Miguel Morales Martinez

Expediente 1273/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1273/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Miguel Morales Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de agosto de dos mil veintitrés. Parte quejosa ratifica escrito. Se admite incidente de actualización de liquidación de sentencia. Vista la diligencia de dos de agosto de dos mil veintitrés, en la que la parte quejosa *** ratifica el contenido y firma del escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el día veintiséis de julio de dos mil veintitrés; por tanto, se procede a proveer lo conducente. Al respecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo, refiere que se substanciarán en la vía incidental: 1. Las cuestiones que refiere la ley que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y que surjan durante el procedimiento; 2. Que podrán ser a petición de parte o de oficio; y 3. Sobre las cuales el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo las circunstancias del caso, si resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o se reserva para resolverlo en sentencia. Por otro lado, el artículo 67 de la Ley de Amparo, prevé el procedimiento que llevarán las cuestiones que se substanciarán en la vía incidental, conforme a lo siguiente: 1. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde; 2. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes; 3. Atendiendo a la naturaleza del acto, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio mayor y si suspende o no el procedimiento; y 4. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán alegatos de las partes y se dictará la resolución correspondiente. A su vez, el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar de oficio o a petición de parte, que se ordene la apertura de un incidente para tal efecto. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el pago de las prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe realizarse cuantificando las que se generen desde que se concretó la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de miembros de instituciones policiales y hasta que se realice el pago de la indemnización. ... Por ende, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de actualización de liquidación de sentencia para actualizar la cuantificación de la indemnización correspondiente a la parte quejosa, por la cual se le concedió la protección constitucional. ... Pruebas Instrumental y presuncional. De igual manera, se advierte que la ocursante ofrece las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. En consecuencia, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos dichos medios de prueba, debiendo darse cuenta con ellos en la audiencia incidental. Vista para ofrecer pruebas. En tales condiciones, se otorga a las partes el plazo de tres días, contado a partir de que sean legalmente notificadas, para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga en esta incidencia. Ahora, una vez transcurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se tendrá por precluido su derecho y se señalará fecha para la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: IV. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa, exhibió diversos documentos originales. En consecuencia, dado que a dichos documentos les reviste el carácter de originales, como lo exige el segundo párrafo, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la citada parte para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 17 DE JULIO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, promovida por********************, contra actos de la Titular de la Sala 3 Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1273/2023-VIII. Se desecha la demanda de amparo. Es importante apuntar que el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Sentado lo anterior, para una mejor comprensión del presente acuerdo, conviene realizar una breve relatoría de lo sucedido en el expediente administrativo de origen, lo cual se desprende tanto de lo narrado por la parte quejosa en su demanda de amparo, como de las constancias que acompaña a la misma, en los términos siguientes: Se inició procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de********************. Seguido el procedimiento, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, el Titular de la Parte Substanciadora del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, emitió el oficio ********************, por el que hizo del conocimiento del ahora quejoso********************, la remisión del expediente de responsabilidad administrativa ******************** a la ponencia de la Tercera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, a fin de que continúe con el procedimiento administrativo respectivo. El veintiocho de abril siguiente, la Tercera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla lo radicó con el número ********************, se declaró competente y verificó los requisitos de procedencia. En contra de ese auto, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación, el cual fue desechado en auto de nueve de junio de dos mil veintitrés al considerarlo notoriamente improcedente. Ahora, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa pretende combatir: a) El auto de nueve de junio de dos mil veintitrés, que desechó el de reclamación que interpuso la parte quejosa, en contra del auto de recepción de expedientes de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, emitido por la Tercera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en el expediente ********************. En ese contexto, este juzgado estima improcedente el juicio de amparo de que se trata, debido a que son actos de carácter intraprocesales, y no definitivos, emitido dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en contra de la parte quejosa, sin que se actualice algún supuesto de imposible reparación, como se desprende del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, de la Ley de Amparo -aplicado en sentido contrario-, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se sigue que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones derivadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, es decir, aquella que lo concluya, o cuando el acto sea de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos. En relación con la naturaleza de los procedimientos seguidos en forma de juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/2000-PL, en sesión de catorce de marzo de dos mil tres, sostuvo que dicho concepto debe entenderse de manera amplia, ya que no sólo deben considerarse aquellos procedimientos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, sino que también deben comprenderse aquellos procedimientos en los que, sin dirimir alguna contienda, la autoridad prepara, frente al particular, su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia. La consideración vertidas quedó plasmada en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, que establece lo siguiente: PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. No resulta obstáculo que la interpretación invocada, haya derivado del estudio del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada el doce de abril de dos mil trece, pues su redacción es similar al artículo 107, fracciones II y III, de la ley vigente de la materia, por lo que se estima que continúa siendo aplicable para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos derivados de procedimientos seguidos en forma de juicio, ante autoridades diversas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por otra parte, por cuanto hace a los actos emitidos dentro de procedimientos seguidos en forma de juicio, que sean de imposible reparación, conviene traer a cuenta que nuestro Alto Tribunal, al analizar el supuesto similar previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, aplicable a los actos dentro de juicio que sean de imposible reparación. