Miguel Raymundo Tapia Patiño

Expediente 1200/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1200/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Miguel Raymundo Tapia Patiño

Actuaciones

  1. Principal

    ... Firmeza procesal. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo; (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). 2. En el entendido que no existen documentos originales. 3. El presente expediente carece de relevancia documental (pues no encuadra en los supuestos del artículo 15 del señalado acuerdo). De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. ....

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Raymundo Tapia Patiño, Osvaldo Morales Granados, Miguel Lopez Márquez, José Manuel Rincón Salas y Douglas Esteban Millán Peña, contra actos del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1200/2021-VI. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. ...En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: El proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno dictado dentro de los autos del expediente 288/2021 por el Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en el que no se acordó favorable la solicitud de la quejosa, en el sentido de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar, hasta en tanto se dé respuesta a los informes solicitados a la Procuraduría de Defensa del trabajo y a la Defensoría Pública del Estado de México, a quienes se solicitó su intervención en aras de garantizar la debida defensa y representación de los codemandados. Ahora bien, de la precisión de los actos reclamados hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así pues del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dichas actuaciones que no son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intraprocesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, tenemos que los derechos sustantivos, para efectos de la disposición citada, son los de carácter personal, real, del estado civil, laboral, familiar, etcétera, que se encuentran anclados a los derechos fundamentales, tales como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera. El término opuesto, en esta clasificación, serían entonces, los derechos procesales, que se otorgan a las personas que intervienen en un proceso judicial, para determinar su intervención en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, los cuales están destinados, primordialmente, a surtir efectos únicamente dentro del proceso, por lo que se les denomina efectos intraprocesales, a fin de ser utilizados en el acto final y más importante, que es el dictado de la sentencia de fondo, o de la resolución culminante de la controversia. Los actos de carácter sustantivo se refieren a los que sustentan la vida cotidiana de las personas, en la búsqueda de realización de sus fines esenciales, y se pueden ver afectados por cualquier acto de autoridad que los involucre de alguna manera, mientras que los derechos procesales sólo se pueden conculcar en su sede, radicada en los procedimientos jurisdiccionales de un proceso, y sólo excepcionalmente llegan a producir efectos fuera del proceso o efectos extraprocesales, y afectar así derechos sustantivos o no procesales de las partes o de terceros, como cuando determinan la privación de la libertad, la propiedad, de los derechos de familia, de los atributos de la personalidad, de los derechos laborales, etcétera. Tiene aplicación la tesis aislada P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ... Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Ahora bien, de lo manifestado en la demanda de amparo, y del contenido de sus anexos, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa es el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del expediente 288/2021 por el Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en el que no se acordó favorable la solicitud de la quejosa, en el sentido de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar, hasta en tanto se dé respuesta a los informes solicitados a la Procuraduría de Defensa del trabajo y a la Defensoría Pública del Estado de México, a quienes se solicitó su intervención en aras de garantizar la debida defensa y representación de los codemandados; en ese sentido, este Juzgado Federal estima que el acto reclamado versa sobre afectaciones a derechos puramente adjetivos, es decir procesales. Lo anterior es así, tomando en consideración que el acto reclamado no es un acto que afecte algún derecho sustantivo de los quejosos, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario; pues, en todo caso, dada su naturaleza, solamente produce efectos intreaprocesales; sin que los derechos sustantivos de los quejosos se vean afectados, en razón de que la consecuencia de dicho acto es que no se señale fecha de audiencia preliminar, hasta en tanto la Procuraduría de Defensa del Trabajo y a la Defensoría Pública del Estado de México de respuesta a los informes que la autoridad responsable les solicitó; máxime que la autoridad responsable pidió la intervención de dichas instituciones, en aras de garantizar la debida defensa y representación de los codemandados. De tal forma que la consecuencia del acto reclamado es susceptible de extinguirse, pues en cuanto la autoridad responsable cuente con los informes requeridos a la Procuraduría de Defensa del Trabajo y a la Defensoría Pública del Estado de México, estará en aptitud de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar. No pasa desapercibido por este juzgado que la autoridad expresa en el propio acto reclamado que no le es posible señalar fecha de celebración de audiencia preliminar, en aras de garantizar la debida defensa y representación de los codemandados, sin que se pueda considerar que esta circunstancia afecta derechos sustantivos de los quejoso (actores en el juicio de origen). En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno dictado dentro de los autos del expediente 288/2021 por la responsable Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en el que no se acordó favorable la solicitud de la quejosa, en el sentido de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar, hasta en tanto se dé respuesta a los informes solicitados a la Procuraduría de Defensa del trabajo y a la Defensoría Pública del Estado de México, a quienes se solicitó su intervención en aras de garantizar la debida defensa y representación de los codemandados; no produce una afectación material a los derechos sustantivos de los quejosos, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, pues la sentencia que se emita en el juicio natural puede resultar favorable a la parte quejosa. Con lo aquí expuesto, se concluye que el acto reclamado, no es un acto que afecte derechos sustantivos como la vida, la libertad, la propiedad o cualquier otro de naturaleza sustantiva protegido por la Constitución. En efecto, puede válidamente afirmarse que el juicio de amparo indirecto es improcedente respecto de actos dictados en un procedimiento cuando éstos no se traduzcan en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, excluyéndose, por tanto, las violaciones procesales que afecten a las partes en el procedimiento y que, únicamente inciden en la violación a derechos adjetivos o procesales. De ahí que se insista que la determinación reclamada no tiene efectos de imposible reparación, debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a los quejosos, el ejercicio de un derecho, por el contrario, tienden a garantizar su efectividad. Estimar lo contrario desnaturalizaría la institución del juicio de amparo como un medio de control constitucional extraordinario a los recursos previstos por la leyes ordinarias aplicables, haciéndolo procedente en cualquier caso que las promociones de las partes en el juicio natural no sean acordadas de conformidad con lo que se solicita, lo cual, a juicio del suscrito, no afecta derechos sustantivos, por lo que no puede afirmarse que se trate de un acto de imposible reparación. Sin que se pueda considerar que el acto reclamado constituye una dilación procesal, en virtud de que la promoción que presentó la parte quejosa fue atendida por la autoridad responsable, sin embargo no fue acordada conforme a sus peticiones. Además de que, si bien podría decirse que la autoridad responsable se negó a señalar fecha de audiencia preliminar, esto lo justificó, pues consideró primordial contar con los informes solicitados a la Procuraduría de Defensa del trabajo y a la Defensoría Pública del Estado de México, en aras de garantizar la debida defensa y representación de los codemandados. Respecto a que no existe una abierta dilación, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), con registro digital 2019400, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, de rubro y texto siguientes: ... Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano la demanda de amparo, promovida por Miguel Raymundo Tapia Patiño, Osvaldo Morales Granados, Miguel Lopez Márquez, José Manuel Rincón Salas y Douglas Esteban Millán Peña, contra actos del Segundo Tribunal Laboral de la región judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México y otra autoridad; por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, ello pues ni la ley en materia y ni el acuerdo citado contemplan como forma de comunicación procesal el buzón electrónico proporcionado en el escrito de demanda; haciendo de su conocimiento que la notificación por lista se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y que se coloca en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. ...Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

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