Miguel Peñaloza Alonso
Expediente 909/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/09/2018
Partes del expediente
- Miguel Peñaloza Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
IV)Toluca, Estado de México; veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta patentiza que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. El estado procesal de autos evidencia que mediante auto de quince de agosto de este año (foja 50), se reservó acordar lo conducente respecto a la conformidad del quejoso dado a la sentencia amparadora. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por Miguel Peñaloza Alonso, contra la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de dictar la resolución incidental de liquidación en el expediente laboral 31/2009. Ahora, mediante sentencia dictada el trece de julio de dos mil dieciocho, en lo relativo a los efectos del amparo (fojas 23 a 28), se determinó lo siguiente: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. En las circunstancias relatadas, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Miguel Peñaloza Alonso, para los efectos siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dicte la resolución incidental de liquidación del laudo en el expediente 31/2009; reservada en el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete. (.)" En ese sentido, mediante proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho (foja 46), se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual comunicó el cumplimiento al fallo protector y, remitió copia certificada de la resolución incidental de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el expediente laboral J.29/31/2009, en la cual se aprecia haber dictado el incidente de liquidación de laudo en el citado juicio. Con lo anterior, se estima que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable, situación que se corrobora con el ocurso presentado por el agraviado en el que manifiesta su conformidad con el cumplimiento a la sentencia. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, en su oportunidad archívese el presente asunto. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada de la resolución incidental de seis de agosto de este año, dictado en el expediente laboral J.29/31/2009. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo de cuenta, dese vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente
- Principal
IV)Toluca, Estado de México; uno de agosto de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso, Agente del Ministerio Público adscrito y tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estado de México, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia dictada el trece de julio de dos mil dieciocho, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al agraviado; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; en el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique el presente proveído, de cumplimiento al fallo protector y, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acrediten. En el entendido que en caso de ser omiso al requerimiento anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la citada ley, se le impondrá una multa de doscientas veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, y de ser el caso, se enviara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con dicho cumplimiento, que puede culminar con la suspensión del cargo y su consignación ante la autoridad competente. Sin que haya lugar a requerir cumplimiento a diversa autoridad en su calidad de superior jerárquico, toda vez que los Tribunales Laborales, están desvinculados de su dependencia de origen como el Poder Ejecutivo, esto es, no se encuentran sometidos a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones jurisdiccionales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.36/2011, que se encuentra visible en la página 3515, Tomo 4, Enero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.
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