Miguel Hernández García

Expediente 737/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
737/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Miguel Hernández García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el oficio enviado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular Unidad de Investigación y Litigación 3, en auxilio del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Novena Investigadora, ambos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía de Control Competencial, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, informa que dicha intimación ya fue desahogada en sus términos, motivo por el cual solicita se deje sin efectos el apercibimiento con el que fue conminada. Atento a lo anterior, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta, tomando en consideración que por auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogado dicho requerimiento y se ordenó dejar sin efectos el apercibimiento decretado a la autoridad oficiante. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por ----------, por propio derecho y como representante de la empresa ---------, Sociedad Anónima de Capital Variable, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso a, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . En este sentido, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES DESTRUIBLE, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó en el juicio de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En diverso aspecto, con relación a los documentos que la parte quejosa exhibió, con fundamento en el citado artículo 21 del acuerdo general, se dejan a su disposición, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Novena Investigadora adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, remitió como complemento a su informe justificado copias certificadas de las constancias que obran en la carpeta de investigación FED/MEX/NAU/0003308/2016, en un disco compacto, toda vez que no es necesaria su retención devuélvanse a su lugar de origen. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el plazo de tres días computados legalmente acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a dicha responsable, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Se pone a disposición de la autoridad requerida, el correo electrónico luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace de su conocimiento el número telefónico del Secretario encargado del asunto, Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo 5553870500, extensión 1385, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el oficio enviado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Novena Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, por medio del cual solicita copia del escrito de demanda, a efecto de rendir su informe correspondiente. Atento a lo anterior, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta, tomando en consideración que por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo rendido el informe justificado de la oficiante, aunado a que el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 737/2020-IV, promovido por -------------------, por propio derecho y en representación de la moral -------------------, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Fiscalía General de la República y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este juzgado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que se indican: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: c) PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en su carácter de ordenadora. d) MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en la cual se tramita la carpeta de investigación. IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ordenadora PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA se reclama: d) La falta de notificación y emplazamiento al hoy quejoso -------------------, dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/-------------------. e) La falta de notificación y emplazamiento al hoy quejoso -------------------, S.A. DE C.V., representada por el también quejoso ------------------- dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/-------------------. f) Todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de la tramitación a mis espaldas del procedimiento en comento, así como en su caso la sentencia que se haya dictado en dicho procedimiento y la ejecución de la misma que pudiera ordenarse. De la autoridad responsable ejecutora MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el cual desconozco en donde se encuentre radicada la averiguación previa incoada en contra de los quejosos, se reclama: c) La falta de notificación a los quejosos al procedimiento penal incoado en nuestra contra por los actos que pueden ser considerados como ilícitos en los autos de la carpeta de investigación FED/MEX/-------------------. d) La orden o convalidación del bloqueo de las cuentas bancarias que se detallan en el cuerpo de esta demanda de garantía en el capítulo de antecedentes. " SEGUNDO. Este juzgado en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, registró la demanda de amparo con el número de expediente 737/2020-IV y, la admitió a trámite, razón por la que se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Finalmente, una vez integrado el juicio de amparo, se celebró la audiencia constitucional conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio: Del Fiscal General de la República y Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Novena Investigadora adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. La abstención de citar a la parte quejosa a la carpeta de investigación FED/MEX/-------------------, de la que actualmente conoce el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Novena Investigadora adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Novena Investigadora adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. El bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa. TERCERO. El Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, en suplencia del Fiscal General de la República, al momento de rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. En mérito de lo anterior, debe precisarse que el acto reclamado a la autoridad señalada es de naturaleza omisiva -abstención de citar a la quejosa a la carpeta de investigación-, por consiguiente, para estar en aptitud de establecer la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, con independencia de lo expuesto en su informe justificado, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y tres, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." Pues bien, en su informe el Fiscal General de la República, refirió que preside al agente del ministerio público de la Federación; sin embargo, para el despacho de los asuntos que competan a la fiscalía, se auxiliaran de los agentes del ministerio público de la Federación, actualmente denominado Fiscales, quienes acorde con lo señalado en los artículo 21 y 102, apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 11 y 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, tienen delegada la facultad de investigar y determinar lo conducente en la carpeta de investigación; preceptos normativos que señalan lo siguiente: Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. . Artículo 102. B. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Artículo 9. Facultades de los órganos fiscales Los órganos que ejercen la función fiscal tendrán las siguientes facultades: I. La persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; II. Solicitar las medidas cautelares contra los imputados; III. Buscar y presentar los medios de prueba que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; IV. Procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; V. Pedir la aplicación de las penas; VI. Intervenir en todos los asuntos que la ley determine; VII. Ejecutar los lineamientos de la política y Plan de Persecución Penal dictados por la persona titular de la Fiscalía General de la República; VIII. Conducir legalmente la investigación de los delitos, ejercer la acción penal y abstenerse o desistirse de ésta, de acuerdo con las leyes aplicables; IX. Dirigir funcionalmente a las policías en lo concerniente a la investigación de los delitos; X. Solicitar y efectuar actos de investigación, dentro o fuera del territorio nacional, conforme al principio de libertad probatoria; XI. Garantizar la protección de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales, en el marco de la legislación vigente, por sí o en coordinación con otras entidades públicas o privadas; XII. Intervenir para garantizar el pleno cumplimiento de las resoluciones judiciales en los términos establecidos por la legislación nacional de ejecución penal; XIII. Requerir y coordinar la cooperación y coadyuvancia necesaria de instituciones públicas y privadas, en la conducción legal de la investigación y ejercicio de la acción penal; XIV. Garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas vinculadas con las investigaciones, con independencia de su situación jurídica, así como de las víctimas del delito; XV. Aplicar los estándares, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, así como el enfoque diferencial y especializado, en las investigaciones y procesos penales; XVI. Aplicar los protocolos de investigación que les competan; XVII. Informar a las personas extranjeras, especialmente a quienes sean migrantes, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional sobre los derechos que les asisten en materia de apoyo consular en los casos que se requiera, de retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional y, en su caso, de solicitar la condición de visitante por razones humanitarias, la condición de persona refugiada o protección complementaria, así como requerir a la autoridad competente un informe de las acciones que haya realizado respecto de su canalización a las instituciones públicas o privadas especializadas para brindarles la atención correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; XVIII. Ejercer todas aquellas funciones que establezcan las leyes procesales o especiales, así como las que disponga la persona titular de la Fiscalía General a través de la normatividad interna, en el ámbito de su competencia; XIX. Acceder de conformidad con la legislación aplicable a la información, documentos, registros físicos y electrónicos en poder de las instituciones públicas y privadas; XX. Citar a los servidores públicos para la realización de actuaciones y diligencias relacionadas con la investigación o el proceso en términos de la legislación aplicable, y XXI. Las demás que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes en la materia. . Artículo 11. Órganos a cargo de la función fiscal La representación de la Fiscalía General de la República corresponde a los siguientes órganos: I. Titular de la Fiscalía General de la República; II. Titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; III. Titulares de las Fiscalías Especializadas; IV. Titular de la Coordinación de Investigación y Persecución Penal; V. Titular de la Coordinación General, en sustitución o suplencia del Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, y VI. Fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento. . Artículo 19. Facultades de la persona titular de la Fiscalía General de la República La persona titular de la Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de los Fiscales y demás órganos de la Fiscalía en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades: I. Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar y evaluar la operación de las unidades administrativas que la integran; II. Representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos de gobiernos locales, federales, nacionales e internacionales; III. Participar en el sistema de atención a las víctimas y ofendidos por la comisión de delitos; IV. Celebrar los convenios de colaboración con el exterior para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y las demás funciones que se requieran; V. Solicitar la colaboración de otras autoridades, así como auxiliar a las que lo soliciten, directamente o por conducto de la Coordinación General, en la persecución de los probables autores o partícipes del hecho delictivo, en los términos que dispongan las leyes, acuerdos, convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados para tal efecto; VI. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; VII. Autorizar los lineamientos y bases del servicio público de carrera de la Institución y de conformidad con la normatividad aplicable; VIII. Nombrar y remover a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los demás Fiscales que considere pertinente, así como otros servidores públicos adscritos a la Fiscalía; IX. Ejercer atracción sobre los asuntos competencia de la Institución, para conocer personalmente o designar la Fiscalía Especializada, Unidad de Investigación o Coordinación que deberá conocer de los mismos; X. Instruir la integración de unidades o equipos especiales para la investigación de casos; XI. Crear coordinaciones, Fiscalías, direcciones, unidades y departamentos, de acuerdo con las necesidades institucionales y con el Plan de Persecución Penal; XII. Presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; XIII. Ofrecer y entregar recompensas, en los casos, términos y condiciones que determine el Reglamento de esta Ley; XIV. Determinar el Plan de Persecución Penal en los términos establecidos en la presente Ley, los criterios generales y prioridades en la investigación de los delitos, así como en el ejercicio de la acción penal; XV. Coordinar acciones y suscribir convenios con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el desarrollo de acciones conjuntas, de fortalecimiento institucional y de cumplimiento de los fines institucionales; XVI. Representar a la Fiscalía General de la República en las relaciones institucionales con otras entidades u órganos nacionales e internacionales; XVII. Promover la celebración de tratados, convenios, declaraciones o acuerdos internacionales relacionados con los fines institucionales; XVIII. Decidir sobre la atracción de los casos; XIX. Coordinar a las unidades y órganos de la Fiscalía General de la República en el suministro de información y asegurar su consolidación, consistencia, oportunidad, y confiabilidad para los fines de formulación de la Política de Persecución Penal; XX. Establecer las directrices y controlar los procesos de generación, sistematización y análisis de la información para su óptimo resguardo y aprovechamiento; XXI. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información a fin de apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas de la Fiscalía; XXII. Establecer medios de información sistemática y directa a la ciudadanía, para dar cuenta de sus actividades, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública; XXIII. Tener a su cargo la Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer, que tendrá como objetivo la institucionalización de la perspectiva y transversalidad de género en todas las áreas de la Fiscalía, a través de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación a la cultura institucional a través del diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de las políticas de la Fiscalía y será responsable de coordinar y gestionar acciones con todas las áreas de la Fiscalía General de la República, para incorporar en su actuación, los principios rectores de la igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres; XXIV. Aquellas facultades establecidas en los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Fiscal General de la República, y XXV. Las demás que señala esta Ley, su Reglamento, así como otras disposiciones legales aplicables en la materia. De los preceptos normativos trascritos, en primer lugar, se desprende la facultad constitucional del ministerio público para la investigación de los delitos, figura que deberá recaer en la Fiscalía General de la República. Por su parte, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en el primer artículo transcrito, tenemos las facultades de los órganos fiscales, entre las que destacan: la persecución de todos los delitos del orden federal; la solicitud de medidas cautelares contra los imputados; buscar y presentar los medios de prueba que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito. En el precepto transcrito en segundo término, se advierten los órganos a cargo de la función fiscal, esto es, aquellos que tiene la representación de la Fiscalía General de la República, siendo uno de ellos los fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento. Finalmente, del último artículo señalado, se desprende con claridad las funciones que tiene encomendadas ell titular de la Fiscalía General de la República. De la armonización de los preceptos normativos transcritos, se puede deducir que la titularidad del ministerio público de la Federación, quedará a cargo de la Fiscalía General de la República, encabezada por el Fiscal General, quien para el debido cumplimiento de sus obligaciones se auxiliaran para el ejercicio de la función de fiscal, de los fiscales con nombramiento del Servicio Profesional de Carrera, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento. En ese sentido, se desprenden que la facultad de investigación de los delitos, incluyendo la integración de las carpetas, se encuentra encomendada a los Fiscales con nombramiento, no así al Fiscal General de la República, pues si bien, es el titular del ministerio público de la Federación, lo cierto es que, la propia ley orgánica de la institución, señala quién es el encargado de llevar a cabo la investigación de los delitos; aunado a que de las