Miguel de la Cruz Arzate

Expediente 852/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 7 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
852/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
07/06/2018

Partes del expediente

  • Miguel de la Cruz Arzate

Actuaciones

  1. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda que promueve Miguel de la Cruz Arzate, regístrese bajo el número 852/2018-III-A. Del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama la resolución de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, por la que determinó negar la solicitud de traslado del aquí quejoso a diverso centro penitenciario. DESECHAMIENTO Ahora, este juzgador advierte que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( ...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI , Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto de la resolución de catorce de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, por la que determinó negar la solicitud de traslado del aquí quejoso a diverso centro penitenciario, la parte quejosa podía obtener su modificación o revocación, mediante la interposición del recurso de apelación, previsto por los artículos 131 y 132, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen: "Artículo 131. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.) De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Sin que se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en la aludida fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la privación de libertad a que se encuentra sujeto el aquí quejoso, no depende del acto que por esta vía se reclama, sino de la sentencia definitiva que está compurgando, lo cual no es materia de análisis en la presente determinación. En las relatadas condiciones, el quejoso se encuentra obligado a hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto establece para impugnar el acto ahora reclamado como en el caso lo es el recurso de apelación previsto en el artículo 131, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, se desecha de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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