Miguel Colorado González

Expediente 333/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
333/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Miguel Colorado González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    se tiene por cumplida en su totalidad la ejecutoria emitida por el pleno de este tribunal colegiado en el presente asunto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la entonces Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República no formuló medio de impugnación, contra el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones planteado en los autos del expediente en que se actúa; en consecuencia, ha transcurrido el plazo de tres días previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, para hacer valer la reclamación respectiva, por lo que se declara que el citado proveído ha causado estado, para todos los efectos legales. Visto el oficio de cuenta del índice de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual remite copia certificada de los autos dictados el uno de octubre de dos mil veintiuno, así como de la resolución de la misma fecha dictada en el recurso de reclamación, con los que dice dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, así como 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista a la parte quejosa Miguel Colorado González; así como a la autoridad tercera interesada, titular de la Fiscalía General de la República; con la sentencia recibida para que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta presidencia determinará lo procedente, en términos de la circular 11/2017-AGP suscrita por el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del tribunal pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. Ahora, en razón de que el referido artículo 196 no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal a la parte quejosa ni tercera interesada (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26 de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista electrónica que para tal efecto se publique; por tanto, queda a su disposición en la secretaría de acuerdos de este tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento. Para que las partes puedan consultar de la sentencia recibida, en la secretaría de acuerdos de este tribunal colegiado, deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo general 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Cúmplase.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio de cuenta del índice de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual, transcribe un auto de seis de septiembre del año que transcurre, del que se advierte, en lo que interesa, el acuse de recibo del testimonio de la resolución dictada en el expediente en que se actúa, así como de los autos del juicio de nulidad 908/20-11-02-6. Respecto a su solicitud de prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia; con fundamento en los artículos 192, último párrafo, y 193 de la Ley de Amparo, se concede a la sala responsable un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que dé total cumplimiento a la concesoria de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo 192 y el diverso 258 de la ley de la materia; y, de estimarlo necesario, este órgano colegiado procederá conforme al artículo 262, fracción V, del citado ordenamiento. Notifíquese por lista electrónica; y, por oficio a la sala responsable. Cúmplase.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio de cuenta signado por la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la entonces Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República, mediante el cual, plantea incidente de nulidad de notificaciones, en los términos siguientes:[.] "Por lo anterior, y toda vez que fue hasta el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que se hizo del conocimiento mediante oficio 1441-II-3 de fecha dieciséis del mismo mes y año, que ese Tribunal Colegiado en sesión de quince de julio del año en curso, decretaron amparar y proteger al quejoso, es que hasta este momento esta autoridad toma conocimiento de la radicación del juicio de amparo y de la autoridad ante la cual se radicó, por lo que resulta procedente se promueva el presente incidente, pues no fuimos emplazados conforme a lo establecido en el artículo 181 de la Ley de Amparo."[.] Y, para el efecto que a continuación se indica:[.] "QUINTO. Previo los trámites de Ley, dictar resolución en la que se ordene dejar nulo todo lo actuado y se ordene emplazar a esta Institución para que pueda hacer valer sus derechos."[.] De las transcripciones que anteceden, se desprende que la autoridad tercera interesada, Fiscalía General de la República, plantea incidente de nulidad de notificaciones contra la falta de emplazamiento al juicio de amparo directo 333/2020, en que se actúa, pues aduce que no tenía conocimiento de la radicación del aludido juicio, sino hasta que se notificó, por oficio 1441-II-3, la sentencia emitida por el pleno de este tribunal el quince de julio del año en curso, en la que se resolvió conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal. De lo que se sigue, que la intención de dicha autoridad no es combatir la notificación de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, sino que pretende controvertir la omisión de ser emplazada al juicio uniinstancial en que se actúa, para el efecto de que se declare nulo todo lo actuado (incluyendo la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto) y se ordene emplazar a dicha autoridad para que pueda hacer valer su derecho a una debida defensa. Con fundamento en el último párrafo del artículo 68 de la Ley de Amparo, se procede a desechar de plano el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la autoridad tercera interesada. El artículo 68 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano." Del precepto legal transcrito, se desprende que quien legisla concedió a las partes la posibilidad de pedir la nulidad de notificaciones, tanto antes como después del dictado de la sentencia, por medio del incidente que se tramita sin suspensión del procedimiento; asimismo, estableció, como regla genérica, en ambos casos, que las o los interesados lo podrán promover "en la siguiente actuación en que comparezcan", entendiendo dicha expresión como la primera intervención en alguna diligencia, audiencia, ratificación o, incluso, en la presentación de una promoción; y, en general, cualquier acto procesal en que tenga intervención la parte afectada en el procedimiento judicial, en la que evidencie o desprenda el conocimiento de la resolución presuntamente mal notificada. En esas condiciones, una vez dictada la sentencia definitiva, la única posibilidad que contempla el precepto legal transcrito en líneas precedentes es que las partes pidan la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, lo que revela que no se incluye la opción de combatir notificaciones anteriores, lo que tiene pleno sentido si se toma en consideración que un incidente de esta naturaleza no tendría el alcance de dejar insubsistente una sentencia firme y definitiva. En la especie, la autoridad tercera interesada plantea incidente de nulidad de notificaciones contra la falta de emplazamiento al juicio de amparo directo 333/2020, en que se actúa; sin embargo, como mediante ejecutoria dictada el quince de julio del año en curso, ya se resolvió el presente asunto, se puede afirmar que, precluyó el derecho de la autoridad tercera interesada para controvertir la falta de emplazamiento a juicio. Ello es así, porque el incidente de que se trata no tiene el alcance de nulificar la sentencia y reponer el procedimiento, para