Miguel Luciano May
Expediente 1936/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 36 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1936/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Miguel Luciano May
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se colige que, mediante circulares 006/2020-CM y 007/2020-CM de ocho y diez de noviembre de la presente anualidad, respectivamente, se suspendieron de manera total las actividades jurisdiccionales en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales federales pertenecientes al décimo circuito, con residencia en esta ciudad y se declaró como días inhábiles del nueve al trece de noviembre del año que transcurre; por tanto, se reanudan los términos de ley y se acuerda lo siguiente: Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de uno de octubre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. En otro orden de ideas, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, toda vez que el mismo se ubica en el supuesto que alude el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del indicado acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Dese vista con lo acordado en este auto en los cuadernos del incidente de suspensión que derivan del presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Incidental
Visto el estado de autos, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El original del incidente de suspensión es depurable, en atención a que se negó y concedió la suspensión definitiva. Por lo que, previo transcurso del plazo de tres años procédase a su depuración. Transcurrido el plazo de seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido al quejoso ********** en el goce de sus derechos violados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ***********, contra el acto que reclamó al Director General de los Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y otras autoridades, para los efectos siguientes: "1.Dejen insubsistente el oficio **********, de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, así como la diversa comunicación *********** y el acta administrativa, de veintidós de ese mismo mes y año, mediante los cuales se notificó dicha determinación. 2. Dicten las medidas necesarias para restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación examinada, esto es, para que restituyan el pago del "bono de compensación" en favor del quejoso ********************, desde el momento en que ilegalmente le fue suspendido, con motivo del oficio tildado de inconstitucional en la presente resolución." La sentencia dictada en el presente juicio, fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, mediante ejecutoria de tres de junio de dos mil veinte, pronunciada dentro del juicio de amparo en revisión ******************** de su estadística. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. El Fiscal General del Estado de Tabasco, Director General Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Director de Recursos Financieros de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, allegaron copia certificada de los oficios ******************** de uno de septiembre de la presente anualidad, por medio del cual, el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, ordenó dejar insubsistente los diversos ******************** y ********************, así como el ******************** de tres de septiembre siguiente, suscrito por el Director General Administrativo, mediante el cual, da cumplimiento a lo solicitado. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Análisis Evaluativo Así, del análisis de la constancia remitida por la responsable, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en razón a que la autoridad responsable realizó lo siguiente: Mediante oficio ******************** de uno de septiembre de la presente anualidad, el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, ordenó dejar insubsistente los diversos ******************** y ********************. Posteriormente, el Director General Administrativo, mediante oficio ******************** de tres de septiembre siguiente, dejó insubsistentes los diversos los diversos ******************** y ********************, así como el acta administrativa de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Asimismo, ordenó la restitución al aquí quejoso de la cantidad de ********************, suma total correspondiente al periodo que comprende desde noviembre de dos mil dieciséis, hasta marzo de dos mil dieciocho, la cual, resultó luego de aplicar los impuestos relativos al (ISR), así como los descuentos correspondientes a la pensión alimenticia derivada del expediente ******************** del índice del Juzgado Tercero Familiar del Primer Distrito Judicial Centro, Tabasco. Además, continuó con el pago de la compensación correspondiente a partir del mes de marzo de dos mil dieciocho, De lo anterior, se colige que, en el caso, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que dicha determinación implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora bien, la parte quejosa mediante escrito de veintidós de septiembre de la presente anualidad, manifestó entre otras cosas, que el impuesto sobre la renta (ISR), comenzó aplicarse a partir de abril de dos mil dieciocho, con motivo de la reforma fiscal, por tanto, no debió aplicársele en el periodo de noviembre de dos mil dieciséis a marzo de dos mil dieciocho. Sin embargo, las deducciones de ley por concepto de impuestos, no fueron materia de estudio al momento de resolver sobre el presente juicio de amparo, pues esa facultad únicamente es obligación de la parte patronal, por corresponderle el carácter de responsable auxiliadora a la administración pública en la recaudación de impuestos, lo que se corrobora, con el hecho de que no es requisito para tener por cumplida una sentencia, que el patrón exhiba en la fase de ejecución del juicio la constancia de que enteró a la autoridad hacendaria la cantidad que retuvo por el concepto del impuesto sobre el producto del trabajo, así como el impuesto sobre la renta, ya que no es a la autoridad jurisdiccional a quien le compete vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ni examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con clave 2ª./J.136/2007, localizable en la página 543, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN. Conforme a los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo." Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; por lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de la impetrante de garantías este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese y; personalmente al quejoso.
- Incidental
Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por **** en su carácter de autoridad responsable en el presente asunto, mediante el cual en cumplimiento al auto de **** informa que ordenó a la *** de dicha dependencia para que no suspenda ni retenga el pago del bono de desempeño conocido como compensación al quejoso.
Quedan 32 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes
- Miguel José Chirinos Silva11/2019
- Miguel Juárez Casas1930/2019
- Miguel Lastra Macosay1784/2017
- Miguel Lazaro Almeida217/2023
- Miguel López García1821/2017
- Miguel López Madrigal793/2022
- Miguel Marquez Ruiz1311/2017
- Miguel Martinez Mendez805/2017
- Miguel Martinez Mendez223/2018
- Miguel Martinez Mendez482/2020
- Miguel Martinez Mendez1911/2019
- Miguel Maury Campero847/2023