Miguel González Altamirano
Expediente 773/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Miguel González Altamirano
Actuaciones
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, remite la demanda promovida por -------------, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno del Sistema de Corte Adversarial y Oral de Huixquilucan, Estado de México y otra autoridad, toda vez que por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, ese órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 45, fracción III, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, ordenó la remisión de dicho asunto a este Juzgado Federal, por conocimiento previo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional, asume el conocimiento del asunto. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de julio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 773/2020-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, que dice "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia por lo siguiente: Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: ? La violación al artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales que obliga el Ministerio Público a determinar el archivo temporal o no ejercicio de la carpeta de investigación 483350045415, respecto del delito de uso de documento falso denunciado por el quejoso. En virtud de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados." Así, del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desprende el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar o nulificar el acto que estime le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, tomo XV, julio de dos mil dos, página novecientos dos, de rubro siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Así pues, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Al respecto, se debe tener presente el contenido de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 109, fracción XXI,211 fracción I y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. . Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.) Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo anterior se desprende la posibilidad de la víctima de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, la abstención a investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es en general las actuaciones del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Asimismo, el artículo 258 de referencia, tiene como finalidad que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese tenor, es claro que el acto reclamado puede ser objeto de impugnación a través del medio de control previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el que puede lograrse ante las propias instancias ordinarias (como es el Juez de Control) que se cese la omisión de que se duele el quejoso. Cabe señalar que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018, determinó que los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese código. En ese sentido, previamente a la promoción del amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, consistente en el medio de defensa innominado que prevé el articulo 258 en cita, en observancia al principio de definitividad. Desde esa perspectiva, es incuestionable que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el acto que reclama, esta condicionado a la interposición del mencionado medio de impugnación, ya que se encuentra previsto en la ley formal y material, como lo es el Codigo Nacional de Procedimientos Penales, y no en un reglamento u otro tipo de normatividad inferior, de ahí el medio de impugnación no es optativo, sino obligatorio, por lo que se debe agotar previamente al juicio de amparo. Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 de Código Nacional de Procedimiento Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la obtención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Cabe acotar que de acuerdo con la naturaleza jurídica del acto reclamado en estudio, el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas por la Ley de Amparo o por nuestro Máximo Tribunal, toda vez que, como manifiesta el quejoso, es parte en la carpeta de investigación y no tercero extraño a la misma; además, no se trata de un acto de privación de libertad que le exima de la obligación de agotar el recursos ordinario antes de acudir en solicitud del amparo, por lo que, se insiste, estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido. No resulta inadvertido para este juzgador que el quejoso promoviera el juicio de amparo 814/2019-II, del índice de este juzgado, en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que el agente del Ministerio Público determinara la carpeta de investigación 483350045415, por el hecho delictuoso atribuido al quejoso (daño en los bienes). Lo que así sucedió en el cumplimiento al emitirse el archivo temporal. En ese sentido, si la autoridad ministerial le ha informado de forma verbal al quejoso (como lo narra en sus antecedentes) que por el delito que denunció -uso de documento falso- en contra de la Señora Ma. Tranquilina López Alonso, continua con los actos de investigación, como girar oficios a la Notaría donde se expidieron los documentos certificados, y, a decir del quejoso, no se han realizado de forma diligente los actos encaminados a emitir una determinación conclusiva, entonces, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le otorga una facultad de exigir ante el juez de control la revisión de esas omisiones. Lo anterior, previo a la promoción del juicio de amparo. En las condiciones anotadas, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho. ------------ En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en, Calle -------------, Municipio Huixquilucan, Estado de México.------------ De igual forma, se tienen únicamente para oír y recibir notificaciones, a los profesionistas que señala, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; al igual que a las demás personas que señala para tales efectos. Adicionalmente, dado que a la fecha el quejoso proporcionó direcciones de correo electrónico, se considera oportuno proveer al respecto, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo tanto, se tiene a la parte quejosa proporcionando los correos electrónicos jjgonzalez@jyfabogados. mx y igonzalez@jyf-abogados.mx, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 221 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales2. