Miguel Morales Zenteno
Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/07/2021
Partes del expediente
- Miguel Morales Zenteno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se precisa que sólo se tomó en consideración el plazo de la parte quejosa por ser la única legitimada para recurrir el acuerdo de sobreseimiento. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos pendientes que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. En esas circunstancias, transcurrido el término establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena dar cumplimiento al presente acuerdo y a los demás lineamientos que establezca el citado acuerdo general. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Litis constitucional. *** Sobreseimiento. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. [.]." Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: i. Como entes dotados de poder público, cuando su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; y, ii. Como personas morales de derecho privado, cuando obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. El artículo 7 de la Ley de Amparo dispone que las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales. En tal virtud, las personas oficiales sólo puede acudir al amparo en defensa de sus intereses patrimoniales cuando se cumplan dos condiciones: a) ocurran desprovista de imperio, es decir, como un particular, y b) ocurran en defensa de bienes de dominio privado. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "PERSONAS MORALES OFICIALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, CUANDO OCURREN EN DEFENSA DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. Si bien, por regla general, es procedente el juicio de amparo cuando se afecten los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se trata de bienes del dominio público. El artículo 9o. de la Ley de Amparo señala que las personas morales oficiales sólo pueden ocurrir al amparo en defensa de sus intereses patrimoniales. Si se le diera una interpretación literal a ese precepto resultaría ocioso, pues si el patrimonio es la suma de derechos y obligaciones de una persona (moral o física), entonces en cualquier caso podrían acudir las personas morales oficiales (llámese órganos de gobierno) al juicio de garantías, esto es, sin restricción alguna. Pero esa interpretación no es correcta, ya que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (y desde luego recogiendo teorías antecedentes de ésta) sostuvo que el Estado podía actuar con un doble carácter; y que, como autoridad, no podía ocurrir al juicio de amparo, lo que es evidente si se toma en consideración que el referido juicio tutela garantías individuales. Partiendo de lo anterior, puede concluirse que las personas morales oficiales pueden ocurrir en defensa de sus intereses patrimoniales, en los términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, cuando se cumplen dos condiciones; la primera, que ocurra desprovista de imperio, es decir, como un simple particular; y la segunda, que ocurran en defensa de bienes del dominio privado, porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de garantías, y no aquellos del dominio público, para cuya defensa la ley ha creado otros medios de impugnación. La doctrina ha distinguido entre lo que son bienes del dominio público y bienes del dominio privado, de tal manera que sólo la defensa de los bienes del dominio privado puede llevarse a cabo válidamente mediante el juicio de garantías, y no así los del dominio público. Así por ejemplo, cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales, se trata de una afectación a los bienes del dominio público. Los bienes del dominio público son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y forman parte del patrimonio, tanto como por su origen como por su destino. Por tanto, si la quejosa acude al juicio de amparo en defensa de sus bienes públicos, no es procedente el juicio de garantías. Conforme a lo dicho debe tenerse que en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden acudir al juicio de garantías en defensa de su patrimonio privado; sin embargo, cuando ocurre en defensa de sus bienes de dominio público o de las facultades de autoridad con las que se hayan investidas, el juicio de garantías no es procedente, sino otros medios de impugnación que la ley haya instituido a su favor." Sin embargo, ello no ocurre cuando las personas morales oficiales actúan como autoridades demandadas en un juicio, en defensa de actos o de resoluciones emitidos en funciones de autoridad. En la especie, *** promueve la acción de amparo, en su calidad de Presidente Municipal de Tlachichuca, Puebla, en funciones de Juez del Registro Civil de las Personas de ese Municipio, por ministerio de ley; y reclama, el emplazamiento; y, en consecuencia, todo lo actuado, en particular, la sentencia del juicio de rectificación de acta de nacimiento *** promovido por *** en contra de ese Juez del Registro Civil. Es decir, el quejoso no promueve por propio derecho, sino como ente público; esto es, como persona moral oficial, en el ejercicio de su cargo como Presidente Municipal y Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla, por ministerio de ley. Según se advierte, a la persona moral oficial, Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla; le