Miguel Navarro de la Torre

Expediente 936/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
936/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Miguel Navarro de la Torre

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cuatro de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de la copia certificada relativa al expediente laboral número - de su índice, misma que le fue remitida a lo ordenado en auto de veintitrés de marzo de la presente anualidad. Ahora, como del estado procesal de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el presente juicio de amparo en que se actúa, así como el duplicado de los cuadernos incidentales son susceptibles de DESTRUCCIÓN, mientras que el original de este último es susceptible de DEPURACIÓN en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo y se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veintiocho de febrero del año en curso, que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Navarro de la Torre; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Como lo pide la tercera interesada -en el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele a su costa las copias simples a que alude, previo recibo que se deje en autos, y se tiene por autorizadas para tal efecto a las persona que señala. Notifíquese.

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