Miguel Portada Sanchez

Expediente 342/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
342/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
19/07/2018

Partes del expediente

  • MIGUEL PORTADA SANCHEZ y Otros.
  • Miguel Portada Sanchez
  • Belinda Juarez Zapotitla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso contenidas en el ocurso presentado en este juzgado el once de julio del presente en la que medularmente expone que: I. Las cantidades que le fueron fijadas son excesivas en razón de que percibe un bajo salario. II. Que en el rubro de "multa" la responsable no determinó el delito que se le imputa ni la sanción correspondiente; y III. Que el monto del rubro "reparación del daño" no se justificó de manera fundada y motivada, pues se deja en incertidumbre la forma en la que se obtuvo. Tales manifestaciones resultan insuficientes para tener por no cumplida la sentencia de amparo. En efecto, respecto del primer argumento, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la responsable se pronunciara de manera fundada y motivada respecto de los montos para que el quejoso gozara de su libertad bajo caución, más no si las cantidades fijadas eran o no asequibles. Al margen de lo anterior, claramente se desprende de la resolución en estudio que la responsable sí se ocupó de tal aspecto como uno de los elementos que consideró para establecer los montos en los que determinó su libertad bajo caución. Tampoco le asiste razón al quejoso en su segundo argumento, porque la resolución que se emite en cumplimiento a la sentencia de amparo debe leerse de manera íntegra y como un todo, de ahí que si a lo largo de la misma se expone que el delito que se instruye es el de ataques al pudor, es claro que aun cuando no se precisó dentro del rubro de "multa", la responsable sí analizó el delito en comento. Finalmente, tampoco asiste razón al quejoso en su tercer argumento pues contrario a lo manifestado por el quejoso, la fijación del monto por concepto de reparación del daño se emitió de manera fundada y motivada, pues para ello, el responsable tomó como referencia los parámetros establecidos en los artículos 1987, 1988 y 1195 del Código Civil para el Estado, de ahí que contrario a su argumento, tal determinación se encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, la resolución que emitió el responsable a efecto de cumplir con la sentencia de amparo cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, así como con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar la juez responsable la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. En esa medida, las manifestaciones del quejoso, Antonio Macías Cedeño, en su caso pueden ser materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinente. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, asimismo se hace constar que el quejoso los expuso a través del escrito presentado en la oficialía de este juzgado el once del mes y año en curso; con independencia de lo anterior, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público por lo que corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, realizara, dentro del proceso 335/2016 de su índice, lo siguiente: "I. Deje insubsistente el acto reclamado, únicamente en la parte que fijó los montos para que el quejoso gozara de su libertad bajo caución. II En su lugar, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, establezca: a) El monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, primero de manera aislada y después en su conjunto. b) El monto de la reparación del daño, con base a las disposiciones aplicables y las pruebas que tome en consideración para su cuantificación. c) El monto de la posible sanción pecuniaria atendiendo al delito de que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. III. Notifique dicha determinación al quejoso y a su defensor." En cumplimiento a la sentencia de amparo el juez responsable informó que dentro del proceso de mérito emitió proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho por el que dejó insubsistente el auto de fecha veintisiete de marzo del año en curso, y en su lugar emitió uno diverso que se ciñó a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; esto es, acordó el escrito del quejoso por el que solicitó a dicho juzgado le fijara los montos a efecto de gozar de su libertad bajo caución en el proceso que se le instruye. Además, en dicha resolución, para determinar el monto de la garantía a cubrir se ajustó a las exigencias que establece el artículo 355 de la codificación procesal aplicable; esto es, tomó en consideración (i) los antecedentes del procesado, (ii) la gravedad y circunstancias del delito imputado, (iii) el mayor o menor interés que puede tener el acusado de sustraerse de la acción de la justicia, (iv) las condiciones económicas del acusado y (v) la naturaleza de la garantía que se ofrece. Además, de manera fundada y motivada fijó los montos por cada uno de los conceptos que el quejoso debía cubrir, esto es, (a) para garantizar su libertad personal, (b) el monto de la multa que pudiera llegar a imponérsele en sentencia definitiva, así como (c) el monto para garantizar la reparación del daño, además de determinar que dichas cauciones las podría exhibir en cualquiera de las formas permitidas en ley. Finalmente, ordenó notificar su determinación de manera personal a las partes. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso contenidas en el ocurso presentado en este juzgado el once de julio del presente en la que medularmente expone que: I. Las cantidades que le fueron fijadas son excesivas en razón de que percibe un bajo salario. II. Que en el rubro de "multa" la responsable no determinó el delito que se le imputa ni la sanción correspondiente; y III. Que el monto del rubro "reparación del daño" no se justificó de manera fundada y motivada, pues se deja en incertidumbre la forma en la que se obtuvo. Tales manifestaciones resultan insuficientes para tener por no cumplida la sentencia de amparo. En efecto, respecto del primer argumento, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la responsable se pronunciara de manera fundada y motivada respecto de los montos para que el quejoso gozara de su libertad bajo caución, más no si las cantidades fijadas eran o no asequibles. Al margen de lo anterior, claramente se desprende de la resolución en estudio que la responsable sí se ocupó de tal aspecto como uno de los elementos que consideró para establecer los montos en los que determinó su libertad bajo caución. Tampoco le asiste razón al quejoso en su segundo argumento, porque la resolución que se emite en cumplimiento a la sentencia de amparo debe leerse de manera íntegra y como un todo, de ahí que si a lo largo de la misma se expone que el delito que se instruye es el de ataques al pudor, es claro que aun cuando no se precisó dentro del rubro de "multa", la responsable sí analizó el delito en comento. Finalmente, tampoco asiste razón al quejoso en su tercer argumento pues contrario a lo manifestado por el quejoso, la fijación del monto por concepto de reparación del daño se emitió de manera fundada y motivada, pues para ello, el responsable tomó como referencia los parámetros establecidos en los artículos 1987, 1988 y 1195 del Código Civil para el Estado, de ahí que contrario a su argumento, tal determinación se encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, la resolución que emitió el responsable a efecto de cumplir con la sentencia de amparo cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, así como con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar la juez responsable la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. En esa medida, las manifestaciones del quejoso, Antonio Macías Cedeño, en su caso pueden ser materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinente. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  3. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, asimismo se hace constar que el quejoso los expuso a través del escrito presentado en la oficialía de este juzgado el once del mes y año en curso; con independencia de lo anterior, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público por lo que corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, realizara, dentro del proceso 335/2016 de su índice, lo siguiente: "I. Deje insubsistente el acto reclamado, únicamente en la parte que fijó los montos para que el quejoso gozara de su libertad bajo caución. II En su lugar, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, establezca: a) El monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, primero de manera aislada y después en su conjunto. b) El monto de la reparación del daño, con base a las disposiciones aplicables y las pruebas que tome en consideración para su cuantificación. c) El monto de la posible sanción pecuniaria atendiendo al delito de que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. III. Notifique dicha determinación al quejoso y a su defensor." En cumplimiento a la sentencia de amparo el juez responsable informó que dentro del proceso de mérito emitió proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho por el que dejó insubsistente el auto de fecha veintisiete de marzo del año en curso, y en su lugar emitió uno diverso que se ciñó a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; esto es, acordó el escrito del quejoso por el que solicitó a dicho juzgado le fijara los montos a efecto de gozar de su libertad bajo caución en el proceso que se le instruye. Además, en dicha resolución, para determinar el monto de la garantía a cubrir se ajustó a las exigencias que establece el artículo 355 de la codificación procesal aplicable; esto es, tomó en consideración (i) los antecedentes del procesado, (ii) la gravedad y circunstancias del delito imputado, (iii) el mayor o menor interés que puede tener el acusado de sustraerse de la acción de la justicia, (iv) las condiciones económicas del acusado y (v) la naturaleza de la garantía que se ofrece. Además, de manera fundada y motivada fijó los montos por cada uno de los conceptos que el quejoso debía cubrir, esto es, (a) para garantizar su libertad personal, (b) el monto de la multa que pudiera llegar a imponérsele en sentencia definitiva, así como (c) el monto para garantizar la reparación del daño, además de determinar que dichas cauciones las podría exhibir en cualquiera de las formas permitidas en ley. Finalmente, ordenó notificar su determinación de manera personal a las partes. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso contenidas en el ocurso presentado en este juzgado el once de julio del presente en la que medularmente expone que: I. Las cantidades que le fueron fijadas son excesivas en razón de que percibe un bajo salario. II. Que en el rubro de "multa" la responsable no determinó el delito que se le imputa ni la sanción correspondiente; y III. Que el monto del rubro "reparación del daño" no se justificó de manera fundada y motivada, pues se deja en incertidumbre la forma en la que se obtuvo. Tales manifestaciones resultan insuficientes para tener por no cumplida la sentencia de amparo. En efecto, respecto del primer argumento, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la responsable se pronunciara de manera fundada y motivada respecto de los montos para que el quejoso gozara de su libertad bajo caución, más no si las cantidades fijadas eran o no asequibles. Al margen de lo anterior, claramente se desprende de la resolución en estudio que la responsable sí se ocupó de tal aspecto como uno de los elementos que consideró para establecer los montos en los que determinó su libertad bajo caución. Tampoco le asiste razón al quejoso en su segundo argumento, porque la resolución que se emite en cumplimiento a la sentencia de amparo debe leerse de manera íntegra y como un todo, de ahí que si a lo largo de la misma se expone que el delito que se instruye es el de ataques al pudor, es claro que aun cuando no se precisó dentro del rubro de "multa", la responsable sí analizó el delito en comento. Finalmente, tampoco asiste razón al quejoso en su tercer argumento pues contrario a lo manifestado por el quejoso, la fijación del monto por concepto de reparación del daño se emitió de manera fundada y motivada, pues para ello, el responsable tomó como referencia los parámetros establecidos en los artículos 1987, 1988 y 1195 del Código Civil para el Estado, de ahí que contrario a su argumento, tal determinación se encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, la resolución que emitió el responsable a efecto de cumplir con la sentencia de amparo cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, así como con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar la juez responsable la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. En esa medida, las manifestaciones del quejoso, Antonio Macías Cedeño, en su caso pueden ser materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinente. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  4. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, asimismo se hace constar que el quejoso los expuso a través del escrito presentado en la oficialía de este juzgado el once del mes y año en curso; con independencia de lo anterior, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público por lo que corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, realizara, dentro del proceso 335/2016 de su índice, lo siguiente: "I. Deje insubsistente el acto reclamado, únicamente en la parte que fijó los montos para que el quejoso gozara de su libertad bajo caución. II En su lugar, emita otro en el que, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, establezca: a) El monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, primero de manera aislada y después en su conjunto. b) El monto de la reparación del daño, con base a las disposiciones aplicables y las pruebas que tome en consideración para su cuantificación. c) El monto de la posible sanción pecuniaria atendiendo al delito de que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. III. Notifique dicha determinación al quejoso y a su defensor." En cumplimiento a la sentencia de amparo el juez responsable informó que dentro del proceso de mérito emitió proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho por el que dejó insubsistente el auto de fecha veintisiete de marzo del año en curso, y en su lugar emitió uno diverso que se ciñó a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; esto es, acordó el escrito del quejoso por el que solicitó a dicho juzgado le fijara los montos a efecto de gozar de su libertad bajo caución en el proceso que se le instruye. Además, en dicha resolución, para determinar el monto de la garantía a cubrir se ajustó a las exigencias que establece el artículo 355 de la codificación procesal aplicable; esto es, tomó en consideración (i) los antecedentes del procesado, (ii) la gravedad y circunstancias del delito imputado, (iii) el mayor o menor interés que puede tener el acusado de sustraerse de la acción de la justicia, (iv) las condiciones económicas del acusado y (v) la naturaleza de la garantía que se ofrece. Además, de manera fundada y motivada fijó los montos por cada uno de los conceptos que el quejoso debía cubrir, esto es, (a) para garantizar su libertad personal, (b) el monto de la multa que pudiera llegar a imponérsele en sentencia definitiva, así como (c) el monto para garantizar la reparación del daño, además de determinar que dichas cauciones las podría exhibir en cualquiera de las formas permitidas en ley. Finalmente, ordenó notificar su determinación de manera personal a las partes. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso contenidas en el ocurso presentado en este juzgado el once de julio del presente en la que medularmente expone que: I. Las cantidades que le fueron fijadas son excesivas en razón de que percibe un bajo salario. II. Que en el rubro de "multa" la responsable no determinó el delito que se le imputa ni la sanción correspondiente; y III. Que el monto del rubro "reparación del daño" no se justificó de manera fundada y motivada, pues se deja en incertidumbre la forma en la que se obtuvo. Tales manifestaciones resultan insuficientes para tener por no cumplida la sentencia de amparo. En efecto, respecto del primer argumento, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones de fondo que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la responsable se pronunciara de manera fundada y motivada respecto de los montos para que el quejoso gozara de su libertad bajo caución, más no si las cantidades fijadas eran o no asequibles. Al margen de lo anterior, claramente se desprende de la resolución en estudio que la responsable sí se ocupó de tal aspecto como uno de los elementos que consideró para establecer los montos en los que determinó su libertad bajo caución. Tampoco le asiste razón al quejoso en su segundo argumento, porque la resolución que se emite en cumplimiento a la sentencia de amparo debe leerse de manera íntegra y como un todo, de ahí que si a lo largo de la misma se expone que el delito que se instruye es el de ataques al pudor, es claro que aun cuando no se precisó dentro del rubro de "multa", la responsable sí analizó el delito en comento. Finalmente, tampoco asiste razón al quejoso en su tercer argumento pues contrario a lo manifestado por el quejoso, la fijación del monto por concepto de reparación del daño se emitió de manera fundada y motivada, pues para ello, el responsable tomó como referencia los parámetros establecidos en los artículos 1987, 1988 y 1195 del Código Civil para el Estado, de ahí que contrario a su argumento, tal determinación se encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, la resolución que emitió el responsable a efecto de cumplir con la sentencia de amparo cumple con la totalidad de los lineamientos que se indicaron en el fallo, así como con los requisitos de fundamentación y motivación de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes al señalar la juez responsable la cita del precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. En esa medida, las manifestaciones del quejoso, Antonio Macías Cedeño, en su caso pueden ser materia de una diversa litis constitucional, de modo que quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinente. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

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