asiste la calidad de parte demandada en el juicio de rectificación de acta de nacimiento. Y el promovente es el titular de ese Registro, por ministerio de ley. En ese orden, la parte quejosa (Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla), representada por su titular Miguel Guadalupe Morales Zenteno; es una persona moral oficial y acude al amparo en defensa de actos de un juicio civil, en el que actúa como autoridad registral del estado civil de las personas. En ese orden de ideas, el amparo es improcedente en virtud de que no se reúnen las dos condiciones derivadas del artículo 7 de la Ley de Amparo: A. Porque la autoridad quejosa ocurre al amparo con facultades de imperio, es decir, como ente dotado de poder público derivado de su actuación como autoridad demandada registral en el juicio de rectificación de acta de nacimiento ***; y, B. Porque la autoridad quejosa promueve el amparo en defensa de actos registrales propios de sus funciones públicas, derivado de la condena impuesta en la sentencia del juicio de rectificación de acta de nacimiento 29/2021 y no en defensa de bienes del dominio privado. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 1a./J. 171/2005: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Así como, la jurisprudencia 1a./J. 16/2018 (10a.): "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." Al respecto, se precisa que los Jueces del Registro Civil tienen facultades para inscribir las rectificaciones de actas del estado civil de las personas, en términos del artículo 48 Bis del Reglamento del Registro Civil de las Personas para el Estado de Puebla: En este caso, en la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, del juicio de rectificación de acta de nacimiento *** se condenó al Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla a rectificar el acta de nacimiento de la tercera interesada ***: En vista de lo anterior, la parte quejosa reclama el emplazamiento y todo lo actuado, incluyendo la condena; sin embargo, ejerce la acción en defensa de sus facultades registrales; es decir, la representación del Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio de Tlachichuca, Puebla acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas y no un acto que afecte su patrimonio. Por ende, la acción de amparo es improcedente, al actualizarse la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, ambos de la Ley de Amparo. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Notifíquese; por lista y correo electrónico a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Devuelve despacho diligenciado. El Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla, devuelve diligenciado el despacho 59/2021, con número de orden 125/2021, por el que se solicitó que en auxilio de este órgano jurisdiccional, emplazara a la parte tercera interesada ***. Al respecto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta a fin de que obren como corresponda; asimismo, téngase al juzgado oficiante dando cumplimiento a la solicitud que se le formuló mediante el despacho. Por tanto, dese de baja el despacho de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene por emplazada a la referida tercero interesada al presente juicio. Se hace efectivo apercibimiento. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo del veinte de mayo de dos mil veintiuno, se requirió a la parte tercera interesada *** a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la zona conurbada -mismo que le fue notificado el once de junio siguiente-; sin que obre en autos constancia de que hubiere desahogado el requerimiento formulado en autos. Por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído del veinte de mayo del año en curso y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito, o bien, en la zona conurbada. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de junio de dos mil veintiuno. Informes justificados. Agréguense a los autos los oficios de la Juez Municipal de Aljojuca y del Director General del Registro del Estado Civil de las Personas, ambos del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados. Con el contenido de los informes de cuenta y con el anexo recibido el veinte de mayo pasado, consistente en copia certificada de todo lo actuado en el juicio de rectificación de acta de nacimiento *** del índice de la Juez oficiante, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Domicilio y delegados. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, los que señala el Director responsable. Canal de comunicación. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que proporciona para entablar un medio de comunicación no procesal; bajo el esquema de trabajo a distancia y en línea adoptado por el Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por la pandemia de Covid-19. Cumple requerimiento. Finalmente, en atención a lo requerido en auto del veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Juez responsable informa lo siguiente, "todas las constancias derivadas dentro del juicio radicado en este Juzgado que obran dentro del expediente *** a nombre de *** respecto del Juicio Rectificación de Acta de Nacimiento fueron remitidas en su totalidad", de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese.
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