Miguel Mora Hernandez
Expediente 1127/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1127/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Mora Hernandez
Actuaciones
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveído emitido el veintiuno de octubre de dos mil veintidos que en esencia señala: "... Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario en cita, al que anexa el auto de tres de octubre del año en curso, en el que la Alzada de su adscripción determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por - - al considerar que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio para la procedencia del juicio de amparo directo. Acúsese recibo de estilo. Por tanto, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número V-1127/2022-2. Del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la sentencia de veintidós de agosto del año en curso, dictada por la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dictada dentro del toca de apelación número - - mediante la cual revoca y ordena reponer el procedimientos en el juicio natural. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción V; todos de la Ley de Amparo que disponen Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [ ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede [ ] V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [ ] Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo cuando [ ] V Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad [ ] De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la sentencia de fecha - - dictada dentro del toca de apelación número - - en la que se declara insubsistente la sentencia definitiva apelada, para el efecto de reponer el procedimiento y que el Juez de origen requiera a la parte demandada designe perito de su parte, con el apercibimiento que ahí se precisa. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues basta imponerse de la demanda de amparo, para advertir que la parte quejosa se duele de la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación número - - en la que se declara insubsistente la sentencia definitiva apelada, para el efecto de reponer el procedimiento y que el Juez de origen requiera a la parte demandada designe perito de su parte, con el apercibimiento que ahí se precisa por lo que la decisión del órgano responsable, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la aquí quejosa, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. Así, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. Sirve de sustento la tesis número 1086, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158 primer párrafo 161 y 166 de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías Así como, la tesis 154 dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Enero 2003, página 1842, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice PRUEBAS. LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU RECEPCIÓN, NO ES RECLAMABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO SE ENCUENTREN PENDIENTES DE RESOLVER RECURSOS RELACIONADOS CON OTRAS ETAPAS PROCESALES. De acuerdo con la jurisprudencia número 244, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 164 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1995 de rubro EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS por regla general se entiende que los actos procesales no ocasionan un perjuicio de imposible reparación, en virtud de que en la mayoría de los casos la afectación que producen no incide en los derechos sustantivos de las partes de ahí que cuando se reclaman tales actos en términos generales, el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, interpretado éste a contrario sentido, ambos de la ley de la materia. En este orden de ideas, es válido concluir que la resolución que ordena la apertura del periodo probatorio en el juicio natural, no es reclamable a través del juicio de amparo biinstancial, aun cuando se encuentren pendientes de resolver recursos interpuestos en contra de otras etapas procesales anteriores al de prueba, habida cuenta que tal acto no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que, por una parte, tal resolución no tiene repercusión en algún derecho fundamental y, por otra, la consecuencia que produce, consistente en la continuación del procedimiento, tampoco afecta en grado predominante o superior a las partes, que hiciera procedente, por excepción, su reclamación a través del juicio de amparo en vía indirecta, puesto que la institución procesal relativa a la prosecución del juicio en sus diversas etapas, sin que se hayan resuelto los recursos pendientes relacionados con otras fases procesales, sobre la que versa la reclamación, no genera una afectación exorbitante que, en sí misma, justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto máxime que los efectos que la resolución reclamada produce, son susceptibles de repararse sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso en caso de que la sentencia definitiva le sea favorable Máxime que para determinar si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado, el Juez debe examinar si las consecuencias de la insubsistencia del fallo y de la reposición, son o no de imposible reparación, por lo que determinara si existen o no elementos de procedencia respecto de los cuales se pueda pronunciar; empero, como se dijo en párrafos anteriores, en el caso particular se repuso el procedimiento para el desahogo de una prueba pericial, y como se vio, ello constituye una violación cometida en el procedimiento por lo que las consecuencias que en el caso concreto se produjeran no son consideradas como de imposible reparación, ya que sería la resolución que se llegue a dictar en el juicio de origen la que produciría una afectación en la esfera jurídica de la aquí quejosa. Tiene aplicación, la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, página 36, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la Jurisprudencia 6 / 1991 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en Sesión Privada de 22 de enero de 1991, con el rubro PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V interpretada en sentido contrario y 172 fracción XII todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21 / 2020 ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual las partes sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente ( FIREL e firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal ) de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12 / 2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y de ser necesario su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21 / 2020 Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, así como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado - - virtud a que el mismo se encuentra dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo otorgado para el fin precisado; por tanto, este Juzgado procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente. Luego, según se aprecia de la constancia secretarial que antecede que mediante sentencia de doce de julio de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, a la quejosa -, para los efectos precisados en la constancia de cuenta. Luego, en auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia en cita; además, se requirió a las autoridades responsables el cabal cumplimiento del citado fallo. Ahora, la autoridad responsable en cita, debería realizar lo siguiente: A) Deje insubsistente el oficio - de veinte de diciembre de dos mil veintiuno. b) Determine sin aplicar los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que la quejosa -, tiene derecho a percibir íntegramente los pagos correspondientes a la pensión por viudez identificada con el número - y a la diversa pensión por jubilación número -, aun cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización y notifique esa determinación a la quejosa. c) Deberá devolver a la quejosa -, las cantidades que le hayan sido retenidas o descontadas derivado de la aplicación de los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de la Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desde la fecha en que le hayan sido suspendidas por dicho concepto, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. d) Sin que resulte procedente que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, realicen acto alguno en cumplimiento a la presente sentencia, toda vez que únicamente ejercieron sus facultades legislativas respecto de los preceptos aquí reclamados. Lo anterior en términos de la tesis 2a. CXV/97, que al rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIA Por oficio número UJD/2.11.15.4/2558/2022 signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el veintisiete de julio del año en curso, al que adjuntó el diverso SP/MICH/1655/2022, que contiene la resolución de veintiuno de julio del año en curso, emitida por dicha, en la que dejó insubsistente el oficio DPSH/2.11.15.5/6835/2021 de veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Luego, mediante oficio número UJD/2.1115.7/3079/2021, recibido en este órgano jurisdiccional, el once de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable, informando que el cinco de agosto del año en curso, entregó a la quejosa el cheque número -del banco HSBC por la cantidad de $81,176.91 (ochenta y un mil cientos setenta y seis pesos 91/100 M.N.). Por consiguiente, al no advertirse que haya exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL; sin perjuicio de que la quejosa esté en condiciones de impugnar la presente determinación, o en su caso, por la vía correspondiente recurra lo manifestado por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente de dictar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el original del incidente de suspensión son DEPURABLES, y el duplicado del mismo es DESTRUIBLE; toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la parte quejosa y se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General.". Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese personalmente.
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