Miguel Lastra Macosay

Expediente 1784/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 42 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1784/2017
Año
2017
Actuaciones
42
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • Fiscal General de Justicia del Estado de Tabasco
  • Miguel Lastra Macosay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Vista la cuenta***** téngase por recibido el oficio signado por **** en atención a su contenido, intégrese a los autos para que obre como corresponda, sin hacer mayor pronunciamiento en virtud, de que en proveído de ***** se declaró cumplida la sentencia y se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Cúmplase.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos sin mayor proveer el telegrama remitido por ***** lo anterior, en virtud de que el **** se tuvo por cumplida la sentencia emitida en este juicio de amparo por lo que se ordenó el archivo definitivo. cúmplase.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término concedida a la parte quejosa, en relación al cumplimiento realizado por la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Penal de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto, por lo que se procede al análisis respectivo. Antecedente en relación al cumplimiento. El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Miguel Lastra Macosay, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada en el párrafo inmediato anterior, para los efectos que en seguida se sintetizan: a). Deje sin efectos la orden de aprehensión librada el cinco de octubre de dos mil diecisiete. b). En su lugar emita una nueva en plenitud de jurisdicción, ya sea en el mismo sentido o en otro diverso, pero haciendo un estudio pormenorizado de los componentes del delito que se le atribuye a la parte quejosa, así como valorando las pruebas que los acrediten, evidentemente tomando en cuenta la posesión de lo semovientes. FIRMEZA DE LA SENTENCIA Resolución constitucional que fue recurrida por Celestino Fernández Gutiérrez y el agente de Ministerio Público adscrito, terceros interesados, recurso de revisión que resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, el cual el quince de julio de dos mil diecinueve, confirmó la sentencia recurrida (fojas 640 a 658). Actos de la autoridad en relación con el cumplimiento de la sentencia 1. Mediante oficio 1916 la autoridad responsable adjuntó copia certificada de la resolución dictada el veintidós de julio de dos mil diecinueve, emitida en los autos de la causa penal 237/2017 de su índice, con la cual informó a este órgano constitucional que daba cumplimiento a lo indicado en la sentencia constitucional mencionada en el párrafo anterior (fojas 142 a 151), documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral. Vista con el cumplimiento. Por acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinuevese ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; transcurrido el término concedido a dicha parte sin que hubiera desahogado la vista en comento; por lo que este Juzgador procede a pronunciarse sobre el cumplimiento a que se refiere la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. Robustece lo anterior, la Tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Análisis evaluativo Ahora, de un estudio de las constancias que remitió la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Penal de Primera Instancia, se advierte que cumplió con los lineamientos precisados en el fallo protector por las consideraciones siguientes: Mediante oficio número 1916, recibido en acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Penal de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del proveído dictado el veintidós de julio del mismo mes en la causa penal número 237/2017, por el que dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el cinco de octubre de dos mil diecisiete. Asimismo, valoró las pruebas y expresó los razonamientos por los cuales concluyó que no se encontraban reunidos los requisitos torales exigidos por el artículo 16 constitucional, por lo cual determinó negar la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal de Ministerio Público en contra del aquí quejoso, como probable responsable del delito del delito de abigeato (en la modalidad de compra), previsto y sancionada en los artículos 181 y 183 en relación al 10 primer párrafo del Código Nacional Vigente del Estado de Tabasco. De igual manera, las responsables ejecutoras Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Vicefiscal de Delitos Comunes en ausencia del Fiscal General del Estado de Tabasco, respectivamente informaron que se abstendrían de ejecutar la orden de captura combatida. De lo antes expuesto, se puede concluir que se cumplió con los efectos del fallo protector; por ende, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones. Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El juicio principal es depurable, dado que en el mismo se concedió la protección constitucional. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su depuración. El presente expediente carece de relevancia documental. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es depurable, y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Vista a los cuadernos incidentales Finalmente, en virtud que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Por otro lado, agréguese a los autos el telegrama enviado por el Fiscal del Ministerio Publico Investigador en Balancan, Tabasco, mediante el cual informa los actos tendentes a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; tómese conocimiento de lo anterior para los efectos conducentes a que haya lugar. Publicación de datos personales Finalmente, atento a que las partes no realizaron manifestación alguna, respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo pidan conforme al procedimiento de acceso a la información; siendo facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar cuándo se presente una solicitud sobre dicha publicación de datos personales, así como también si las pruebas o constancias del juicio, deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados; lo anterior, de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; y al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense el presente cuaderno original del incidente de suspensión; tomando en consideración que el ocho de febrero de dos mil diecinueve, se destruyó el duplicado del incidente de suspensión derivado del juicio 1784/2017-V. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El original del incidente de suspensión es depurable, en atención a que por una parte se concedió y por otra se negó tanto la suspensión provisional como definitiva en el presente incidente de suspensión. El presente expediente carece de relevancia documental. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase el original al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Pedro José Zorrilla Ricárdez, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, ante David Jonathan Rodríguez Cruz, secretario de Juzgado, con quien legalmente actúa y da fe.

Quedan 38 actuaciones en este expediente

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