MIGUEL RIVERA MORA y Otros.
Expediente 1199/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1199/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- MIGUEL RIVERA MORA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Improcedencia de la demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados y autoridades responsables son: Empero, de la certificación que antecede se advierte que dicha parte impetrante ya había promovido diversa demanda de amparo, sustancialmente en los mismos términos que la de cuenta en contra de las autoridades y actos citados, por tanto, se determina que su tramitación es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse de plano, como se verá a continuación. Este tribunal considera que cuando se recibe una demanda con relación con otra previamente recibida en este órgano judicial promovida por el mismo quejoso, contra idénticos actos reclamados y autoridades responsables, y el juicio derivado de ésta se encuentra pendiente de resolución, válidamente puede decretarse el desechamiento de plano de la demanda posterior, al constatarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia por litispendencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio "pendiente de resolución", esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien en revisión. Así, del texto anterior era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente "pendiente de resolución", también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: Que se guarde la unidad del proceso; Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Entonces, con el objetivo de proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión, se entiende que la litispendencia debe operar siempre que se encuentre vigente el primigenio juicio, lo que significa que aún no debe existir cosa juzgada en el litigio planteado en primer orden, y en esa postura, al hablar de un "litigio pendiente", se tiene que puede manifestarse en tres momentos, como ya se dijo: a) antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; b) aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, c) si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Ello es así, porque, aun cuando no lo recoge textualmente la fracción X del numeral 61 de la vigente Ley de Amparo, lo cierto es que de la lectura integral de dicho precepto, no se advierte diversa fracción que en específico contemple en forma fragmentada cada uno de los tres supuestos en que se puede manifestar la institución de la litispendencia, y por otra parte, la fracción XI del mismo numeral sí contempla como diverso motivo de improcedencia del juicio de amparo, la institución de la cosa juzgada; todo lo cual, lleva a concluir que la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en cualquiera de los tres supuestos ya indicados, esto es, antes del dictado de sentencia; luego de dictada la sentencia, pero antes de causar ejecutoria; o bien, durante la substanciación del recurso de revisión. A más de lo anterior, cabe decir que de considerar lo contrario, esto es, que la actual fracción X del precepto 61 de la Ley de Amparo, sólo prevé los casos en que aún no se ha dictado resolución, ocasionaría dos efectos perniciosos para la administración de justicia, a saber: Se tendría que retrasar la emisión de sentencia en el o los juicios de amparo presentados en un segundo lugar; y, b) Obligaría al órgano de justicia a emitir sentencias exactamente iguales a la emitida en el juicio promovido en primer lugar. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constituvos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos se encuentran probados con los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ya que se advierte que ante este mismo Juzgado, se presentó diversa demanda de amparo promovida por Miguel Rivera Mora y Emma Verónica Rodríguez Ortiz, la cual se registró bajo el número 1197/2023-I, expediente en el cual mediante auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, se le formuló prevención a efecto de que: Precise, bajo protesta de decir verdad, si en la audiencia de remate en segunda almoneda de cuatro de septiembre del año en curso, se emitió algún requerimiento, proveído o mandato que ordene la escrituración y/o entrega de posesión del bien inmueble rematado, y en caso de ser afirmativo, deberá indicar qué fue lo que se determinó al respecto, para lo cual deberá exhibir copia simple de dicha audiencia. Del mismo modo, deberá acotar si en la resolución de treinta de octubre pasado, dictada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que reclama ante esta instancia constitucional, existió pronunciamiento en torno a ese tópico, y en caso de ser afirmativo, deberá manifestar qué fue lo que se resolvió al respecto, para lo cual deberá exhibir copia simple de dicha determinación. Contradictorio que se promovió contra actos y autoridades responsables siguientes: Obténgase copia certificada de la demanda de amparo y del auto dictado el trece de noviembre del presente año, ambos relativos al juicio de amparo 1197/2023-I, de este índice, y glósense al presente expediente para que obren como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." De lo anteriormente relacionado se colige que en ambos juicios de amparo la aquí parte quejosa se duele de los mismos actos reclamados, señalando las mismas autoridades responsables. Siguiendo con la exposición, el requisito de la causal comentada, esto es, que los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, también se colma porque de los datos arrojados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se colige que en el juicio 1197/2023-I, se advierte que a la parte solicitante del amparo se le formuló prevención; sin embargo dicho proveído fue dictado el trece de noviembre de dos mil veintitrés, de ahí que, se encuentra pendiente la notificación personal del citado auto, y por ende, aún no ha iniciado el cómputo del plazo que se le otorgó a fin de que desahogue el requerimiento de mérito; consecuentemente, se clarifica