Miguel Eduardo Sandoval Hernandez
Expediente 1033/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Miguel Eduardo Sandoval Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos.
- Principal
Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1033/2017-B, promovido por Miguel Eduardo Sandoval Hernández, contra el acto y autoridad responsable precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando sexto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando séptimo de este fallo.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el escrito signado por María Luisa Badillo Ramos, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, con el que da cuenta el Secretario, por medio del cual pretende ampliar la demanda de amparo en relación a la vista concedida por acuerdo emitido el veintiséis de octubre del año en curso; sin embargo, es menester precisar que el referido numeral permite que el quejoso o el tercero interesado autoricen a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Empero, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar la demanda de derechos fundamentales, pues dicho numeral, efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del quejoso, pero dicha actuación debe ser congruente con el principio de instancia de parte agraviada. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. En consecuencia, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, consiguientemente también deberá ocuparse de ampliar la demanda de derechos fundamentales. De ahí que la autorizada, aun con facultades amplias, no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción de la demanda de garantías o en su caso, de su ampliación, que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad la ampliación planteada. Para dar margen a lo anterior, y en virtud de que fueron señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en el presente acuerdo, procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el escrito signado por María Luisa Badillo Ramos, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, con el que da cuenta el Secretario, por medio del cual pretende ampliar la demanda de amparo en relación a la vista concedida por acuerdo emitido el veintiséis de octubre del año en curso; sin embargo, es menester precisar que el referido numeral permite que el quejoso o el tercero interesado autoricen a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o el diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Empero, del artículo en comento no se advierte que los autorizados puedan ampliar la demanda de derechos fundamentales, pues dicho numeral, efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del quejoso, pero dicha actuación debe ser congruente con el principio de instancia de parte agraviada. En esa tesitura, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. En consecuencia, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, consiguientemente también deberá ocuparse de ampliar la demanda de derechos fundamentales. De ahí que la autorizada, aun con facultades amplias, no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción de la demanda de garantías o en su caso, de su ampliación, que no incidan con cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad la ampliación planteada. Para dar margen a lo anterior, y en virtud de que fueron señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en el presente acuerdo, procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Miguel de Jesus Yañez Lozano333/2017
- Miguel de los Santos Senderos Valdes1492/2016
- Miguel de los Santos Senderos Valdes67/2023
- Miguel Dillarza Libreros944/2022
- Miguel Eduardo Rosete Valladolid1017/2021
- Miguel Eduardo Rosete Valladolid306/2016
- Miguel Espinosa Carbajal1203/2017
- Miguel Franco Bravo280/2021
- Miguel Garcia Garcia1152/2016
- Miguel García Pineda1000/2015
- Miguel Garcia Tecalero778/2019
- Miguel Gomez Bautista1042/2016