Miguel Monárrez Piñera

Expediente 444/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
444/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Miguel Monárrez Piñera
  • Juez Sexto Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, y atendiendo que no obran documentos originales, por lo que, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Monárrez Piñera, contra actos del Juez Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y Oficial Notificador, Irma Elia Hernández Pichardo, adscrita a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, que hacen consistir en: "IV.- Acto reclamado.- De la autoridad ejecutora El incumplimiento de lo ordenado dentro de la sentencia en el expediente 1145/21 del Juzgado Sexto Civil por Audiencias de este Distrito Judicial Bravos, precisamente en su resolutivo Cuarto el cual a la letra dice: "("CUARTO. Se condena a Eduardo Moreno Munguía, a la desocupación del inmueble ubicado en Calle Gabriel García Márquez número 6132 del Fraccionamiento Infonavit Casas Grandes; toda vez de que el término que se le concedió en la diligencia de fecha (sesenta días), quince de febrero del dos mil veintidós, cuando se le emplazo en el juicio, ya concluyó. En caso de no entregarlo de manera voluntaria en un término de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria esta resolución, se procederá la desocupación y entrega aplicándose de los medios de en ejecución de la presente sentencia inmueble a la actora, para tal efecto túrnense los autos a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores para este Distrito Judicial Bravos, para que dé cumplimiento a la presente resolución.)." y que luego de que esta causara ejecutoria en auto de fecha 19 de enero del presente año se ordenara la ejecución de la misma, pues la autoridad responsable razonó sin motivación jurídica alguna que suspendería la ejecución de la sentencia aludida, en razón de que en el acto le presentan unas copias certificadas relativas al juicio ordinario civil, motivo por el cual argumenta no fue posible llevar a cabo dicha diligencia, luego entonces causó agravio al suscrito con tal conducta. De la autoridad ordenadora El acuerdo de fecha 03 de abril, publicado en lista el 04 de abril todos del año en curso, y el cual a la letra dice: ("A sus Autos el escrito del cual diera cuenta la Secretaría; visto lo solicitado, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que, de la constancia actuarial de fecha veintisiete de febrero del dos mil veintitrés, toda vez que al constituirse el C. Oficial Notificadora y Ministro Ejecutora Licenciada Irma Hernández Pichardo, en el domicilio del inmueble objeto del presente juicio, y siendo atendida por el C. [Eduardo Moreno Munguía] quien se identificó con credencial para votar con fotografía con clave [MRMNED79080508H400], informa a dicha funcionaria que él mismo se encuentra en posesión y es el propietario del inmueble objeto del presente juicio, dicho que se encuentra colmado con las copias certificadas expedidas por el Licenciado Alessio Arrayales Duarte, Secretario Judicial Adscrito a este Tribunal de la sentencia definitiva de fecha seis de enero del dos mil veintidós, misma que causó ejecutoria en fecha diez de febrero del dos mil veintidós." Al efecto, fórmese expediente y regístrese con el número 444/2023-V-B, en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; conclusión a la que se arriba, de acuerdo con las puntualizaciones siguientes. De la lectura detenida de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa instó la protección constitucional en contra del auto de tres de abril del dos mil veintitrés, emitido en el expediente 1145/21, del índice de la responsable, en el que el A quo atendiendo a lo peticionado por la parte quejosa, en el sentido de que se ordenara la ejecución forzosa de la sentencia dictada en el referido juicio, indicó que no había lugar a acordar de conformidad lo peticionado, toda vez que, de la constancia actuarial de fecha veintisiete de febrero del dos mil veintitrés, se advierte que al constituirse la Oficial Notificadora y Ministro Ejecutora Licenciada Irma Hernández Pichardo, en el domicilio del inmueble objeto del juicio de origen, y siendo atendida por Eduardo Moreno Munguía, quien se identificó con credencial para votar con fotografía con clave MRMNED79080508H400, le informó a dicha funcionaria que él mismo se encuentra en posesión y es el propietario del inmueble objeto del citado juicio, dicho que se encuentra colmado con las copias certificadas expedidas por el Licenciado Alessio Arrayales Duarte, Secretario Judicial Adscrito al tribunal responsable, de la sentencia definitiva de fecha seis de enero del dos mil veintidós, , emitida juicio oral ordinario civil 523/21 (acción de prescripción positiva), del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido por Eduardo Moreno Munguía, en contra de Guillermo Mejía Hernández, misma que causó ejecutoria en fecha diez de febrero del dos mil veintidós. Por su parte, los señalados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo. 107. El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.". Del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede contra determinaciones de los tribunales judiciales, cuando se trata de la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución, salvo que el acto de ejecución afecte de manera directa los derechos sustantivos, pues en este caso se surte una excepción a la regla general. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, específicamente en el cumplimiento de ejecución de sentencia. Lo cual significa que las violaciones sufridas en la fase ejecutiva, pueden ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución en dicha etapa, siendo en el caso, aquella en donde se apruebe o reconozca el cumplimiento total dado a la sentencia ejecutoriada que obra en el juicio natural, o en la cual en todo caso se determine la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, con lo que se evita el abuso del juicio de garantías biinstancial; pues de lo contrario, pese a la existencia de una sentencia, el procedimiento natural aun siendo de orden público, se vería obstaculizado, contraviniendo entonces al interés de la sociedad en la prosecución y culminación de los procedimientos judiciales. Ahora bien, del concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que se entiende aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; según se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por lo que, si el referido procedimiento culmina con la determinación que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o la declaración de imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, resulta inconcuso que todas aquellas violaciones que se cometan en el procedimiento de ejecución, podrán combatirse