Miguel Orea Santiago
Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2023
Partes del expediente
- Miguel Orea Santiago
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, dos de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Patricia Aracely Alucano Barajas, Actuaria Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO *****, publicada el nueve de agosto de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo., que dice: "Ensenada, Baja California, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el proveído que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho proveído. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General. Finalmente, en virtud de que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena su devolución.
- Principal
Ensenada, Baja California, once de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del aviso de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de once de julio de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibida la demanda que promueve ***propio derecho contra actos de ? Director de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y registrar bajo el número de juicio de amparo 845/2023-II-C. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta juzgadora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. En ese sentido, del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes "1.- Reclamo de la Autoridad señalada como responsables en su carácter de ordenadora, la negativa de permitir el uso y goce del derecho a la libertad de reunión y de expresión, en evento publico a realizarse el día martes 11 de julio del año en curso en las vialidades que conforman las avenidas Juárez y Miramar de la Colonia Centro de las 6:00 horas hasta las 17:00 horas, con el objetivo de manifestar nuestra opinión y libertad de expresión. 2.- Del Director de Seguridad Publica Municipal de Ensenada, todos lo actos tendientes a impedir y ocupar el espacio público, para la realización del evento social organizado por el quejoso, el día 11 de julio de 2023 en las avenidas Juárez y Miramar de la Colonia Centro de las 6:00 horas hasta las 17:00 horas, con el objetivo de manifestar nuestra opinión y libertad de expresión" [Sic] Entonces, respecto de los actos reclamados transcritos con anterioridad, se advierte que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos prevén lo siguiente "[.] Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]". De los numerales transcritos, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se observe el principio de definitividad, porque es uno de los principios fundamentales que regulan el juicio de amparo; así, antes de acudir a la instancia constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa establecidos por la ley que rija el acto reclamado. En el caso, sobre el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse antes de promover el juicio constitucional, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, el amparo biinstancial contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Pues, se reitera que previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Al respecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, procede el medio extraordinario de defensa consistente en el juicio de amparo. Ello, porque si las partes afectadas no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Entonces, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere que: a. Se trate de un acto dictado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b. En contra del mismo proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan, y, d. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Acorde con esas directrices, si el acto reclamado en el presente juicio consiste en el oficio DSPM/0336/XXIV/2023, de siete de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Director de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en el que la autoridad responsable le negó el permiso para cerrar las calles avenida Juárez y Miramar y Macheros y Cuarta, de esta ciudad, el día martes once de julio del dos mil veintitrés, a partir de las seis y hasta las diecisiete horas, para llevar a cabo un evento social organizado por el quejoso. Se afirma lo anterior, ya que previamente a instar el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente en contra de dicho acto, es decir, el juicio contencioso ante la Sala correspondiente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. Ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 26, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que establece: "ARTÍCULO 26.- Los Juzgados de primera Instancia del Tribunal son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas siguientes I.- Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares; [.] Los Juzgados de Primera Instancia del Tribunal conocerán por razón de territorio, respecto de los juicios que promuevan los particulares o las autoridades, con domicilio en su circunscripción territorial. [.]." (Énfasis añadido) De lo anterior, se pone de manifiesto que procede el juicio contencioso ante el Juez de Primera Instancia correspondiente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, contra actos o resoluciones de carácter administrativo, emanados de las autoridades municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares. De esa manera, se advierte que el aquí quejoso reclama una determinación administrativa que tiene la característica de ser definitiva, porque se trata de una manifestación de la autoridad que no requiere de mayores procedimientos para reflejar su última voluntad. Sobre el tema, es aplicable, por analogía, la tesis*** Del criterio invocado se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el concepto de "resolución definitiva" considerando la naturaleza jurídica de la resolución (expresa o ficta), la que debe consistir en el producto final o última voluntad de la administración que se expresa; como la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o bien, como una manifestación aislada, que por su naturaleza o características no requiere de procedimientos que le antecedan, para poder reflejar esa última voluntad o voluntad definitiva. Así, para la procedencia del juicio contencioso ante el Juez de Primera Instancia correspondiente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California se requiere que las resoluciones que se impugnan tengan el carácter de definitivas y que, por ello, constituyan el producto final o última voluntad de la autoridad. De esa manera, la resolución reclamada consistente en la negativa de otorgar el permiso para cerrar las calles avenida Juárez y Miramar, así como la avenida Macheros y Cuarta, de esta ciudad, el día martes once de julio del dos mil veintitrés, a partir de las seis y hasta las diecisiete horas, para llevar a cabo un evento social organizado por el quejoso, constituye una resolución definitiva impugnable a través del juicio contencioso ante el Juez de Primera Instancia correspondiente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. En consecuencia, se estima que contra la resolución reclamada, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió promover el citado juicio contencioso, en tanto, que se trata de un acto administrativo susceptible de analizar su legalidad o ilegalidad en sede jurisdiccional, antes de ser sujeto de evaluación a través de la vía constitucional. Sin que en el caso se actualice alguna excepción al principio de definitividad del juicio de amparo, en virtud de que la parte quejosa no se ostenta como tercero extraño a algún juicio, pues el acto reclamado lo constituye una determinación de carácter general y no un procedimiento jurisdiccional. Aunado a que, en el juicio contencioso también existe la posibilidad de suspender el acto administrativo reclamado, pues en tal vía se rige lo dispuesto por los artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86, todos de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 77. La suspensión se tramitará en cuaderno por separado y por duplicado. La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su solicitud, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede. Al resolverse la suspensión provisional se requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, que deberá rendirse en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, se resolverá la suspensión definitiva, dentro de los cinco días siguientes. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En el cuaderno de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documentales y de inspección judicial. ARTÍCULO 78. La suspensión podrá solicitarla el demandante en la demanda o en cualquier momento del juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular, o cuando atendiendo a la naturaleza del acto reclamado sea jurídica y materialmente posible. ARTÍCULO 79. La suspensión definitiva podrá ser revocada en cualquier momento del juicio si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó. ARTÍCULO 80. No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. ARTÍCULO 81. Cuando los actos materia de impugnación, hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, los Órganos de Primera Instancia podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes, para preservar el medio de subsistencia del quejoso. Las medidas cautelares que dicten, no serán impugnables en procedimiento. ARTÍCULO 82. Cuando el acto impugnado verse sobre determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse la suspensión, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, o en su caso, si se acredita que la garantía le fue dispensada por dichas autoridades. Surtirá efectos la suspensión sin otorgamiento de garantía del interés fiscal a juicio del Tribunal, siempre que el demandante acredite ser persona de escasos recursos económicos o que el crédito fiscal impugnado no rebase el equivalente a doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En el supuesto de que se impugnaren diversos créditos en un sólo juicio, si la suma de éstos excede el equivalente señalado, el demandante deberá garantizar el interés fiscal, para que subsista la suspensión obtenida previamente. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los casos siguientes: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del demandante; y, III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. ARTÍCULO 83. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables en dinero, el Órgano de Primera Instancia fijará discrecionalmente el importe de la garantía. ARTÍCULO 84. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero otorga a su vez, caución bastante para restituirlas cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al demandante, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, en el caso del párrafo anterior, deberá cubrir el costo de la que hubiere otorgado el demandante. ARTÍCULO 85. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el demandante no otorga la garantía y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades demandadas, las que podrán ejecutar el acto impugnado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el demandante podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. ARTÍCULO 86. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia; se dará vista con la solicitud a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda." Así, el artículo 78 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, dispone que la solicitud de la suspensión puede ser formulada en cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria, ya sea en la demanda o en diverso escrito; lo que se equipara a lo dispuesto por el numeral 130 de la Ley de Amparo, porque prevé que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Con base en lo anterior, se puede concluir que ambas legislaciones permiten al interesado solicitar la medida cautelar sin límite temporal procesal, más que el dictado de una sentencia firme. Ahora, el artículo 56 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, prevé que el conocimiento de la suspensión corresponde al Juez de Primera Instancia, quien deberá pronunciarse en el mismo auto en que se admita la demanda (dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de ésta); haciéndole saber a la autoridad demandada su cumplimiento, si se concede. En cuanto al juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del expediente principal, atento a lo señalado por los artículos 125 y 138, ambos de la Ley de Amparo; además, se precisa que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte - en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito-, y dentro de los cinco días siguientes, en la audiencia incidental, se resolverá sobre la concesión o negativa de la medida cautelar, o bien, lo que fuere conducente. De esa manera, se advierte que los requisitos para la concesión de la suspensión, previstos en el artículo 77 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, y los ordinales 125 y 138, ambos de la Ley de Amparo, son esencialmente los mismos. Asimismo, la medida suspensiva, de acuerdo con lo dispuesto por el citado artículo 78 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, puede ser solicitada por el demandante; mientras que el numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone expresamente que la suspensión se decretará siempre que se solicite por la parte quejosa (agraviado); de ahí que ambos ordenamientos prevén que para que se otorgue la suspensión basta que el interesado la solicite, de manera que el requisito es idéntico. De igual manera, tanto el artículo 80 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, y el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, exigen como requisito de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, que su concesión no cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; por consiguiente, el requisito en este rubro es idéntico en ambas figuras cautelares. En relación con el artículo 78 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, señala que la suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o cuando a juicio del Juez sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular. Por su parte, el artículo 139 de la Ley de Amparo, expresamente dispone que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del derecho legalmente tutelado a favor del quejoso. También, en ambos ordenamientos se prevé que la autoridad competente puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, siempre que ocurra un hecho superveniente; de igual modo, que si el otorgamiento de la medida cautelar causa daños a terceros, se concederá condicionada a una garantía ofrecida por el demandante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que con ella se cause, en caso que no se obtenga resolución favorable. En lo referente al plazo en este supuesto, el artículo 85 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, prevé que la suspensión dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días, lo que significa que sus efectos surten desde su emisión; asimismo, la Ley de Amparo establece un lapso de cinco días para ese efecto, conforme al artículo 136 de esa legislación, el cual una vez que se ha vencido, sin que se exhiba la garantía, retira la eficacia de los efectos de la medida suspensiva. Por tanto, se concluye que para decretar la suspensión del acto administrativo en el juicio nulidad seguido ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, la legislación relativa no exige mayores requisitos de los que prevé la Ley de Amparo para el mismo efecto al promover el juicio de derechos fundamentales. En el mismo sentido, tampoco se advierte que se actualicen los supuestos de excepción que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Pues, no se aprecia que en la demanda de amparo sólo se aleguen violaciones directas a la constitución. Ello, pues en los conceptos de violación aducidos por la promovente también se combate la legalidad del actuar de la autoridad responsable; lo cual, impide la actualización del supuesto de excepción de mérito. Sirve de apoyo, la jurisprudencia*** Asimismo, no se está ante una excepción al principio de definitividad, pues el acto reclamado no deriva del orden penal, ni se reclama a través del presente juicio de amparo alguna ley con motivo del primer acto de aplicación; tampoco el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. De este modo, si se toma en consideración que el acto reclamado en esta vía consiste en la determinación contenida en el oficio DSPM/0336/XXIV/2023, de siete de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Director de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, en el que la autoridad responsable le negó el permiso para cerrar las calles avenida Juárez y Miramar y Macheros y Cuarta, de esta ciudad, el día martes once de julio del dos mil veintitrés, a partir de las seis y hasta las diecisiete horas, para llevar a cabo un evento social organizado por el quejoso, resulta claro que es procedente el juicio contencioso ante el Juez de Primera Instancia correspondiente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, en contra de dicho acto. Consecuentemente, el estudio del presente asunto se ubica en la hipótesis de competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California; por lo que, este órgano de control constitucional concluye que el acto que se reclama puede ser combatido ante dicho tribunal, en términos de la Ley Orgánica que lo rige, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios; así, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el citado juicio contencioso administrativo, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Por lo anterior, se concluye que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera que, en contra del acto que por esta vía reclama la parte quejosa, procede el juicio contencioso ante el Juez de Primera Instancia correspondiente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California; y, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio constitucional, la parte promovente se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Así, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual se puede revocar, modificar o anular el acto reclamado en el presente juicio, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia*** todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como autorizada en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio Cesar García Ortiz, en virtud de que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De conformidad con el artículo 263, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, se autoriza al usuario: "218097garcia" para que tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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