COV-2 sin haberle realizado las pruebas necesarias; la omisión de realizar el diagnóstico correspondiente a los padecimientos que presenta y la omisión de brindarle el tratamiento adecuado. En ese sentido, los actos que reclama pudieran atentar contra el derecho humano a la salud, vida e integridad. En consecuencia, es inconcuso que a fin de preservar la salud, vida e integridad física, procede se decrete la suspensión de plano de los actos que reclama para los efectos que se precisaran al final de la presente determinación, como se explica a continuación. Para evidenciar lo anterior, es necesario destacar inicialmente, que el derecho a la salud está reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 378/2014, en sesión de quince de octubre de dos mil catorce, señaló que el derecho a la salud previsto en el artículo 4º de la Constitución General de la República, puede entenderse como la obligación del Estado, de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, encaminados a la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En esa tesitura, se trata de un derecho complejo, que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado; luego, la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales, es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado del bienestar. Así, la salud es una meta prioritaria en sí misma y, a su vez, es el pilar estratégico para que existan otras prerrogativas, ya que las posibilidades de que sean capaces los individuos para desplegarlas como tales, dependen de los logros en salud, en tanto un estado de bienestar general resulta indispensable para poder ejercer el resto de los derechos humanos que tutela la Constitución Federal y, en consecuencia, para poder llevar una vida digna. De ahí que el derecho a la salud constituye un presupuesto para el desarrollo y no una mera consecuencia del mismo y, por ende, la realización del derecho humano a la salud aparece crecientemente como una regla esencial para saber si realmente hay progreso en un Estado y, al mismo tiempo, como un medio decisivo para obtenerlo. En la referida ejecutoria la Segunda Sala precisó que el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad del derecho a la salud. En esa lógica, señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se impone al Estado Mexicano, por una parte, una obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho al nivel más alto posible de salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio hasta el máximo de los recursos que disponga. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Máximos Tribunal del País, de rubro: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO." Asimismo, debe decirse que en términos del numeral 126 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano surte efectos de inmediato y de manera directa tiene por objeto hacer cesar de facto el acto de autoridad que al encuadrar en el catálogo antes indicado, hace suponer que los daños y perjuicios que éstos producen requieren una atención prioritaria por parte del juez constitucional; lo que no impide que, precisamente a la luz de los derechos que se estiman transgredidos con los actos reclamados materia de la medida cautelar indicada, que ésta se conceda con efectos restitutorios, para lo cual debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, sin que sea determinante el hecho de que se trate de un acto omisivo, atendiendo a que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, lo que permite una tutela anticipada a fin de mantenerlo en el goce de sus derechos afectados, lo que en el particular cobra especial relevancia al estarse combatiendo un acto que se dice pone en peligro la vida del justiciable. En esencia, el promovente reclama a las autoridades responsables la omisión de proporcionar la atención médica necesaria al traumatismo craneoencefálico que presenta Miguel Rosete Bárcenas; ni mucho menos el suministrado medicamentos e insumos esenciales para salvaguardar la salud del directo quejoso, además que se ha puesto en riesgo su vida, al ser ingresado al área pre covid por ser sospechoso de portar el virus SARS-COV-2 sin las pruebas y protocolos pertinentes. En mérito de lo anterior, en virtud de que los actos reclamados atañen a la protección de la salud del quejoso y además, refiere que no se le ha proporcionado el tratamiento correspondiente, lo que pone en riesgo su vida, por lo tanto, SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para que las autoridades responsables realicen lo siguiente: Se brinde al quejoso Miguel Rosete Bárcenas la atención médica necesaria y se implementen las acciones adecuadas por parte de las autoridades de la Clínica número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Plan de Ayala 1201, colonia Chapultepec, código postal 62450 en esta ciudad de Cuernavaca, y en particular del equipo médico que lo tenga bajo su responsabilidad, para salvaguardar su salud, y de acuerdo a la valoración médica y padecimiento que sufre, proporcionen los tratamientos médicos y quirúrgicos vitales bajo su más estricta responsabilidad; proporcionando al directo quejoso, los medicamentos y estudios correspondientes para tratar de la mejor forma su padecimiento; así como cualquier otra medida de carácter urgente que se estime necesaria para lograr tal propósito, en virtud de que lo que se protege es el derecho humano a la salud que se tutela en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para lo cual, los médicos de la Institución responsable, de inmediato evaluarán la situación del directo quejoso y valorarán el medicamento o tratamiento de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para su padecimiento, incluso en tratándose de medicamentos, que éstos sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si existe algún tratamiento o medicamento adecuado a los padecimientos del directo quejoso, la Institución debe otorgarlos de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente o en su caso al familiar responsable para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuente con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Por lo que bajo la más estricta responsabilidad del instituto responsable y de considerarlo oportuno, viable y necesario, en términos de los artículos 51 bis 2 y 103 de la Ley General de Salud, informe al directo quejoso, al familiar que lo acompañe o a su representante legal, en caso de incapacidad transitoria o permanente, sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que es posible ofrecer, para que estén en aptitud de decidir de manera libre e informada sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, recabe su autorización para proceder, sin perjuicio, acorde con la praxis médica. Además, deberán practicarle al directo quejoso la prueba correspondiente para diagnosticar si padece o no la enfermedad covid-19, a fin de determinar el área donde debe ser canalizado; y una vez que cuente con el resultado de la prueba, deberá informar lo conducente al paciente o familiar responsable, así como a este órgano jurisdiccional. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Décima Época, registro 2020283, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página: 2160, del rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en la tesis VI.1o.A. 19K consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre 2004, página 1458, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO."; no obstante ello, al referir que a directo quejoso se pone en riesgo su vida, es el motivo por el que se proveyó lo conducente en la suspensión de plano decretada en párrafos precedentes. En ese sentido, las autoridades responsables, deberán adoptar las medidas necesarias y acreditar lo anterior en el término de veinticuatro horas; para lo cual deberán comprobarlo ante éste juzgado con constancias que acrediten su dicho, o en su caso, deberán manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para dejar de hacerlo. Dicha medida debe subsistir hasta en tanto se agote el presente juicio. Con el apercibimiento que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo; de igual forma, se previene a las responsables que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de la Materia. En lo conducente cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO." DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que respecta a la solicitud en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos para copiar y reproducir las constancias procesales y autos que se decreten en el presente juicio de amparo, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto se acuerda: En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, se le autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escáner, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; no obstante a ello, dichas herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en lo conducente, en la tesis I.3o.C.725C, localizada en la novena época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 2847. EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE COPIA CERTIFICADA. Como lo solicita la parte quejosa, expídase la copia certificada de la presente determinación, autorizándose para recibirla a las personas propuestas. En el entendido de que en virtud de que no se permite el acceso al público a las instalaciones de este Juzgado, las copias certificadas se entregarán por conducto del Actuario de la adscripción al momento de la notificación personal de este acuerdo. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA DE "JUICIO EN LÍNEA". Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o. de la Ley de Amparo y Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. COMPENSACIÓN. De igual forma, comuníquese el presente auto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente respecto de la presente demanda de amparo. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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