Miguel Domínguez Cortes
Expediente 163/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/03/2023
Partes del expediente
- Hazael Cecilia Tapia Pozos
- Miguel Domínguez Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Queja
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DEPURABLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 14 y 18, fracción III, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente quedará en resguardo documental de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto transcurra el plazo de tres años de haber ordenado el presente asunto como concluido, después será transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Transcurrido el plazo indicado en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General invocado, en el término de noventa días se desincorporarán las actuaciones, promociones y constancias no esenciales, de manera que, únicamente, se conservarán: los agravios, el auto admisorio, la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa y el presente proveído. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, párrafo segundo y 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y, de conformidad con la razón actuarial de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, lo que, en su oportunidad, servirá de apoyo a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su administración a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, una vez hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este citado Acuerdo.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, de autos se colige que ha transcurrido el plazo de diez días concedido en el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 113 y 114 de este expediente), al quejoso Miguel Domínguez Cortés; así como a la autoridad tercera interesada presidenta del Comité de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con base en las constancias de autos, se procede a verificar, de oficio, si la ejecutoria dictada en el presente asunto se encuentra o no cumplida y si hay o no exceso o defecto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En ese sentido, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, la suscrita Magistrada Presidenta procede a determinar oficiosamente si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer si los actos realizados por la responsable cumplen los lineamientos fijados en la sentencia de amparo emitida por el pleno de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, o si incurrió en exceso o defecto, es preciso tomar en cuenta las consideraciones siguientes: EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO En sesión ordinaria, vía remota, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se resolvió el amparo directo 163/2020, promovido por Miguel Domínguez Cortés en el sentido de conceder la protección constitucional, para el efecto de que la Primera Sección de la Sala Superior, del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México, con residencia en Toluca, realizara lo siguiente: "a) Revoque el sobreseimiento, por lo que hace a la Presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del estado de México y municipios, al haber suscrito el dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, el que se tuvo como acto impugnado. b) Determine que el derecho a obtener una pensión es imprescriptible. c) Declare la nulidad del dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, del documento en el que "se procede a dar trámite a: SOLICITUD DE PENSIÓN DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS", que tuvo su origen en el citado dictamen, así como del oficio 203F/42203/Dp/5801/2018, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Suplente del Departamento de Pensiones, al haberse aplicado el artículo 139, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del estado y municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, que resulta inconstitucional, por transgredirse el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución General de la República. d) Ordene a la autoridad correspondiente que, aplicando la legislación que en derecho proceda, determine la cuantía de la pensión jubilatoria que corresponda al quejoso." (fojas 86 vuelta del expediente). En acuerdo de presidencia de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno (folios 91 a 93 del expediente), se dijo que la sentencia de veinticinco de junio del año de referencia, terminada de redactar el nueve de julio siguiente, había quedado firme, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que, en el plazo de tres días, diera cumplimiento al fallo protector. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. En relación con el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, la secretaria general de acuerdos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, remitió el oficio TJA/SGA/7103/2021, de nueve de septiembre de dos mil veintiuno (foja 98 de este expediente), al que anexó copia certificada de la sentencia emitida por esa sección en la fecha antes citada. Ahora bien, de la revisión de la sentencia con la que la responsable pretende dar cumplimiento a lo ordenado por este tribunal colegiado, se advierte que en el considerando tercero (foja 103 vuelta de estos autos), la sección responsable dejó insubsistente la resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión 1493/2019. Asimismo, en el considerando cuarto (folios 103 vuelta de este expediente), la responsable calificó de fundado el primer agravio hecho valer por la parte recurrente, en razón de que los actos reclamados en el escrito de demanda consistieron en: El dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, emitido por la presidenta del Comité de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. El oficio 203F/42203/Dp/5801/2018, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el suplente del departamento de pensiones del citado instituto. Al respecto, señaló que existió incongruencia de la juzgadora de origen, al resolver que se actualizaba la causal de improcedencia y sobreseimiento respecto al presidente del Comité de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Lo anterior porque la juzgadora de origen, en suplencia de la queja deficiente, al fijar la litis, tuvo como acto impugnado el dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la referida Presidenta del Comité