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues el artículo 107 fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procesales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En ese sentido, el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 370/2017, en sesión del treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que analizó lo relativo a la negativa de llamar a juicio a un tercero interesado, y de la cual emitió la jurisprudencia P./J. 7/2019 10a., der rubro: DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, delimitó el concepto de actos de imposible reparación, pues en la ejecutoria relativa estableció las premisas siguientes: Para ser calificados como actos de imposible reparación, es necesario que los actos emitidos dentro de juicio: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de sustantivos En ese sentido, se precisó como requisito necesario para actualizar un acto de imposible reparación, que las consecuencias de los actos intraprocesales sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que tal afectación debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase el ámbito procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Finalmente, precisó que no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Ahora, debe destacarse que el mismo Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País ha sostenido que cuando el acto reclamado sea emitido dentro de juicio y no sea de imposible reparación, es factible desechar una demanda de amparo, pues en ese caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo plasmó en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto. Con base en el marco jurídico expuesto, es posible advertir que el acto reclamado tiene como efecto, dar continuidad al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ********************, por lo que no actualiza los requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues no se trata de la resolución definitiva, es decir, aquella que la resuelve, ni actualiza una afectación irreparable sobre algún derecho sustantivo, debido a que no impide de forma actual el ejercicio de algún derecho por parte del quejoso. En todo caso, los actos reclamados sólo pueden implicar una infracción de derechos adjetivos, los cuales ni siquiera podrían trascender en el resultado del fallo, pues no impide que en el procedimiento administrativo de origen, seguido en forma de juicio, se pueda emitir una resolución favorable a los intereses de la justiciable, entonces se tornaría irrelevante el hecho de que se hubiera recibido el expediente, se hubiera admitido a trámite dicho procedimiento de responsabilidad administrativa, y se hubiera verificado que la falta descrita en el informe de presunta responsabilidad administrativa fuera considerada como grave y no correspondiera a una falta grave diversa. Por el contrario, en caso de que la resolución definitiva que en su caso se emita en ese procedimiento, resulte adversa a sus intereses, entonces la posible afectación que aduce resentir, sería reclamable como violación procesal en el diverso juicio amparo que en su caso se promueva en contra de esa resolución -una vez agotado el recurso ordinario que resulte procedente-, en el que, de concederse el amparo, podría tener por efecto reparar la afectación que resiente la parte quejosa; de ahí que sea posible considerar que se trata de una violación de reparación posible, precisamente por no afectar derechos sustantivos. Por lo anterior, dado que la resolución reclamada no afecta algún derecho sustantivo, no constituye un acto dictado en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que denota que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Resulta ilustrativa al caso, la tesis II.1o.4 A 10a, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que establece lo siguiente: RESOLUCIONES INTRAPROCESALES, INTERMEDIAS O DE TRÁMITE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO SI CAUSAN UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 22/2012 10a. El artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, que establecía los supuestos en que procedía el juicio de amparo indirecto, es similar y tiene cierta equivalencia con el precepto 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013; sin embargo, en cuanto al procedimiento administrativo no jurisdiccional seguido en forma de juicio, en el nuevo texto se añadió una modificación sustancial, que lleva a establecer que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 10a, es inaplicable a los asuntos tramitados conforme a sus disposiciones. Lo anterior es así, porque en términos de la ley anterior, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo podía tramitarse, tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en ésta y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la legislación abrogada. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro del juicio, debía hacerse extensivo a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de modo que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de trámite, emitidas en los referidos procedimientos administrativos (no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta la resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al quejoso afectaciones o perjuicio de imposible reparación. Con ese mismo criterio de interpretación, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia inicialmente referida, analizó la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto. Sin embargo, se reitera, esta última tesis es inaplicable a los juicios de amparo tramitados conforme a la ley de la materia actual, toda vez que en su artículo 107, fracción III, inciso b), se regula expresamente a diferencia de la ley anterior, la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, cuando se trate de actos de imposible reparación. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por********************. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, quien tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se autorizan para los efectos de oír y recibir notificaciones a las demás personas citadas en el escrito de cuenta. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: 1. Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". 2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. 3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea., y en su caso, recibir las notificaciones que les correspondan. Integración y consulta del expediente electrónico. Hágase del conocimiento a las partes que, con motivo del Acuerdo General del pleno del consejo de la judicatura federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se reformó y adicionó el diverso Acuerdo General 12/2020 que regula el expediente electrónico, para establecer, en esencia, que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, únicamente existe obligación de integrar al expediente físico, los documentos recibidos de esa forma -previa digitalización-, por lo que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para su consulta, de ahí que las partes deberán solicitar dicha autorización; en la inteligencia que este juzgado dispondrá de un equipo de cómputo para que las partes que acudan presencialmente, puedan consultarlo en su versión electrónica. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia: Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Documentación confidencial. Finalmente, se informa a la parte quejosa que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibidas que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

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