Miguel Reyes Jiménez

Expediente 259/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
259/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
24/05/2016

Partes del expediente

  • Miguel Reyes Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, mediante el cual remite el oficio que signa el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como el juicio de amparo 259/2016-V promovido por MIGUEL REYES JIMÉNEZ, constante de ciento noventa y cinco fojas útiles; mismo que contiene la sentencia terminada de engrosar el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en tales condiciones, con fundamento en el punto quinto, del Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos; en esas condiciones, y toda vez que dicho centro de reclusión se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, en turno, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda notificar al quejoso Miguel Reyes Jiménez, el presente acuerdo, así como la de sentencia terminada de engrosar el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Asimismo, se requiere al Juez Penal que reciba la presente comunicación, para que una vez que lleve a cabo la notificación encomendada, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita a este juzgado las constancias del mismo. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia, corriendo traslado con las constancias que se acompañan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECUIDO. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... PRIMERO. SE SOBRESEE... SEGUNDO. COMO ESTÁ ORDENADO EN LA ÚLTIMA PARTE DE LA SENTENCIA, REMÍTASE EL EXPEDIENTE DE ORIGEN...

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías del que se advierte que es un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 1550/2014-III, del índice de este Órgano Jurisdiccional, se advierte que Adriana Dariela Aguilar Blanquel funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; en consecuencia, se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 103/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172215 6 de 18 SEGUNDA SALA Tomo XXV, Junio de 2007 Pág. 285 Jurisprudencia(Común) "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Atento a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Cabe precisar que por sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección a RODRIGO GODÍNEZ MUÑIZ y BARBARA JESSICA ARTEAGA GARCÍA, para los efectos siguientes: ".Por lo tanto, toda vez que los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que integran el sistema legal relativo al impuesto adicional municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, porque dicha contribución tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no se atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado, es que con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: a) No se le aplique en el caso concreto ni en lo futuro la parte quejosa, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional derivado del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, a razón de $2,050.00 (dos mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional)." Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia, requiriendo a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se realizó la actualización del cobro del impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles, y se determinó que la cantidad total a devolver es de $2,192.77 (dos mil ciento noventa y dos pesos 77/100 moneda nacional). Ahora bien, por su naturaleza, la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relativa a la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal, siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, ya que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Atento a lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Marzo de 2007, página 80, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. En esas condiciones se estima necesario establecer a Adriana Dariela Aguilar Blanquel quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, que en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se determinó conceder el amparo para el efecto de que devuelva la cantidad que pagó por concepto de impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles, a razón de la cantidad actualizada de $2,192.77 (dos mil ciento noventa y dos pesos 77/100 moneda nacional). Consecuentemente, es procedente requerir ahora a Adriana Dariela Aguilar Blanquel quien funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos y su superior jerárquico Irma Camacho García Palma quien funge actualmente como Presidenta Municipal de Temixco, Morelos precisando lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a Adriana Dariela Aguilar Blanquel quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para que dentro del término de diez días, siguientes a los que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el total cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la parte quejosa la cantidad actualizada de $2,192.77 (dos mil ciento noventa y dos pesos 77/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles, y remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, o bien informe la situación presupuestal precaria que les impida realizar la referida devolución. De lo anterior, es necesario acredite con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las referidas autoridades están obligadas a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Cabe precisar que el término de diez días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo la autoridad deberá realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere a la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos (IRMA CAMACHO GARCÍA), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, si bien es una práctica reiterada de este Juzgado, realizar el primer requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria en veinte días; lo cierto es que el superior jerárquico de la autoridad responsable, ya tiene conocimiento de esta ejecutoria, por lo que se considera que el término de diez días es suficiente para dar debido cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director de Industria, Comercio y Servicios del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante el cual, remite el oficio DICYS/0195/2016, por el cual da cumplimiento a la sentencia de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    En Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con diez minutos del siete de abril de dos mil dieciséis (...).- I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, signado por MIGUEL REYES JIMÉNEZ, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL y otras autoridades, de quienes reclama: 1.- La orden de traslado girada en su contra y, 2.- Falta de atención médica a su padecimiento de la vista. En virtud, de que refiere que anteriormente se encontraba interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro Noroeste con sede en Tepic, Nayarit, y que fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial con sede en Ayala, Morelos a efecto de que se le proporcionara la atención médica necesaria a su estado de salud, pues aduce le fue programada una cirugía de córnea, sin que a la fecha haya sido operado, asimismo manifiesta que ya fue dado de alta. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 259/2016-V, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Tomando en consideración que el presente incidente de suspensión se encuentra resuelto por cuanto a las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, se provee lo siguiente: Las autoridades responsables: ? Coordinador General de Centros Federales. ? Comisionado de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. ? Secretaría de Gobernación. ? Comisionado Nacional de Seguridad Pública Federal. Al rendir su informe previo niegan los actos reclamados, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio alguno por la parte quejosa, se niega la suspensión definitiva. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." No obsta a lo anterior, que la parte quejosa también reclama la falta de atención médica a su padecimiento de la vista, derecho humano a la salud que está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Federal, incluidas las personas privadas de su libertad personal, quienes siguen gozando de ese derecho. Pues es el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el que se encuentra recluido el impetrante, el encargado de brindarle el servicio médico, y mediante interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión definitiva respecto al acto consistente en falta de atención médica y, por cuanto a las autoridades señaladas como responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial con residencia en Ayala, Morelos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por MIGUEL REYES JIMÉNEZ, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos; en esas condiciones, y toda vez que dicho centro de reclusión se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, en turno, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda notificar al quejoso Miguel Reyes Jiménez, la presente resolución interlocutoria de siete de abril del año en curso, corriendo traslado con copia simple de la misma. Asimismo, se requiere al Juez Penal que reciba la presente comunicación, para que una vez que lleve a cabo la notificación encomendada, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita a este juzgado las constancias del mismo. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia, corriendo traslado con las constancias que se acompañan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano