Miguel Gabriel Robledo Franco

Expediente 1052/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1052/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Gabriel Robledo Franco
  • Agente de Policía Municipal Adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de la fundamentación y motivación de los actos reclamados. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y, se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y siete minutos del cuatro de enero de dos mil veinticuatro; fecha que se fija conforme al cúmulo de audiencias señaladas previamente en la agenda que se lleva en este juzgado, así como por el período vacacional que gozará el personal adscrito al mismo, de acuerdo al calendario de vacaciones de los Juzgados de Distrito, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintitrés, el cual comprende del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, esto, en términos del artículo 16 sexies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado el veintiuno de septiembre del presente año, comunica que realizó una exhaustiva búsqueda en los documentos que obran en su expediente, así como en sus archivos y controles informáticos de correspondencia y diversos, de los que advirtió que no obra constancia de recepción del oficio 24548/2023 de trece de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se le otorgó un prorroga de diez días, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, y en obvio de dilaciones procesales, reenvíese el oficio 24548/2023, con el diverso que se genere con el presente proveído, a la referida autoridad, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, requiérase a la autoridad en mención para que dentro del plazo de tres días, informe la fecha en que reciba dicho oficio debiendo anexar copia del mismo en el que obre el sello de recepción. Con el propósito de dar un efecto útil a las tecnologías de la información y brindar una justicia pronta y expedita, como lo mandata el numeral 17 Constitucional, se le requiere para que dé cumplimiento a lo solicitado vía fax al número telefónico 01-646-175- 70-71; o bien, a la cuenta de correo electrónico Institucional de este juzgado 8jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; se precisa que al rendirlo por este medio deberá contar con la firma electrónica (evidencia criptográfica) de quien lo suscribe, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y acredita la autenticidad del documento que la contiene. Apercibida que de no dar cumplimiento, se le impondrá, una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de la materia. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a cuestiones derivadas de la complementación realizada por las autoridades Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California; y Juez Calificador en turno de Ensenada, Baja California, respecto a la fundamentación y motivación de los actos reclamados. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las trece horas con cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por Juez Calificador del XXIV Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, y anexos, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, envía copia cotejada de los certificados médicos de integridad física y de esencia, test y subsecuente de traslado correspondientes al aquí quejoso. Por tanto, con apoyo en los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Ahora bien, de la certificación secretarial que antecede, se desprende que, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California; y, Juez Calificador en turno de Ensenada, Baja California, realizaron manifestaciones en relación a la fundamentación y motivación del acto reclamado. Asimismo, que en el presente juicio de amparo, se reclaman actos materialmente administrativos, de los cuales el quejoso en su demanda aduce falta de fundamentación y motivación. Por tanto, a fin de no dejar al solicitante del amparo en estado de indefensión, y no incurrir en una violación procesal de normas al procedimiento, con fundamento en el artículo 93, fracción IV de la Ley de Amparo, así como dispuesto por el último párrafo del artículo 117 del mismo ordenamiento, córrase traslado a la parte quejosa con los informes justificados y constancias que acompañan los mismos, así como con el oficio de cuenta, y anexos; y, requiérase para que en el plazo de quince días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, la cual deberá limitarse a cuestiones derivadas de la complementación realizada por las autoridades, respecto la fundamentación y motivación de los actos reclamados; bajo el apercibimiento que de no manifestar nada al respecto en el plazo concedido, se continuará con el trámite y se resolverá respecto a los actos, autoridades y conceptos de violación incluidos en la demanda inicial. Ilustra lo anterior la tesis IV.2o.A.74 K (10a): "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SE ACTUALIZA POR LA OMISIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA RESPECTO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO, REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. El último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el cual, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Así, dicha excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto reclamado, se dé al impetrante la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral de éste, tanto en sus aspectos formales como en los sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales, pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz; de ahí que el precepto inicialmente citado anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse y tiene, como primer alcance, el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el impetrante conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa, dado su conocimiento integral. Relacionado con lo anterior, el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo establece la obligación del Juez para que en los asuntos del orden administrativo se analice en la sentencia el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado y, ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en caso de concederse el amparo, se determine que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; este dispositivo adquiere sentido jurídico, pues en él se encuentra inmerso implícitamente el principio de efectividad del amparo, el cual orienta y obliga a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio a resolver atendiendo a un sentido pragmático, que incida eficazmente en la esfera de derechos del gobernado, y no se utilice únicamente (por parte del quejoso) para entorpecer la actividad del Estado, o bien, tratándose de actos jurisdiccionales, para obstaculizar el goce de los derechos de la contraparte. Bajo ese contexto, de la interpretación sistemática de los dispositivos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que cuando en la demanda de amparo se reclame un acto materialmente administrativo, el Juez de Distrito deberá actuar procedimentalmente de la siguiente forma: 1) Rendido el informe justificado, en caso de que la autoridad responsable complemente la fundamentación y motivación, correrá traslado de forma personal al quejoso para que, en el plazo de quince días, realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación; 2) Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; 3) Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional; 4) Celebrada ésta, en la sentencia el Juez analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado; y, 5) Si considera que, superado lo anterior, aún existe falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. En consecuencia, la omisión de dar vista al quejoso con la complementación de la fundamentación y motivación expresada en el informe justificado, para que amplíe su demanda, en lo que respecta a esa complementación, que origina que el Juez de Distrito no se pronuncie en la sentencia en relación con la reiteración o no del acto reclamado, sin posibilidad de cercioramiento efectivo sobre la incidencia real de éste en la esfera jurídica del impetrante, es decir, únicamente desde una perspectiva meramente anulatoria y no reparadora, constituye una violación a las leyes del procedimiento de amparo, así como al principio de efectividad de las sentencias, que trasciende al resultado del fallo y obliga a reponer el procedimiento para subsanar dicha omisión". Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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