de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Por lo que, la responsable determinó que contrario a lo resuelto por la A quo, no era procedente el sobreseimiento en el juicio administrativo en relación con la presidenta del Comité de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en atención a que ella emitió el dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, reclamado en el juicio de origen. Asimismo, en el considerando quinto (folios 104 a 106 de este expediente) la sección responsable declaró fundados los conceptos de impugnación segundo y tercero, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/2007-SS, en sesión de trece de junio de dos mil siete, estableció que la acción para reclamar el derecho al otorgamiento inicial de una pensión es imprescriptible, en atención al principio elemental de la ciencia jurídica consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de los que dimanan. Lo anterior, en razón de que en dicha ejecutoria, la aludida Sala estableció que el derecho a obtener la pensión, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, era imprescriptible, y que sólo prescribían a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las pensiones caídas, que no habían sido cobradas, esto es, las que no se habían hecho efectivas después de haberse otorgado el derecho inicial a la pensión. Que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País precisó que, en la primera parte del artículo 186, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se prevé que el derecho a la pensión y jubilación era imprescriptible y, por tanto, también la acción para impugnar la resolución definitiva en la que se establecieran los términos iniciales de la pensión otorgada. Que la referida ejecutoria dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 115/2007, de rubro: "PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". Además, indicó que en la ejecutoria en la que se resolvió la contradicción de tesis 170/2009, la Segunda Sala del Máximo Tribunal reiteró que el derecho a la jubilación y a la pensión era imprescriptible, pues la privación del pago de la pensión o el otorgamiento de una inferior a la que realmente correspondía al interesado eran actos de tracto sucesivo, porque se producían día a día, por lo que el término para ejercer esas acciones comenzaban a computarse todos los días, lo cual hacía imprescriptibles las acciones para ejercerla, en atención al principio consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de los que dimanan, de ahí que si el derecho a la jubilación y a la pensión era imprescriptible, por consecuencia lógica, también lo era la acción para exigir su otorgamiento o fijación correcta, porque dura igual tiempo que el derecho respectivo, al formar ambos una unidad indisoluble. Ello, en razón de que si lo principal es el derecho a la jubilación y a la pensión que es de carácter imprescriptible, luego, los incrementos a una pensión son lo accesorio, pues indudablemente éstos eran consecuencia de aquel derecho de pensión, otorgado al trabajador. Que la jurisprudencia que derivó de esa ejecutoria fue la 2a./J. 114/2009, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE". Así, la sala responsable refirió que en el artículo 60, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos y, en el diverso 67, de la citada normatividad, vigente a partir del primero de julio de dos mil dos, establecen que el derecho a disfrutar las pensiones reguladas por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ahora Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del estado de México y Municipios, era imprescriptible, por lo que, los criterios contenidos en las Jurisprudencias invocadas eran aplicables, en el caso. Por tanto, la sala responsable determinó que el derecho a obtener una pensión era imprescriptible. Sin embargo, señaló que, en la especie, lo que se consideró prescrito, en el dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, impugnado, fue el importe del fondo de reintegro por separación, en términos de lo dispuesto en el artículo 139, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, cuestión diferente a la planteada. En atención a lo anterior, en el considerando sexto, la sala responsable, con fundamento en el artículo 288, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, revocó la resolución de siete de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria, perteneciente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 206/2019. Y a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, reasumió jurisdicción para realizar el estudio del dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho. Así, en el considerando séptimo la sala responsable reiteró lo expuesto en la ejecutoria de amparo 163/2020 del índice de este tribunal colegiado, en relación con la legislación aplicable relativa a las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Para lo cual dijo que era procedente tomar en consideración la Jurisprudencia II.1o.A. J/26 (9a.), emitida por este tribunal colegiado, de rubro: "PENSIÓN POR JUBILACIÓN, EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. SU OTORGAMIENTO ESTÁ SUPEDITADO A LA SOLICITUD DEL INTERESADO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MOMENTO EN QUE SE GENEREN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE PARA ELLO Y EL DERECHO RELATIVO". Que en el caso, de los datos que se contenían en el dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, se obtenía que Miguel Domínguez Cortés cotizó al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios durante los siguientes periodos: FECHA INICIAL FECHA FINAL 01 de junio de 1976 15 de octubre de 1981 01 de enero de 1982 31 de julio de 1983 16 de agosto de 1983 11 de febrero de 1991 16 de julio de 1996 31 de diciembre de 1996 Por tanto, para efectos de establecer los requisitos de edad y tiempo, tanto de servicios como de cotización, para la obtención de la pensión, era aplicable la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente del veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro al treinta de junio de dos mil dos, habida cuenta de que el último ingreso de Miguel Domínguez Cortés, al servicio público, fue el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis. Establecido lo anterior, precisó que, en la especie, en el dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, se