que dada la fase procedimental que prevalece en el primigenio juicio de amparo, no existe todavía cosa juzgada, porque el requerimiento dictado en el juicio de amparo, puede aún ser desahogado o recurrido, siendo que se encuentra pendiente de realizar la notificación personal de dicho auto de prevención, y por ende, no ha iniciado a computarse el plazo legal correspondiente. Luego, se insiste, de la confrontación de los datos antes mencionados, se advierte que ambos procedimientos de amparo fueron promovidos por Miguel Rivera Mora y Emma Verónica Rodríguez Ortiz, básicamente por los mismos actos; consecuentemente, es dable afirmar que, dichos actos reclamados son materia de estudio en el juicio de amparo 1197/2023-I. Circunstancia anterior que impide a esta juzgadora realizar un nuevo estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado, por tratarse de una cuestión que no se ha resuelto en la vía constitucional, pues asumir una posición contraria, implicaría que la aquí parte quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar algo que será materia de estudio por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de estudio. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo VIII, Octubre de 1991, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro y contenido literal, siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. NO ES OBSTACULO PARA DECLARARLA EN EL SEGUNDO JUICIO EL QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUMPLAN POR SI MISMAS LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, PENDIENTE DE RESOLUCION EN REVISION, POR NO ESTAR CONFORME EL QUEJOSO CON LOS EFECTOS PARA LOS CUALES SE LE CONCEDIO LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL. De lo dispuesto por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que únicamente son tres los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia relativa, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión y, c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, todo lo cual permite inferir que se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Ahora bien, el hecho de que las autoridades responsables, por si mismas, den cumplimiento a la sentencia dictada en el primer juicio, carente de firmeza en virtud de la falta de resolución del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa al no estar conforme con los efectos para los cuales se le concedió la protección de la Justicia Federal, no constituye obstáculo para que en el segundo juicio se surta lo previsto por el mencionado dispositivo legal en la medida que, pese a la actitud peculiar asumida por las autoridades, sigue quedando en pie la existencia del primer juicio de amparo pendiente de resolución en revisión, promovido, al igual que el segundo, por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados, de manera que no se destruye la factibilidad de que lleguen a dictarse dos sentencias contradictorias que es lo que pretende evitar la causal aludida". Asimismo, robustece a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 817, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." De igual forma, sustenta lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 655, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional". III. Domicilio y autorizado. Como lo solicita la parte impetrante, téngasele señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Baños Sánchez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Acuerdos Generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: Improcedencia de la demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que los actos reclamados y autoridades responsables son: Empero, de la certificación que antecede se advierte que dicha parte impetrante ya había promovido diversa demanda de amparo, sustancialmente en los mismos términos que la de cuenta en contra de las autoridades y actos citados, por tanto, se determina que su tramitación es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse de plano, como se verá a continuación. Este tribunal considera que cuando se recibe una demanda con relación con otra previamente recibida en este órgano judicial promovida por el mismo quejoso, contra idénticos actos reclamados y autoridades responsables, y el juicio derivado de ésta se encuentra pendiente de resolución, válidamente puede decretarse el desechamiento de plano de la demanda posterior, al constatarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia por litispendencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio pendiente de resolución, esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien en revisión. Así, del texto anterior era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente pendiente de resolución, también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: Que se guarde la unidad del proceso; Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Entonces, con el objetivo de proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión, se entiende que la litispendencia debe operar siempre que se encuentre vigente el primigenio juicio, lo que significa que aún no debe existir cosa juzgada en el litigio planteado en primer orden, y en esa postura, al hablar de un litigio pendiente, se tiene que puede manifestarse en tres momentos, como ya se dijo: a) antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; b) aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, c) si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Ello es así, porque, aun cuando no lo recoge textualmente la fracción X del numeral 61 de la vigente Ley de Amparo, lo cierto es que de la lectura integral de dicho precepto, no se advierte diversa fracción que en específico contemple en forma fragmentada cada uno de los tres supuestos en que se puede manifestar la institución de la litispendencia, y por otra parte, la fracción XI del mismo numeral sí contempla como diverso motivo de improcedencia del juicio de amparo, la institución de la cosa juzgada; todo lo cual, lleva a concluir que la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en cualquiera de los tres supuestos ya indicados, esto es, antes del dictado de sentencia; luego de dictada la sentencia, pero antes de causar ejecutoria; o bien, durante la substanciación del recurso de revisión. A más de lo anterior, cabe decir que de considerar lo contrario, esto es, que la actual fracción X del precepto 61 de la Ley de Amparo, sólo prevé los casos en que aún no se ha dictado resolución, ocasionaría dos efectos perniciosos para la administración de justicia, a saber: Se tendría que retrasar la emisión de sentencia en el o los juicios de amparo presentados en un segundo lugar; y, b) Obligaría al órgano de justicia a emitir sentencias exactamente iguales a la emitida en el juicio promovido en primer lugar. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constituvos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos se encuentran probados con los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ya que se advierte que ante este mismo Juzgado, se presentó diversa demanda de amparo promovida por XXX, la cual se registró bajo el número 1197/2023-I, expediente en el cual mediante auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, se le formuló prevención a efecto de que: Precise, bajo protesta de decir verdad, si en la audiencia de remate en segunda almoneda de cuatro de septiembre del año en curso, se emitió algún requerimiento, proveído o mandato que ordene la escrituración y/o entrega de posesión del bien inmueble rematado, y en caso de ser afirmativo, deberá indicar qué fue lo que se determinó al respecto, para lo cual deberá exhibir copia simple de dicha audiencia. Del mismo modo, deberá acotar si en la resolución de treinta de octubre pasado, dictada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que reclama ante esta instancia constitucional, existió pronunciamiento en torno a ese tópico, y en caso de ser afirmativo, deberá manifestar qué fue lo que se resolvió al respecto, para lo cual deberá exhibir copia simple de dicha determinación. Contradictorio que se promovió contra actos y autoridades responsables siguientes: Obténgase copia certificada de la demanda de amparo y del auto dictado el trece de noviembre del presente año, ambos relativos al juicio de amparo 1197/2023-I, de este índice, y glósense al presente expediente para que obren como corresponda. De lo anteriormente relacionado se colige que en ambos juicios de amparo la aquí parte quejosa se duele de los mismos actos reclamados, señalando las mismas autoridades responsables. Siguiendo con la exposición, el requisito de la causal comentada, esto es, que los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, también se colma porque de los datos arrojados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se colige que en el juicio 1197/2023-I, se advierte que a la parte solicitante del amparo se le formuló prevención; sin embargo dicho proveído fue dictado el trece de noviembre de dos mil veintitrés, de ahí que, se encuentra pendiente la notificación personal del citado auto, y por ende, aún no ha iniciado el cómputo del plazo que se le otorgó a fin de que desahogue el requerimiento de mérito; consecuentemente, se clarifica que dada la fase procedimental que prevalece en el primigenio juicio de amparo, no existe todavía cosa juzgada, porque el requerimiento dictado en el juicio de amparo, puede aún ser desahogado o recurrido, siendo que se encuentra pendiente de realizar la notificación personal de dicho auto de prevención, y por ende, no ha iniciado a computarse el plazo legal correspondiente. Luego, se insiste, de la confrontación de los datos antes mencionados, se advierte que ambos procedimientos de amparo fueron promovidos por Miguel Rivera Mora y Emma Verónica Rodríguez Ortiz, básicamente por los mismos actos; consecuentemente, es dable afirmar que, dichos actos reclamados son materia de estudio en el juicio de amparo 1197/2023-I. Circunstancia anterior que impide a esta juzgadora realizar un nuevo estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado, por tratarse de una cuestión que no se ha resuelto en la vía constitucional, pues asumir una posición contraria, implicaría que la aquí parte quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar algo que será materia de estudio por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de estudio. De lo dispuesto por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que únicamente son tres los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia relativa, a saber: a Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión y, c Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, todo lo cual permite inferir que se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Ahora bien, el hecho de que las autoridades responsables, por si mismas, den cumplimiento a la sentencia dictada en el primer juicio, carente de firmeza en virtud de la falta de resolución del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa al no estar conforme con los efectos para los cuales se le concedió la protección de la Justicia Federal, no constituye obstáculo para que en el segundo juicio se surta lo previsto por el mencionado dispositivo legal en la medida que, pese a la actitud peculiar asumida por las autoridades, sigue quedando en pie la existencia del primer juicio de amparo pendiente de resolución en revisión, promovido, al igual que el segundo, por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados, de manera que no se destruye la factibilidad de que lleguen a dictarse dos sentencias contradictorias que es lo que pretende evitar la causal aludida". Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional". III. Domicilio y autorizado. Como lo solicita la parte impetrante, téngasele señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Baños Sánchez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Acuerdos Generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo.
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