Miguel Cuero Cuate

Expediente 1321/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1321/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
22/12/2015

Partes del expediente

  • Miguel Cuero Cuate
  • Integrantes de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Valle de Toluca

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de donde se advierte que por oficio 18518 derivado del auto de diecisiete de junio del año en curso, se solicitó a la Secretaría Ejecutiva de Finanzas del Consejo de la Judicatura Federal informe si existe la posibilidad de que dicha institución designe un perito oficial y a su vez cubra sus gastos que genere el desahogo de la probanza de mérito en la materia de transportación humana e identificación de rutas, sin que a la fecha se haya designado alguno, ni obra en autos el acuse de dicho comunicado. Aunado a que en auto de seis de noviembre pasado se ordenó el reenvió de dicha misiva; por tanto, reexpídase el oficio que nos ocupa vía MEX-POST a la denominación Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de no transgredir el principio de impartición de justicia expedita enmarcado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto se instruye al funcionario encargado de enviar la paquetería anexe la constancia de entrega de la guía enviada; apercibido que de no hacerlo se acordara lo procedente respecto a esa omisión. A fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior, se señalan las diez horas con veinte minutos del veintidós de enero de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE: "Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de diez de noviembre de dos mil catorce (fojas 31 a 43), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, dictara el laudo correspondiente en el expediente laboral ***, y se lo notificara a las partes. Posteriormente, en acuerdo de uno de diciembre de dos mil catorce (fojas 48), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante oficio número 2061, presentado el ocho de diciembre de dos mil catorce (foja 51), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada del laudo emitido el veintiséis de noviembre de dos mil catorce y de las constancias de notificación hechas a las partes, con lo cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 52 a 66) . Luego, en proveído de nueve de diciembre de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que el impetrante de garantías realizara alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral J.3/409/2012, y mediante diligencias de dos y tres de diciembre de ese año, se lo notificó a las partes, tal y como lo acredita con las constancias certificadas que adjuntó, en estricto acatamiento a los argumentos vertidos en la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo." POR MEDIO DE LISTA (CITATORIO)

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de diez de noviembre de dos mil catorce (fojas 31 a 43), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, dictara el laudo correspondiente en el expediente laboral ***, y se lo notificara a las partes. Posteriormente, en acuerdo de uno de diciembre de dos mil catorce (fojas 48), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante oficio número 2061, presentado el ocho de diciembre de dos mil catorce (foja 51), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada del laudo emitido el veintiséis de noviembre de dos mil catorce y de las constancias de notificación hechas a las partes, con lo cual dicha autoridad refiere dar cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 52 a 66) . Luego, en proveído de nueve de diciembre de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que el impetrante de garantías realizara alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió con los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral J.3/409/2012, y mediante diligencias de dos y tres de diciembre de ese año, se lo notificó a las partes, tal y como lo acredita con las constancias certificadas que adjuntó, en estricto acatamiento a los argumentos vertidos en la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.

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