Miguel Rodríguez Ramírez

Expediente 439/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
439/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Miguel Rodríguez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Se determina destruir la pieza de actuaciones.

  2. Principal

    Parte quejosa cumple con prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por José Ascención Mojica Mendoza, mandatario judicial de Miguel Rodríguez Ramírez, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por tener su representación reconocida ante la autoridad responsable, a través del cual cumple con el requerimiento que se le formuló en proveído de diecisiete de abril del año en curso, y en atención a ello, se acuerda: Fijación de la litis. Ahora bien, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama: Las resoluciones de los recursos de revocación interpuestos en contra de los autos de nueve y dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictadas el trece de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil sobre acción de copropiedad ********************, del índice del Juzgado Civil de Partido en San Felipe, Guanajuato, en las que declaró sin materia los recursos. Precisándose que en los acuerdos recurridos se proveyó, según lo narrado por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, y como así se desprende de las documentales que adjuntó a su escrito de cuenta, lo siguiente: Auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós. En tanto que en el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al aquí quejoso interponiendo recurso de revocación en contra del auto de nueve de diciembre del mismo año y se desechó por notoriamente improcedente su ampliación de agravios en contra del aludido acuerdo. III. Improcedencia de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En efecto, el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio de amparo no solo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Es criterio reiterado de los Tribunales Federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" deberá atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, la parte quejosa reclama las resoluciones de los recursos de revocación interpuestos en contra de los autos de nueve y dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictadas el trece de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil sobre acción de copropiedad ********************, del índice del Juzgado Civil de Partido en San Felipe, Guanajuato, en las que declaró sin materia los recursos. Lo anterior, se advierte no es de imposible reparación, en virtud de que la única consecuencia de tal decisión es que subsistan los acuerdos de nueve y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veintidós, en los que el juez responsable dio vista a la demandada con el allanamiento de uno de los codemandados, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, ello, previo a emitir sentencia, y tuvo al aquí quejoso interponiendo recurso de revocación en contra del auto de nueve de diciembre del mismo año, desechando por notoriamente improcedente su ampliación de agravios en contra del aludido acuerdo, respectivamente; lo cual no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la constitución federal, sino que únicamente se afectan derechos procesales, en la medida que el juicio de origen continuará su tramitación hasta el dictado de la sentencia, la cual incluso puede ser favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, estará en aptitud de reclamarla como violación procesal al promover amparo directo, previo el agotamiento del recurso de apelación, alegando tales irregularidades cometidas durante el procedimiento para obtener su reparación. Por tanto, esas resoluciones no son reclamables en el juicio de amparo biinstancial. Así, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que subsistan los acuerdos de nueve y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veintidós, en los que el juez responsable dio vista a la demandada con el allanamiento de uno de los codemandados, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, ello, previo a emitir sentencia, y tuvo al aquí quejoso interponiendo recurso de revocación en contra del auto de nueve de diciembre del mismo año, desechando por notoriamente improcedente su ampliación de agravios en contra del aludido acuerdo, respectivamente; así como en la continuación de la tramitación del juicio hasta el dictado de la sentencia. Pues si bien en el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se determinó que se procedería a dictar sentencia hasta que la parte actora cumpliera con lo requerido, lo cierto es que de la lectura de la demanda se deprende que en proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, se le tuvo por desahogada la vista y se determinó que se procedería a dictar sentencia. Sin que la circunstancia de que se pretenda evitar el desarrollo ocioso de un contradictorio haga procedente el juicio biinstancial, pues el tiempo y las molestias que la tramitación de un juicio natural ocasiona, se trata de cuestiones propias e inherentes del procedimiento, los que no constituyen elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, de conformidad con la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a esta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con este se les ocasione". En concordancia con lo apuntado, resulta válido concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son capaces de afectar directamente alguno de los aludidos derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y que por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En efecto, la naturaleza de los actos reclamados, que como se ha destacado, lo constituyen las resoluciones de los recursos de revocación interpuestos en contra de los autos de nueve y dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictadas el trece de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil sobre acción de copropiedad ********************, del índice del Juzgado Civil de Partido en San Felipe, Guanajuato, en las que declaró sin materia los recursos, no vulneran derechos sustantivos; razón por la cual, resultan intrascendentes los motivos de ilegalidad que señala la parte quejosa, al ser actos que solo generan efectos intraprocesales. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclaman resoluciones de las características citadas es improcedente. En ese sentido, resulta evidente que los actos reclamados no participan del carácter de imposible reparación, dado que las resoluciones de los recursos de revocación interpuestos en contra de los autos de nueve y dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dictadas el trece de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil sobre acción de copropiedad ********************, del índice del Juzgado Civil de Partido en San Felipe, Guanajuato, en las que declaró sin materia los recursos; mismas que constituyen los actos reclamados en este juicio, no conllevan la afectación a un derecho sustantivo del promovente, es decir, se refiere a actos de naturaleza procesal que solo afectan, en su caso, derechos adjetivos; supuesto en el cual no resulta procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

  3. Principal

    Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I, II, III y IV así como 108, fracciones I y IV, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin que presente una nueva demanda, cumpla con lo siguiente: Exhiba copia certificada u original del documento con el que acredite de manera fehaciente la personalidad con la que se ostenta, ya que, si bien manifiesta que adjunta la documental correspondiente a su escrito electrónico; sin embargo, la misma no obra como anexo al escrito de cuenta. Sirve a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 3/2008-PL, entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo del Vigésimo Circuito, visible en la página 7, del Tomo XXIX, de Abril de 2009, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Así como la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, respectivamente, y Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Precise cuáles son las resoluciones que reclama; lo anterior, ya que si bien en el capítulo respectivo y dentro de sus antecedentes, manifiesta que lo son las resoluciones de trece de marzo de dos mil veintitrés, en las que se resolvieron los recursos de revocación interpuestos en contra de los autos de nueve y dieciséis de diciembre, ambos de dos mil veintidós; sin embargo, en sus conceptos de violación, indica que contra el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós también interpuso recurso de revocación, así como que lo hizo en tiempo; aunado a que también hace mención a una diversa resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, en la que, derivado de una falta de congruencia y exhaustividad se confirmó un auto de cinco de enero del año en curso; de ahí que deberá precisar, cuál o cuáles son las resoluciones de las que se duele. En el entendido de que deberá exhibir copia de cada una de las que reclame. Precise cuál es el acto que le reclama al actuario adscrito al juzgado responsable, ya que de sus manifestaciones no se desprende su participación. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. De no cumplir con los anteriores requerimientos, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. V. Autorizados, acceso a expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (********************) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que ameriten notificación personal en el presente juicio. Por otra parte en caso de haber imposibilidad de realizar la notificación de manera electrónica la parte quejosa señala como domicilio físico el ubicado en ********************. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. De igual manera, proporciona cuenta de correo electrónico y números telefónicos, con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario. Asimismo, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y su correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo a ********************por así haberlo solicitado. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Se exhorta y se requiere a la parte quejosa. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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