Miguel Ibarra Durán
Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Miguel Ibarra Durán
- Agente del Ministerio Público Federal que participa en la Causa Penal 654/2021
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
QUEJOSO: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Miguel Ibarra Durán y Mónica Isabel Orozco Pedroza, respecto de los actos que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, por las razones precisadas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a los quejosos, mediante por oficio a la autoridad señalada como responsable y al Agente del Ministerio Público Federal. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, hasta hoy veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 670/2021-II, promovido por Miguel Ibarra Durán y Mónica Isabel Orozco Pedroza, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal de Ciudad Juárez, Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en la misma fecha ante este juzgado por razón de turno, Miguel Ibarra Durán y Mónica Isabel Orozco Pedroza, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal de Ciudad Juárez, consistente en: El auto de vinculación a proceso dictado el veinte de agoto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 654/2021, emitido por el hecho ilícito de contra la salud en la modalidad de posesión de Cannabis Sativa L., con la finalidad de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, del Código Penal Federal y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, establecido y penado en el precepto 83 Quat, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que en la demanda se estiman vulnerados. Los peticionarios del amparo señalan como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 670/2021-II; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad que corresponde a la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado el veinte de agoto de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 654/2021, emitido por el hecho ilícito de contra la salud en la modalidad de posesión de Cannabis Sativa L., con la finalidad de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, del Código Penal Federal y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, establecido y penado en el precepto 83 Quat, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en su carácter de Juez de Control, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado y en apoyo a su informe, envió registro audio y video de la audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de realizar una audiencia especial de reproducción de su contenido e incluso, durante el trámite de este juicio se dio vista a las partes a fin de brindarles certeza jurídica, por lo que se tiene por cierto el acto que se impugna de inconstitucional. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En las constancias del expediente obra el oficio y anexos remitidos por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, por medio del cual informó y remitió a este Juzgado, la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal 654/2021, instruida en contra de los imputados Miguel Ibarra Durán y Mónica Isabel Orozco Pedroza, en la cual se resuelve a través del procedimiento abreviado aceptado por los aludidos quejosos, en la cual se les declaró penalmente responsables de los ilícitos de contra la salud en la modalidad de posesión de Cannabis Sativa L., con la finalidad de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, del Código Penal Federal y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, establecido y penado en el precepto 83 Quat, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se les condenó a la pena de cuatro años de prisión y multa de setenta y cinco unidades de medida de actualización, equivalente a $6,721.00 (seis mil setecientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional); se les concedió el beneficio de condena condicional, a que se refiere el artículo 90 del Código Penal Federal; no se les condenó a la reparación del daño; se ordenó su amonestación y el decomiso de los objetos del delito. La sentencia quedó firme el día en su emisión porque las partes renunciaron al recurso de apelación; consecuentemente, en ese tenor, que hace necesario proveer al respecto. En ese orden de ideas, se estima que en la especie ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, lo anterior, se reitera, que a virtud de que el uno de diciembre de dos mil veintiuno, en audiencia de procedimiento abreviado se emitió el fallo en que se declaró penalmente responsable a los aquí quejosos, concluyendo el juicio en sentencia, por tanto, quedó sin efectos el auto de vinculación a proceso, pues ya no hay materia sobre la cual se pueda analizar, ya que la sentencia emitida en su contra a través del procedimiento abreviado quedó firme. En esa tesitura, lo expuesto con antelación evidencia que fue voluntad de los aquí quejosos concluir el proceso penal a través del procedimiento abreviado para el dictado del fallo, lo cual debe entenderse así para todos los efectos legales. Apoya lo aquí razonado el criterio sostenido en la Contradicción de tesis de la cual derivó la jurisprudencia referida por el juez de la causa, esto es, la número 1a./J. 33/2017 (10a.), con registro electrónico 2014495, materia común, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el dieciséis de junio del año en curso, la cual establece lo siguiente: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que fue voluntad de los peticionarios del amparo concluir el proceso penal a través el procedimiento abreviado como mecanismo alternativo para el dictado del fallo definitivo, quedó sin materia el análisis de los actos aquí reclamados, por lo cual se estima pertinente sobreseer el presente juicio de amparo, por lo que ve al acto materia de reclamó en el controvertido juicio constitucional en que esto se resuelve. Por lo expuesto y fundado, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Miguel Ibarra Durán y Mónica Isabel Orozco Pedroza, respecto de los actos que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, por las razones precisadas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a los quejosos, mediante por oficio a la autoridad señalada como responsable y al Agente del Ministerio Público Federal. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, hasta hoy veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo remitidos por el Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en Funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, agréguese a sus autos para que obren como legalmente corresponda, y téngasele informando el contenido de la sentencia dictada dentro de la causa penal 654/2021, de su índice. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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