Miguel Garcia Garcia

Expediente 1152/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1152/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
25/08/2017

Partes del expediente

  • Miguel Garcia Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio se indica que en la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil diecisiete (fojas 172 a 193), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo solicitado por la parte quejosa. Inconforme con la anterior determinación la autoridad responsable Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión (foja 221); del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en resolución de seis de julio de dos mil diecisiete, en el toca R-128/2017, confirmó la sentencia sujeta a revisión (fojas 286 a 320). Atento lo anterior, en auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 321 a 324), se solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, cuyos efectos son: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En las relatadas condiciones, lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, una vez que quede firme la presente sentencia, en el plazo procedente: 1. Deje insubsistente el acuerdo donde ordenó el traslado del quejoso ********************; (emitido por el entonces Director General de Centros de Readaptación Social del Estado de Puebla) del entonces Centro de Readaptación (ahora Reinserción) Social de la ciudad de Puebla, al Centro de Readaptación (ahora Reinserción) Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, efectuado en diciembre de dos mil uno; y, 2. Traslade al promovente del amparo, al reclusorio donde se encontraba antes de la emisión de dicha orden de traslado, esto es, al ahora Centro de Reinserción Social de Puebla; quedando bajo su estricta responsabilidad adoptar todas las medidas de seguridad atendiendo a la edad del justiciable. Sin que en el caso, sea procedente que la responsable dicte diversa determinación respecto del traslado reclamado, dado que la determinación del Consejo Técnico de siete de diciembre de dos mil uno (fojas 62 a 65), no tiene el carácter de petición (supuesto en el que sería procedente conceder el amparo para que dictara otra en la que determinara lo que en derecho procediera a efecto de no dejarse de resolver dicha petición), ya que como correctamente lo valora la responsable (foja 66), ésta únicamente constituye una opinión técnica de dicho órgano colegiado respecto de la viabilidad del traslado en análisis más no una solicitud como tal, aunado a que en este momento el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, carecería de competencia en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal para resolver dicha petición. Concesión de amparo, que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución del traslado reclamado, por no haberse impugnado por vicios propios, sino como consecuencia de las autorizaciones para el traslado del aquí quejoso. (.) Cabe precisar que la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, de forma alguna implica que la autoridad no pueda de manera eventual trasladar al quejoso a algún otro Centro de Reinserción Social, distinto de aquél en donde se encontraba previamente al traslado reclamado; pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente, en la inteligencia de que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución, vigente a partir del diecinueve de junio de dos mil once, la atribución para resolver sobre la ejecución de las penas, lo que incluye, entre otros aspectos, el traslado de sentenciados, es propia y exclusiva de la autoridad judicial." Ahora bien, mediante oficio DG/DJ/006522/2017 (fojas 330 a 338) el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de las que se advierte lo siguiente: - En resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 332 a 334), el Subsecretario de Coordinación y Operación Policial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, ordenó que el quejoso ********************, fuera restituido al Centro Penitenciario de Puebla, procedente del similar de Tepexi de Rodríguez, Puebla; por lo que instruyó al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, deje insubsistente el acuerdo donde se ordenó el traslado del quejoso efectuado en diciembre de dos mil uno, y realice las gestiones necesarias y se coordina con las instancias correspondientes para que se realice dicho traslado. Asimismo, se advierten los siguientes oficios: - DG/DJ/006540/2017 mediante el cual el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, ordena al Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, con carácter de urgente gire instrucciones a personal operativo a su mando, para que se realice el traslado antes precisado (foja 335). - DG/DJ/006521/2017 mediante el cual el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, ordena al Director del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla, gire instrucciones a quien corresponda para que se permita el ingreso del quejoso a dicho centro penitenciario procedente del similar de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 337). - DG/DJ/006520/2017 mediante el cual el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, ordena al encargo del despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, gire instrucciones a quien corresponda para que se permita el egreso del quejoso de dicho centro penitenciario al similar de Puebla (foja 341). - 6037/2017 mediante el cual el Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, le informa al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, que a las dieciocho horas del diez de agosto de dos mil diecisiete, fue ingresado a dicho centro penitenciario el quejoso de que se trata procedente del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 342). - 3109 mediante el cual el Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, informa a esta autoridad que el quejoso ********************, egresó de dicho centro de reclusión el diez de agosto de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas con diez minutos para ser trasladado al similar de la ciudad de Puebla (foja 345). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y copias para conocimiento signados por el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, por medio del cual da cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo. Por otro lado, agréguese a los autos la diversa copia para conocimiento signada por el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, por medio del cual informa al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla que el quejoso Miguel García García, ingresó a dicho Centro Penitenciario a las dieciocho horas del diez de agosto de la presente anualidad, de lo que toma conocimiento el suscrito Secretario Encargado del Despacho para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con el contenido de los oficios y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes la copia para conocimiento del oficio SSP/07/10685/2016 signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, mediante el cual solicita al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-128/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales de dicho juicio y un tomo de prueba; en consecuencia, acúsese recibo, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo y, agréguese a estos autos únicamente los originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida, en lo que fue materia de revisión. SEGUNDO.- Para los efectos precisados en el considerando octavo de la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Miguel García García, respecto del acto reclamado consistente en la Orden de Traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social de "San Miguel", del Distrito Judicial de Puebla, al Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez en el Estado de Puebla y su ejecución." Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General de Centros de Reinserción social del Estado de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En las relatadas condiciones, lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Miguel García García; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, una vez que quede firme la presente sentencia, en el plazo procedente: 1. Deje insubsistente el acuerdo donde ordenó el traslado del quejoso Miguel García García; (emitido por el entonces Director General de Centros de Readaptación Social del Estado de Puebla) del entonces Centro de Readaptación (ahora Reinserción) Social de la ciudad de Puebla, al Centro de Readaptación (ahora Reinserción) Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, efectuado en diciembre de dos mil uno; y, 2. Traslade al promovente del amparo, al reclusorio donde se encontraba antes de la emisión de dicha orden de traslado, esto es, al ahora Centro de Reinserción Social de Puebla; quedando bajo su estricta responsabilidad adoptar todas las medidas de seguridad atendiendo a la edad del justiciable. Sin que en el caso, sea procedente que la responsable dicte diversa determinación respecto del traslado reclamado, dado que la determinación del Consejo Técnico de siete de diciembre de dos mil uno (fojas 62 a 65), no tiene el carácter de petición (supuesto en el que sería procedente conceder el amparo para que dictara otra en la que determinara lo que en derecho procediera a efecto de no dejarse de resolver dicha petición), ya que como correctamente lo valora la responsable (foja 66), ésta únicamente constituye una opinión técnica de dicho órgano colegiado respecto de la viabilidad del traslado en análisis más no una solicitud como tal, aunado a que en este momento el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, carecería de competencia en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal para resolver dicha petición. Concesión de amparo, que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución del traslado reclamado, por no haberse impugnado por vicios propios, sino como consecuencia de las autorizaciones para el traslado del aquí quejoso. Cobra aplicación la jurisprudencia número 89, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional". Cabe precisar que la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, de forma alguna implica que la autoridad no pueda de manera eventual trasladar al quejoso a algún otro Centro de Reinserción Social, distinto de aquél en donde se encontraba previamente al traslado reclamado; pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente, en la inteligencia de que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución, vigente a partir del diecinueve de junio de dos mil once, la atribución para resolver sobre la ejecución de las penas, lo que incluye, entre otros aspectos, el traslado de sentenciados, es propia y exclusiva de la autoridad judicial.". Así mismo, con fundamento el artículo 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad responsable Director General de Centros de Reinserción social del Estado de Puebla, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden. Para dar margen a lo anterior, dicho superior jerárquico podrá decretar las medidas necesarias y hacer uso de todos los medios que tenga a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a su subalterno. Se apercibe a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico) que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se les concedió, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las mencionadas autoridades que, en caso de ser omisas al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse las multas con las que se les apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por otro lado, dígase a las autoridades requeridas, que incurren en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y último párrafo y 269 de la Ley de Amparo.

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