Miguel Rogelio González Barroso

Expediente 1241/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1241/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
24/07/2017

Partes del expediente

  • Miguel Rogelio González Barroso
  • MIGUEL ROGELIO GONZÁLEZ BARROSO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    [...] En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado alguna manifestación; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: .en un plazo no mayor de TREINTA DÍAS HÁBILES desahogue los exámenes psicológicos y médicos al quejoso y coprocesados Juan Manuel Machorro Regules y Javier Solana García, de conformidad con el protocolo de Estambul, así como también los careos entre el quejoso con los elementos Nicolás Ortiz Flores, Ricardo Ramírez Romero, Arturo González Rojas, Eduardo Domínguez Morán, y los ex elementos Gonzalo Fuentes Osorio y Fernando Cuautle Juárez. Una vez desahogadas las probanzas de mérito de manera inmediata deberá continuar con el desarrollo del procedimiento, avanzando a la siguiente etapa procesal, sin que sea obstáculo que de autos se advierta que con posterioridad al auto en el que se repuso el procedimiento y se ordenó la investigación de mérito, se admitieron como pruebas por parte del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, el dictamen en materia de criminología, así como los diversos en materias de medicina y psicología para que determinaran conforme al Protocolo de Estambul, que ofreció a fin de que dictaminaran respecto si el quejoso y corprocesados fueron torturados, con base en que el desahogo de pruebas debe ser equiparado entre las partes. Lo expuesto, toda vez que en caso de que no fuera posible logar su desahogo en el plazo establecido para el desahogo de las probanzas referidas en primer lugar de modo alguno tendría el alcance de evitar que la autoridad responsable avanzara a la siguiente etapa procesal, atendiendo al derecho que le constitucional para ser juzgado de manera pronta. A fin de evidenciar lo anterior, se estima pertinente citar el contenido del aludido artículo 20, apartado A, fracción VIII, Constitucional, que dice: "Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: (...) VIII.- Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;" De acuerdo a dicho numeral, es obligación del tribunal rector del procedimiento penal agotar el procedimiento antes de cuatro meses si se tratase de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años y antes de un año cuando exceda de dicho plazo, destacando que se hace alusión a la garantía de defensa, la cual implica la posibilidad de que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en los plazos que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebasen los términos ya señalados, sin que se prevea dicha circunstancia tratándose de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Ahora bien, en el presente asunto ha transcurrido más de un año, sin que se haya dictado la resolución correspondiente dentro proceso, aunque con motivo de la reposición de autos ordenada en el mismo, por lo que ante tal circunstancia únicamente resulta prolongar su tramitación con el objeto de desahogar aquellas pruebas ofrecidas por el indiciado, o bien aquellas ordenadas con motivo de la investigación sobre los actos de tortura alegados por éste, pues éstas, en su caso, podrían favorecerle. Por consiguiente, si en el caso aún se encuentran pendientes por desahogar las pruebas ordenadas con motivo de la reposición del procedimiento, el juez para avanzar de etapa procesal deberá atender únicamente al desahogo de éstas. Ahora bien, una vez establecido lo anterior, se precisa al juez responsable que para lograr el desahogo las pruebas que ordenó para la investigación de los actos de tortura y que se encuentran pendientes, deberá dictar y llevar a cabo todas y cada uno de los proveídos y actuaciones necesarias y que resulten eficaces para logarlo, de manera inmediata, sin que ello implique forzosamente que deba esperar a que se le requiera el cumplimiento al fallo pues al ser él el rector del procedimiento se encuentra facultado para llevarlos a llevarlos a cabo aún antes de que cause ejecutoria la presente sentencia. Aunado a que deberá hacer uso de todos los medios legales que tenga a su alcance incluyendo los medios de apremio establecidos en el artículo 31 Bis del Código adjetivo de la materia, consistentes en: I. Multa por el equivalente de uno a treinta días de salario mínimo, vigente en el momento y lugar en que se realizó la conducta que motivó el medio de apremio, y II. Auxilio de la fuerza pública. Además de que si en el caso a pesar de haberse aplicado los medios de apremio antes indicados, no se logra el debido desahogo de las aludidas probanzas, tendrá que actuar conforme lo establece dicho numeral y proceder en contra del rebelde por desobediencia al mandato de autoridad. Lo anterior, en el entendido de que se le conmina a la autoridad para que en caso de ser necesario haga efectivas las referidas medidas tanto a las partes que deban intervenir las mencionadas diligencias, como también a todas y cada una de las autoridades que deban auxiliar en el desahogo de las mismas, y no sólo se limite a enunciarlas, como en el caso aconteció. Además, se precisa que la autoridad responsable no cuenta con la posibilidad de incurrir en el incumplimiento de la presente determinación atendiendo a sus cargas de trabajo o alguna imposibilidad que sea superable mediante una actuación eficaz, dado ante la dilación procesal advertida deberá priorizarse el desahogo de las pruebas mencionadas y su falta de atención al respecto implicaría nuevamente una violación a los derechos de los quejosos y, por consiguiente, una repetición del acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que envió el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se advierte que en el proceso 154/1998 de su índice, realizó lo siguiente: Mediante proveído de treinta y uno de enero de este año declaró la imposibilidad material para el desahogo de la prueba de careos entre el quejoso Miguel Rogelio González Barroso