el efecto de que emplazar a juicio a la autoridad incidentista, a fin de que pueda defender sus derechos en el presente asunto, máxime si se toma en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que una resolución dictada por un tribunal colegiado de circuito constituye una decisión emitida por un tribunal terminal; y, por tanto, adquiere características de definitividad, de manera que ni siquiera nuestro alto tribunal está jurídicamente facultado para modificarla, a menos que en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo o en la ejecutoria dictada en un juicio de amparo directo, contenga un pronunciamiento de constitucionalidad de leyes que, permita a las partes en el juicio, recurrirla ante nuestro supremo tribunal de la nación, en términos de lo dispuesto en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 26/2008, visible a página 338, Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es aplicable en lo conducente, y, que a la letra dice: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISIÓN DEFINITIVA. De conformidad con lo dispuesto en los puntos quinto, décimo, décimo primero y décimo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de 21 de junio de 2001, los recursos de revisión en amparo indirecto, competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán enviados por los Jueces de Distrito y, en su caso, por los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Circuito para que verifiquen su procedencia y resuelvan, en su caso, sobre la caducidad, el desistimiento o la reposición del procedimiento, así como sobre la inconstitucionalidad de leyes locales o federales respecto de las cuales exista jurisprudencia aplicable de este Alto Tribunal; y que de resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en tales hipótesis de competencia delegada, dejarán a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia y le remitirán los autos sin analizar los temas de su exclusiva competencia. En ese sentido, la resolución dictada en segunda instancia por el Tribunal Colegiado de Circuito constituye una decisión emitida por un tribunal terminal y, por tanto, adquiere características de definitividad, de manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está jurídicamente facultada para modificarla." Además, de que provocaría un estado de incertidumbre jurídica, pues bastaría que una de las partes en el juicio se inconforme contra la falta o indebido emplazamiento, y que éste resulte procedente, para que se deje insubsistente una sentencia respecto de la cual las otras partes ya estaban enteradas y quizá hasta conformes con el fallo. En esas condiciones, el incidente de nulidad de notificaciones no puede destruir la verdad legal establecida en la sentencia ni las actuaciones anteriores a ella. En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 68 de la ley de la materia, lo que procede es desechar por notoriamente improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la entonces Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República. Esta presidencia comparte, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/102 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. PRECLUSIÓN DEL DERECHO PARA PROMOVERLO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 67, 68 Y 69 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 y tesis aislada 1a. CCV/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 314, y Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 565, de rubro: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.", así como de título y subtítulo: "PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", respectivamente, se tiene que la preclusión, como principio que rige a todo proceso o procedimiento jurisdiccional, implica una sanción que da seguridad e irreversibilidad a su desarrollo, por constituir la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal de las partes, que no fue ejercida oportunamente y, por lo cual, sus distintas etapas adquieren firmeza jurídica, dando así sustento a las fases subsecuentes o posteriores, pues fija un límite a la posibilidad de discusión de algún punto ya determinado. Ahora bien, la intelección de los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de Amparo revelan que el legislador concedió a las partes la posibilidad de pedir la nulidad de notificaciones, tanto antes como después del dictado de la sentencia, a través de la promoción de un incidente que se tramita sin suspensión del procedimiento, y estableció como regla genérica, en ambos casos, que los interesados lo promoverán "en la siguiente actuación en que comparezcan", aun cuando no fijó un término para instarlo, lo que resulta lógico dada la propia y exclusiva naturaleza de su objeto; no obstante, su interpretación sistemática y funcional permite advertir que dicha locución no puede interpretarse literalmente, de manera que no cualquier injerencia, promoción o intervención subsecuente a la notificación irregular por el directamente interesado en el procedimiento es la que debe tomarse en cuenta para determinar si está o no en condiciones de impugnarla y no estimar precluido su derecho para realizarlo, sino que debe ser aquella que, sin género de dudas, evidencie que el incidentista tuvo pleno conocimiento de la notificación que tilda de nula, ya sea porque así lo admita o, en su defecto, porque razonadamente así se desprenda del accionamiento de una vía distinta o incompatible, demostrándose así que soslayó promover en la oportunidad debida el incidente de nulidad de que se trata. Así las cosas, si contra un auto que tiene por cumplida una sentencia de amparo, cuya notificación es la que se estima ilegal, la parte interesada primero interpuso un recurso de inconformidad por considerar que no se había acatado, del cual, incluso, conoció y resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, posteriormente, promueve el incidente de nulidad de la notificación aludida, es evidente que precluyó su derecho para instar este último, por no haber observado el orden u oportunidad que para su ejercicio estableció el legislador en el primero de los numerales citados, al no constituir la siguiente actuación o intervención que tuvo en el juicio, en función de la notificación tildada de nula, pues no es válido sostener que desconocía esta última, si impugnó el auto relativo, mediante un diverso medio de impugnación ante el Máximo Tribunal del País." Téngase como su domicilio, para oír y recibir notificaciones, de las autoridades terceras interesadas el que se indica en el oficio de cuenta. Como sus delegados a las y los profesionales que indica en el oficio de agravios, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. 6. Se tiene por autorizados a la promovente, así como a Manuel Alphio Argaez Pérez, Roberto Espinoza Bautista, Leslie Jazmín Morales Flores, Adrián Bañuelos Sánchez, Tania Araceli Galicia Pineda, Francisco Javier Torres Rodríguez, Ilse Desireé Aguirre Miranda y Daniela Cruz Páez, para consultar el expediente electrónico que con motivo del presente asunto se generó, en términos de lo dispuesto en el artículo en el artículo 35 del Acuerdo general 12/2020 pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por consiguiente, se instruye a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano colegiado, a fin de que asocie los nombres de usuario que proporciona la promovente, al citado expediente, con los cuales se registraron en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación Notifíquese por lista electrónica; y, por oficio, a la autoridad tercera interesada. 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