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora 1 Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente." existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, remite la demanda promovida por -------------, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno del Sistema de Corte Adversarial y Oral de Huixquilucan, Estado de México y otra autoridad, toda vez que por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, ese órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 45, fracción III, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, ordenó la remisión de dicho asunto a este Juzgado Federal, por conocimiento previo. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional, asume el conocimiento del asunto. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de julio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 773/2020-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, que dice "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia por lo siguiente: Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: ? La violación al artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales que obliga el Ministerio Público a determinar el archivo temporal o no ejercicio de la carpeta de investigación 483350045415, respecto del delito de uso de documento falso denunciado por el quejoso. En virtud de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados." Así, del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se desprende el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar o nulificar el acto que estime le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, tomo XV, julio de dos mil dos, página novecientos dos, de rubro siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Así pues, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Al respecto, se debe tener presente el contenido de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 109, fracción XXI,211 fracción I y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. . Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.) Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo anterior se desprende la posibilidad de la víctima de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, la abstención a investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es en general las actuaciones del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Asimismo, el artículo 258 de referencia, tiene como finalidad que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En ese tenor, es claro que el acto reclamado puede ser objeto de impugnación a través del medio de control previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el que puede lograrse ante las propias instancias ordinarias (como es el Juez de Control) que se cese la omisión de que se duele el quejoso. Cabe señalar que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018, determinó que los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese código. En ese sentido, previamente a la promoción del amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, consistente en el medio de defensa innominado que prevé el articulo 258 en cita, en observancia al principio de definitividad. Desde esa perspectiva, es incuestionable que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el acto que reclama, esta condicionado a la interposición del mencionado medio de impugnación, ya que se encuentra previsto en la ley formal y material, como lo es el Codigo Nacional de Procedimientos Penales, y no en un reglamento u otro tipo de normatividad inferior, de ahí el medio de impugnación no es optativo, sino obligatorio, por lo que se debe agotar previamente al juicio de amparo. Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 de Código Nacional de Procedimiento Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la obtención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Cabe acotar que de acuerdo con la naturaleza jurídica del acto reclamado en estudio, el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas por la Ley de Amparo o por nuestro Máximo Tribunal, toda vez que, como manifiesta el quejoso, es parte en la carpeta de investigación y no tercero extraño a la misma; además, no se trata de un acto de privación de libertad que le exima de la obligación de agotar el recursos ordinario antes de acudir en solicitud del amparo, por lo que, se insiste, estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido. No resulta inadvertido para este juzgador que el quejoso promoviera el juicio de amparo 814/2019-II, del índice de este juzgado, en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que el agente del Ministerio Público determinara la carpeta de investigación 483350045415, por el hecho delictuoso atribuido al quejoso (daño en los bienes). Lo que así sucedió en el cumplimiento al emitirse el archivo temporal. En ese sentido, si la autoridad ministerial le ha informado de forma verbal al quejoso (como lo narra en sus antecedentes) que por el delito que denunció -uso de documento falso- en contra de la Señora Ma. Tranquilina López Alonso, continua con los actos de investigación, como girar oficios a la Notaría donde se expidieron los documentos certificados, y, a decir del quejoso, no se han realizado de forma diligente los actos encaminados a emitir una determinación conclusiva, entonces, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le otorga una facultad de exigir ante el juez de control la revisión de esas omisiones. Lo anterior, previo a la promoción del juicio de amparo. En las condiciones anotadas, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho. ------------ En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en, Calle -------------, Municipio Huixquilucan, Estado de México.------------ De igual forma, se tienen únicamente para oír y recibir notificaciones, a los profesionistas que señala, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; al igual que a las demás personas que señala para tales efectos. Adicionalmente, dado que a la fecha el quejoso proporcionó direcciones de correo electrónico, se considera oportuno proveer al respecto, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo tanto, se tiene a la parte quejosa proporcionando los correos electrónicos jjgonzalez@jyfabogados. mx y igonzalez@jyf-abogados.mx, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 221 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales2. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora 1 Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente." existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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