decidió negar la solicitud de Pensión de Retiro, por Edad y Tiempo de Servicios, al demandante, al considerar que el solicitante no cumplía el requisito señalado en el artículo 82, en relación con el diverso 84, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, en tanto que no acreditaba haber realizado su reserva de derechos ante el instituto, antes del término estipulado en el artículo 139, de la normatividad en cita. Negativa, que de igual manera, se precisó en el oficio 203F/42203/Dp/5801/2018, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Suplente del Departamento de Pensiones, también impugnado, en el que se dio respuesta a la solicitud del actor en el sentido de que se regularizara el dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, porque, a su parecer, a esa fecha, alcanzaba una pensión por retiro en edad avanzada. Por tanto, la responsable determinó que el artículo 139, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, aplicado por la autoridad tercera interesada, causó perjuicio al recurrente, en virtud de que con base en ese precepto se le negó la solicitud de pensión peticionada. Al respecto, señaló que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 229/2008, analizó el artículo 251, de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de abril de dos mil siete, en el cual se precisó que, en tratándose de normas que determinan que los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, cuando no sean retirados por los trabajadores o sus beneficiarios, a quienes el precepto cuestionado concede un plazo de diez años, a partir "de que sean exigibles", para reclamar válidamente su devolución, era necesario verificar si la regulación relativa respeta los principios de seguridad y certeza jurídica, y para ello debía tomarse en cuenta si mediante la normatividad aplicable el legislador encauzó el ámbito de actuación de la autoridad aplicadora, dando lugar a que ésta ejerciera sus facultades con apego a señalamientos claros, precisos y congruentes, de manera que los gobernados supieran a qué atenerse, al cumplir los deberes que se les imponen o al deducir los derechos que se les confieren. Asimismo, precisó que el objetivo fundamental que se persigue al acumular los recursos económicos en dicha cuenta individual, específicamente en los de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es la contratación de las pensiones que procedan una vez que se satisfagan los presupuestos respectivos, esto es, la finalidad primordial de esa cuenta era cubrir una pensión a los trabajadores cuando se ubiquen en alguna de las hipótesis que les dé derecho a recibirla, siendo que el artículo 251, de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de abril de dos mil siete, establecía que el derecho a disponer de esos recursos prescribiría a favor del instituto en un plazo de diez años, a partir "de que sean exigibles". Así, dijo que el Pleno del Máximo Tribunal del País estableció que dicho precepto contravenía los principios de seguridad y certeza jurídica, tutelados por los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, porque carecía de claridad, al no señalar con precisión el momento en que comenzaría a contar el plazo de prescripción extintiva, para que el trabajador o sus beneficiarios perdieran el derecho a disponer de los recursos de la cuenta individual, correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, resultando ambigua la expresión contenida al final del precepto, respecto a que el derecho a disponer de esos recursos prescribiría a favor del instituto a los diez años "de que sean exigibles", sin que se previera que se dé oportunamente algún aviso al asegurado o sus beneficiarios, a efectos de evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual, lo que evidenciaba la incertidumbre jurídica sobre el particular. Por otra parte, advirtió que dicha disposición legal es contraria a lo dispuesto en el artículo 248, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto establece que el derecho a la pensión es imprescriptible, haciendo nugatoria la garantía de seguridad social que consagra el artículo 123, apartado B, de la Constitución General de la República. Por tanto, señaló que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el artículo 251, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto establece que el derecho de los trabajadores o sus beneficiarios a recibir los recursos acumulados en la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prescribirá a favor del instituto a los diez años de que sean exigibles, hace nugatorio el derecho fundamental a la jubilación, comprendido en los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que consagra el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución General de la República, al privar a los trabajadores de disponer de los recursos acumulados en la referida cuenta para contar con un seguro de rentas vitalicias o retiros programados. Que el criterio contenido en la referida ejecutoria, entre otras, dio origen a la Jurisprudencia P./J. 158/2008, de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ AÑOS PARA LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A RECIBIR LOS RECURSOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR SIN PRECISAR EL MOMENTO DE SU INICIO, ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).". Señaló que de la confrontación del artículo 251, de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de abril de dos mil siete, declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el diverso 139, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, aplicado al quejoso, ambos preceptos ponen de manifiesto un contenido similar, en cuanto a que, el primero, establece, en lo conducente, que el derecho del trabajador a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles; y, el segundo, dispone que el importe de las pensiones que no se cobren y, en lo que interesa, que el importe del fondo de reintegro por separación, no reclamada por el beneficiario dentro de los tres años siguientes a la fecha en que fueran exigibles, quedaría en favor del Instituto. De manera tal que el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocado era aplicable, respecto del diverso precepto 139, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos. En consecuencia, determinó que el artículo 139, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, transgrede los principios de seguridad y certeza jurídica, tutelados por los artículos 14 y 16, de la Constitución General de la República, al no señalar, con claridad, el momento en que comenzará a contar el plazo de prescripción extintiva, para que el trabajador pierda el derecho a disponer del fondo de reintegro por separación, pues resultaba ambigua la expresión respecto a que el importe del fondo de reintegro por separación, no reclamada por el beneficiario dentro de los tres años siguientes "a la fecha en que fueran exigibles", quedará en favor del Instituto, sin que se prevea que se dé oportunamente algún aviso al asegurado o a sus beneficiarios, a efectos de evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de los recursos del fondo de reintegro por separación. Aunado a ello, el citado precepto, esto es, el artículo 139, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, hacía nugatorio el derecho fundamental a la jubilación, que consagra el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución General de la República, al privar a los trabajadores de disponer del fondo de reintegro por separación o, en su caso, de disfrutar de una pensión por edad y tiempo de servicios, al prever que el importe del fondo de reintegro por separación, no reclamado por el beneficiario dentro de los tres años siguientes a la fecha en que fueran exigibles, quedaría en favor del Instituto. En relación con todo lo anterior, la sala responsable en el considerando octavo (folio 110 vuelta a 111 de este expediente), declaró la invalidez del dictamen de pensión CP/46662/2018, de seis de julio de dos mil dieciocho, del documento en el que "se procede a dar trámite a: SOLICITUD DE PENSIÓN DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS", que tuvo su origen en el citado dictamen, así como del oficio 203F/42203/Dp/5801/2018, de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el suplente del Departamento de Pensiones, al haberse aplicado el artículo 139, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, que resulta inconstitucional, por transgredir el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución General de la República. Como consecuencia, en el considerando noveno (hoja 111 de este expediente) condenó a la presidenta del Comité de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios a efectos de que determine la cuantía de la pensión jubilatoria que correspondiera al recurrente, aplicando la legislación que en derecho proceda. Con lo anterior, se advierte que la responsable se ciñó a los lineamientos establecidos en el fallo protector, quedando satisfechos los efectos señalados en los incisos a), b), c) y d), de la sentencia que se cumplimenta. En tal virtud, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, pues acató todos los efectos precisados en ella. Por lo tanto, la suscrita no advierte exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector que nos ocupa, que en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, amerite declaración alguna, en virtud de que de la comparación de los efectos para los cuales se concedió la protección federal al quejoso, con las actuaciones realizadas por la responsable para cumplimentarla, como se analizó con antelación, se estima, por una parte, que no incurrió en defecto, dado que su actuación se ciñó a los lineamientos expuestos por este órgano judicial en la ejecutoria de que se trata, emitida el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, es decir, su conducta no resultó incompleta, y es acorde con los términos en que se concedió el amparo. Tampoco se incurre en exceso en el cumplimiento, dado que la responsable no rebasa los límites y alcances fijados en el fallo protector, ya que no va más allá de lo que se ordenó en la sentencia de amparo, y su pronunciamiento se ajustó a lo establecido en la ejecutoria de amparo. Por tales razones, se estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano colegiado, pues acató en sus términos los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional al quejoso. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitida por este órgano colegiado. Notifíquese en términos de ley la presente resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta del índice de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución dictada el nueve de septiembre del año que transcurre, en el recurso de revisión 1493/2019, con la que dice dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo. 2. Con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista al quejoso Miguel Domínguez Cortés, así como a la autoridad tercera interesada, presidenta del comité de pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; con la sentencia recibida para que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del tribunal pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. 3. Ahora, en razón de que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal a la parte quejosa ni tercera interesada (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista electrónica que para tal efecto se publique; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento. 4. Para que las partes puedan consultar de la sentencia recibida, en la secretaría de acuerdos de este tribunal colegiado, deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo general 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Cúmplase.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta, del índice de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual, acusa recibo del diverso 1482-II-2, de nuestra estadística, con el que se devolvieron a esa autoridad los autos del recurso de revisión 1793/2019, así como el juicio administrativo 206/2019; y, se remitió testimonio de la resolución dictada en el expediente en que se actúa. Con relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se informa que reasignó el recurso de revisión de origen al magistrado Miguel Ángel Vázquez del Pozo, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, por lo que, una vez hecho lo anterior, remitirá copia certificada de esa resolución a este órgano colegiado. En consecuencia, téngase a la sección oficiante informando las gestiones que está llevando a cabo para dar cumplimiento al fallo protector. Notifíquese por lista electrónica. Cúmplase.
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