facultades encomendadas al Fiscal contempladas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, no se desprende expresamente que tenga asignada la función de integrar la carpeta de investigación, consecuentemente, no se encuentra en su potestad citar a la parte quejosa a que comparezca a la carpeta FED/MEX/-------------------, del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Novena Investigadora adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Lo antes expuesto, corrobora las manifestaciones de la responsable en su informe justificado, en el sentido de negar la existencia del acto reclamado, puesto que no se encuentra dentro las obligaciones que la ley le encomienda. Ahora bien, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Novena Investigadora adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, fue omiso en pronunciarse con relación al acto reclamado consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa, no obstante ello, no resulta procedente tenerlo por cierto, ya que si bien el artículo 117 de la Ley de Amparo2, establece como consecuencia jurídica que se tendrá por cierto el acto reclamado, ante la omisión de rendir informe, también lo es que, dicha actuación está condicionada a que no exista prueba en contrario, como en el caso acontece. A efecto de evidenciar lo anterior, de las constancias que integran el 2 Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.... Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. presente juicio de amparo, específicamente de las actuaciones remitidas por la responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Novena Investigadora adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, consistentes en la carpeta de investigación FED/MEX/-------------------, no se desprende alguna orden o mandamiento por parte de la autoridad ministerial a efecto de llevar cabo un bloqueo a cuentas de los ahora quejosos. En efecto, al rendir su informe justificado el agente del ministerio público señaló que, si bien es cierto, se encuentra en curso una investigación, ésta se encuentra en etapa inicial, por lo que los quejosos no han sido citados como imputados, no han sido objeto de algún acto de molestia y, hasta el momento, no se ha pretendido rendir su entrevista. Manifestaciones que este órgano jurisdiccional corrobora con las actuaciones que integran la carpeta de investigación, pues de su contenido se desprende la existencia de una denuncia formulada por Jessica Karina Díaz Núñez, en su carácter de apoderada del Banco del Bajío, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el delito contemplado en el artículo 113 Bis, párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Crédito, contra quienes resultaran responsables, la que se dio inicio el uno de diciembre de dos mil dieciséis, por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación Naucalpan de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de México. Posteriormente, se desprenden actuaciones ministeriales tendentes a allegarse de datos de pruebas, tales como desahogo de periciales, informes a diversas instituciones, documentales agregadas a la carpeta, entre otros; empero, no se advierte algún mandato ministerial que tenga por objeto bloquear alguna cuenta a nombre de ------------------- o -------------------, Sociedad Anónima de Capital Variable. En ese sentido, no resulta procedente tener por cierto el acto consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias de la parte quejosa, reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Novena Investigadora adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, aun ante la omisión de pronunciarse en su informe justificado, pues de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, existe prueba que permite establecer su inexistencia. Resulta aplicable al o anterior la tesis con número de registro 268778, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen VII, Tercera Parte, página nueve, que refiere: "ACTO RECLAMADO. PRESUNCION DE SU EXISTENCIA. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe justificado de la autoridad responsable hace presumir la existencia del acto, salvo prueba en contrario; lo que quiere decir que si en autos existe constancia de que el mismo no era cierto, aunque falte el informe de referencia dicho acto no se puede tener por cierto." En términos de lo antes expuesto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio, respecto de las autoridades y actos señalados en este considerando. CUARTO. Por otra parte, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Novena Investigadora adscrito a la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, al rendir su informe negó la existencia del acto reclamado, consiste en la abstención de citar a la parte quejosa a la carpeta de investigación FED/MEX/-------------------, precisando que no ha citado a los quejosos como imputados a la carpeta de investigación, pues se encuentra en etapa inicial, por lo que está recabando indicios y datos de prueba. En términos de lo anterior, lo conducente es desvirtuar la negativa de actos formulada por la autoridad responsable, pues de sus manifestaciones se desprende que efectivamente no ha citado a comparecer a la parte quejosa dentro de la carpeta de investigación, por los motivos que refiere, acto que precisamente constituye el reclamo en el presente asunto y que será análisis de estudio; de ahí que, lo procedente es que se tenga por cierta la abstención que le es endilgada. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, cuyo contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Circunstancia anterior, que se corroboran con las constancias que el agente ministerial federal remitió, consistentes en la versión digital de la carpeta de investigación FED/MEX/-------------------, contenida en un disco compacto; documental que adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. QUINTO. La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, este juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5°, fracción I, del ordenamiento legal en cita, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) De acuerdo con el precepto apuntado, el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos previstos en la fracción I del artículo 5 de la ley de la materia; esta hipótesis tiene como finalidad que el juicio de amparo se siga a petición de parte agraviada; de manera que, para su procedencia, el particular debe demostrar que un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal se vea afectado por un acto de autoridad, ocasionándole un perjuicio a su titular. En ese contexto, la noción de tal afectación presupone la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado que cuando es vulnerado por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Dicha afectación a su esfera jurídica debe ser real y actual, por referirse a una situación que se está realizando en el momento de promoverse la demanda de amparo, que está pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Federal, establecen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Artículo 102. A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio (.) Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine." Por su parte, los numerales 112, 129 y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 112. Denominación Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. (.) El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; (.). La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. De la interpretación sistemática de las normas transcritas, se desprende que la investigación de los delitos federales corresponde al Ministerio Público de la Federación y por tal razón, tiene el mandato constitucional de realizar las diligencias necesarias a fin de determinar si se cometió un hecho delictivo, establecer a quienes se les puede imputar su ejecución como autores o participes del mismo y determinar, en su caso, si ha lugar o no a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial correspondiente. A su vez, de los artículos transcritos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que la etapa de investigación dentro del proceso penal comprende dos fases: la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación y, la investigación complementaria, que comienza desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Al igual, se hace patente que en la etapa investigación inicial y complementaria, el representante social tiene la facultad exclusiva de designar a qué persona le corresponde el carácter de imputado en una investigación como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, así como, en caso de estimarlo necesario para la investigación, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, ordenar la comparecencia del imputado a fin de que rinda su entrevista respecto de los hechos investigados. Asimismo, disponen que una vez que obren en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y exista la probabilidad de que una persona lo cometió o participó en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del agente del Ministerio Público al ejercitar acción penal, ordenará la citación de ésta en su calidad de imputada para que comparezca a la audiencia inicial, en la que se le hará de su conocimiento la imputación que obra en su contra, los datos de prueba que constan en la investigación y los derechos que le asisten como persona imputada. En el caso, el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la abstención de citar a los quejosos a la carpeta de investigación FED/MEX/-------------------, no causa por sí mismo, un daño o perjuicio al gobernado, pues del estudio de las constancias que obran en autos, se aprecia que el agente del Ministerio Público responsable al rendir su informe justificado manifestó que la carpeta de investigación se encuentra en etapa inicial, en donde se encuentra recabando indicios y datos de prueba, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado y su defensa solo pueden tener acceso a la carpeta de investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado y cuando sea sujeto de un acto de molestia, supuestos que no se han actualizado, pues no efectuado alguno de los actos mencionados, al no haberle reconocido el carácter de imputado dentro de la carpeta señalada. En ese sentido, tanto del informe rendido por la responsable, como de las constancias que integran la carpeta de investigación, se evidencia que no se ha otorgado el carácter de imputados a los quejosos, en términos de lo señalado en el citado artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales, razón por la que la abstención de citarlos a la carpeta, se estima que no afectan sus derechos fundamentales, dado que no se vislumbra la posibilidad de que resulte vulnerado o menoscabado algún derecho fundamental de la parte quejosa. En efecto, tal como se desprende de los artículos previamente transcritos, el ministerio público encargado de la integración de la carpeta, es quien tiene la facultad de establecer a quién le recaer el carácter de imputado, ello, tomando en consideración lo actuado en la investigación respectiva; hecho lo anterior, deberá ordenar que se reciba la entrevista de los imputados, con respeto a los derechos constitucionales que lo amparan y en presencia del defensor, momento en el que tendrán acceso a todos los registros de la investigación, sostener lo contrario, sería invadir las facultades exclusivas del representante social y se correría el riesgo de entorpecer la investigación de los delitos, la cual, es de interés de la sociedad. En ese orden de ideas, la abstención reclamada no afecta de manera real y actual algún derecho fundamental de los quejosos, pues dicha circunstancia podría reflejarse una vez que el representante social investigador, en uso de su facultad exclusiva, determine que los aquí quejosos tienen el carácter de imputados, por lo que resulta necesaria su entrevista para esclarecer los hechos investigados, o bien, cuando el Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, los cite en calidad de imputado a la audiencia inicial a fin de que se les hagan de su conocimiento los hechos que se les atribuyen, será en esas dos etapas, en las que podría verse reflejada alguna afectación real a sus derechos. A mayor abundamiento, los numerales 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme". "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial. Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente". De lo anterior, se desprende la reserva de los datos de prueba e información que obre en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley. Asimismo, esa disposición de reserva no es aplicable a la víctima u ofendido, ni a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. En cambio, el imputado y su defensor pueden tener acceso a la investigación, únicamente en determinados supuesto: 1) cuando el imputado se encuentre detenido; 2) cuando sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Pues a partir de que se actualicen esos supuestos, ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado y su defensor, a fin de no afectar su derecho de defensa. En términos de lo anterior, en la fase de investigación inicial, una persona sujeta a investigación podrá tener acceso a los registros y datos de prueba recabados en la carpeta de investigación, siempre que se presenten los siguientes supuestos: c) Cuando esté detenido ante el Ministerio Público con motivo del hecho que se investiga. d) Cuando sea llamado a declarar por parte del fiscal. Esto significa que la calidad de imputado se adquiere con motivo de la detención de una persona por la comisión de un hecho delictivo; o bien, con el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante el propio fiscal como probable partícipe o en la audiencia de imputación efectuada ante el juez de control. Momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor tendrán derecho a acceder a los registros y datos de prueba que obren en el legajo de investigación, pues entonces debe desaparecer la reserva a que se ha hecho referencia, pero no será hasta que adquiera la calidad de imputado, cuando tenga acceso a la carpeta, pues entonces ya existirá un señalamiento formal por parte de la fiscalía como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Circunstancias que en el caso, no se actualizan, pues se reitera, de las constancias que integran la carpeta de investigación, no se desprende que los quejosos hubiesen sido detenidos, o bien, que la responsable los catalogara como imputados, lo que tiene como consecuencia que con la abstención del ministerio público no exista afectación real y actual a la esfera jurídica de los quejosos. Apoya a lo anterior la tesis XIII.P.A.54 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro cincuenta y nueve, octubre de dos mil dieciocho, Tomo III, página dos mil doscientos setenta y cinco, que es del rubro y texto siguiente: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la reserva de los datos de prueba e información que obren en las carpetas de investigación, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa reserva, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de investigación, a saber cuando: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la carpeta de investigación a la persona sujeta a investigación y a su defensor, es acorde con los artículos constitucional y legales mencionados." Aunado a lo anterior, es de señalarse que la autoridad responsable cumple con su deber constitucional de integrar una carpeta de investigación en relación con hechos posiblemente constitutivos de delito, respecto de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables, lo que es acorde con el artículo 21 Constitucional, que establece que compete a la representación social la investigación y persecución de los delitos, por lo que, en uso de tales facultades, puede legalmente practicar u ordenar todos los actos de investigación necesarios, a fin de estar en condiciones de obtener los datos de prueba idóneos y pertinentes para determinar sobre la existencia o no de algún hecho delictuoso, lo que tampoco genera alguna afectación a la parte quejosa. Resulta aplicable la tesis XXVII.3o.48 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página mil novecientos cuarenta y siete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cuarenta y ocho, noviembre de dos mil diecisiete, tomo III, cuyo título es: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. Sin que por el momento, se desprenda vulneración a algún derecho humano de los quejosos, pues de las constancias que integran el juicio de amparo, no se advierte alguna afectación a un derecho fundamental, pues la responsable no ha ejecutado en su contra algún acto de molestia, ni siquiera el bloqueo de la cuenta bancaria como lo señalaron en su demanda de amparo, de ahí que no exista afectación al interés jurídico de los quejosos. Bajo esa óptica, se considere que el acto reclamado, no depara agravio alguno a los quejosos, pues no se puede saber de antemano cuál será el resultado de la indagatoria, si se llegará o no a determinar la existencia de un hecho ilícito, el o los probables imputados, o incluso si se consignará ante la autoridad judicial correspondiente. Por lo anterior, al quedar evidenciada la existencia de causal de improcedencia de la acción constitucional, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XII del artículo 61, en correlación al diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ------------, por propio derecho y como representante de la empresa --------------, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando segundo y por las razones vertidas en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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