con el elemento Ricardo Ramírez Romero y/o Filemón Ricardo Ramírez Romero al haber causado baja de la Policía Ministerial del Estado el veintisiete de febrero de dos mil tres por defunción. Por acuerdo de doce de abril de la presente anualidad señaló las doce horas del veinticuatro de abril para el desahogo de la diligencia de careos entre el inconforme con los elementos Nicolás Ortiz Flores, Arturo González Rojas, Eduardo Domínguez Morán, y los ex elementos Gonzalo Fuentes Osorio y Fernando Cuautle Juárez. En la fecha antes precisada se desahogaron los careos entre el procesado con los elementos Eduardo Domínguez Morán y Arturo González Rojas. El dos de mayo pasado aclaró y especificó la imposibilidad material para el desahogo de la prueba de careos entre el quejoso Miguel Rogelio González Barroso con el elemento Gonzalo Fuentes Osorio al no haber localizado domicilio en el cual citarlo, no obstante haber realizado una búsqueda ante diversas dependencias. En diligencia de tres de mayo siguiente tuvo a los peritos Dora Hilda Huerta Gastelu (psicología) y José Luis Joaquín Arellano Martínez (medicina forense) protestando el cargo conferido, con la finalidad de desahogar los exámenes psicológicos y médicos al quejoso y coprocesados Juan Manuel Machorro Regules y Javier Solana García, en conformidad con el protocolo de Estambul. En oficio 2813 recibido en este juzgado el ocho de mayo de dos mil diecisiete adjuntó copia certificada del acta de defunción del elemento Ricardo Ramírez Romero y/o Filemón Ricardo Ramírez Romero. En la misma data, el perito Adrián Martín Luna Bautista (fotografía) protesto el cargo conferido. El doce de mayo de este año señaló las diez horas del dieciocho de mayo siguiente para el desahogo de los careos entre el quejoso con el elemento Nicolás Ortiz Flores y el ex elemento Fernando Cuautle Juárez y/o José Fernando Bernardino Cuautle Juárez. En la hora y fecha señalada se desahogó la diligencia de careos entre el inconforme con el elemento Nicolás Ortiz Flores. Mediante acuerdo de veintidós de mayo de la anualidad que transcurre declaró la imposibilidad material para el desahogo de la prueba de careos entre el disconforme Miguel Rogelio González Barroso con el ex elemento Fernando Cuautle Juárez y/o José Fernando Bernardino Cuautle Juárez ante la dificultad de presentarlo por conducto de la fuerza pública, así como por los motivos que citó. En seis de junio pasado el perito en fotografía exhibió ante el juez responsable una disco que refiere contiene ocho imágenes correspondiente a la valoración realizada al coprocesado Javier Solana García. El quince de junio de la presente anualidad los peritos en psicología y medicina forense, en forma conjunta, emitieron sus dictámenes con relación al quejoso Miguel Rogelio González Barroso y coprocesados Juan Manuel Machorro Regules y Javier Solana García, de conformidad con el protocolo de Estambul. Finalmente, en diligencia de veintisiete de junio de dos mil diecisiete tuvo a los peritos Dora Hilda Huerta Gastelu (psicología) y José Luis Joaquín Arellano Martínez (medicina forense) ratificando sus dictámenes. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en acatamiento del fallo, realizó las anotaciones correspondientes en el expediente administrativo del quejoso. No obstante, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo no se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo no han sido satisfechos por la autoridad responsable, tal y como se evidencia a continuación. Si bien el juez responsable atendió lo relativo al desahogo de los exámenes psicológicos y médicos al quejoso y coprocesados Juan Manuel Machorro Regules y Javier Solana García, de conformidad con el protocolo de Estambul, así como también de los careos entre el quejoso con los elementos Nicolás Ortiz Flores, Ricardo Ramírez Romero, Arturo González Rojas, Eduardo Domínguez Morán, y los ex elementos Gonzalo Fuentes Osorio y Fernando Cuautle Juárez, lo cierto es que ha soslayado informar la continuación del desarrollo del procedimiento, esto es, que ha avanzado a la siguiente etapa procesal sin que argumentara como obstáculo para ello los motivos indicados en la ejecutoria de amparo. Lo anterior, atendiendo al derecho que le constitucional para ser juzgado de manera pronta. Bajo esa tesitura, atendiendo al criterio establecido para el procedimiento de ejecución de sentencias relativo a que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, se deberá requerir de nueva cuenta especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición. En consecuencia, resulta procedente requerir al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del término IMPRORROGABLE de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, informe la continuación del desarrollo del procedimiento, esto es, que ha avanzado a la siguiente etapa procesal sin que argumente como obstáculo para ello los motivos indicados en la ejecutoria de amparo. Apercibido el juez responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y este juzgado determinará que no se encuentra cumplida totalmente o correctamente la misma, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado que corresponda con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; visto su contenido, téngasele informando las gestiones tendentes a dar cumplimiento con la sentencia amparadora. No obstante lo anterior, resulta procedente requerir al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, remita copia certificada del oficio con sello de recibido por la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla en el que la requiere para que los peritos le remitan los dictámenes ordenados en la ejecutoria de amparo. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, sin causa justificada, se le impondrá una multa XXasí como de que en caso de que este juzgado determine que no se encuentra cumplida totalmente o correctamente la misma, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda como establece el diverso 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. X

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