en el juicio de amparo indirecto, hasta que culmine, lo anterior en congruencia con las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, específicamente conforme al artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. En el caso, se reitera, el acto que se reclama por el quejoso consiste en el auto de tres de abril del dos mil veintitrés, emitido en el expediente 1145/21, del índice de la responsable, en el que el A quo atendiendo a lo peticionado por la parte quejosa, en el sentido de que se ordenara la ejecución forzosa de la sentencia dictada en el referido juicio, indicó que no había lugar a acordar de conformidad lo peticionado, toda vez que, de la constancia actuarial de fecha veintisiete de febrero del dos mil veintitrés, se advierte que al constituirse la Oficial Notificadora y Ministro Ejecutora Licenciada Irma Hernández Pichardo, en el domicilio del inmueble objeto del juicio de origen, y siendo atendida por Eduardo Moreno Munguía, quien se identificó con credencial para votar con fotografía con clave MRMNED79080508H400, le informó a dicha funcionaria que él mismo se encuentra en posesión y es el propietario del inmueble objeto del citado juicio, dicho que se encuentra colmado con las copias certificadas expedidas por el Licenciado Alessio Arrayales Duarte, Secretario Judicial Adscrito al tribunal responsable, de la sentencia definitiva de fecha seis de enero del dos mil veintidós, , emitida juicio oral ordinario civil 523/21 (acción de prescripción positiva), del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido por Eduardo Moreno Munguía, en contra de Guillermo Mejía Hernández, misma que causó ejecutoria en fecha diez de febrero del dos mil veintidós. Es de indicarse que tal determinación no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sin que sea manifiesto que se afecte de manera directa un derecho sustantivo del promovente, por lo que, en todo caso es una cuestión que tiende al cumplimiento de la sentencia, es decir son actos realizados durante la etapa de ejecución, los que se reiteran, que no constituyen la última determinación en la misma. Siendo aplicable la Jurisprudencia P./J.24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, bajo el número 189, página 154, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual manera, cobra aplicación, la Tesis P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, Novena época, página 9, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Así como la tesis P. LVIII/2004, de igual forma sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, Novena época, página 10, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". Sirve de apoyo, la tesis 177, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Quinta Época, página 145, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". En tal orden de ideas, toda vez que la acción de amparo es improcedente, porque contrario a lo que se afirma en la demanda, los actos que se combaten no constituyen una transgresión al derecho a la legalidad que reclama la parte quejosa, pues como se dijo dicho acto es, el auto de tres de abril del dos mil veintitrés, emitido en el expediente 1145/21, del índice de la responsable, en el que el A quo atendiendo a lo peticionado por la parte quejosa, en el sentido de que se ordenara la ejecución forzosa de la sentencia dictada en el referido juicio, indicó que no había lugar a acordar de conformidad lo peticionado, toda vez que, de la constancia actuarial de fecha veintisiete de febrero del dos mil veintitrés, se advierte que al constituirse la Oficial Notificadora y Ministro Ejecutora Licenciada Irma Hernández Pichardo, en el domicilio del inmueble objeto del juicio de origen, y siendo atendida por Eduardo Moreno Munguía, quien se identificó con credencial para votar con fotografía con clave MRMNED79080508H400, le informó a dicha funcionaria que él mismo se encuentra en posesión y es el propietario del inmueble objeto del citado juicio, dicho que se encuentra colmado con las copias certificadas expedidas por el Licenciado Alessio Arrayales Duarte, Secretario Judicial Adscrito al tribunal responsable, de la sentencia definitiva de fecha seis de enero del dos mil veintidós, emitida juicio oral ordinario civil 523/21 (acción de prescripción positiva), del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido por Eduardo Moreno Munguía, en contra de Guillermo Mejía Hernández, misma que causó ejecutoria en fecha diez de febrero del dos mil veintidós; Acto el cual, el cual se insiste, que del análisis de la demanda de amparo, se estima, contrario a lo expuesto por el amparista, que no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia emitida en el expediente 1145/2021, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; además es de indicarse que, la legislación respectiva, le concede medios de impugnación correspondientes; por lo que, como se precisó, de acuerdo a los antecedentes del acto que se combate vía amparo indirecto, se trata de un acto intraprocesal llevado a cabo en la etapa de ejecución de sentencia, en donde se itera no se reclama la última resolución. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia invocada al inicio de este apartado, de modo manifiesto e indudable; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la propia Ley, se desecha de plano la demanda que se intenta. Se invoca por analogía la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Asimismo, apoya a lo antes determinado la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Melquiades Alanís, 5808, Colonia Partido Días, de esta ciudad; y se tiene por autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Fraire, Oscar Gerardo Bañuelos y Sandra Cristina Jaquez Arriata, siempre y cuando acrediten tener cedula profesional, y para recibir toda clases de documentos a Luis Carlos González Arellano y Perla Lizeth Meraz Rodríguez. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Fórmese el expediente electrónico en términos del artículo 3, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y de conformidad los numerales 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Para tal efecto se instruye a la oficial de partes, actuarios y secretarios que incorporen al expediente electrónico todas las constancias que reciban y generen con motivo de sus funciones, debidamente firmados con su firma electrónica FIREL, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que el aplicativo institucional de firma electrónica no está autorizado para incorporar actuaciones al expediente electrónico, pues el SISE cuenta con los mecanismos para plasmar dicha firma. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; debiendo la Secretaria con quien se actúa, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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