Miguel Coria Vargas
Expediente 818/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 818/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Coria Vargas
Actuaciones
- Principal
V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número II-818/2018-1; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO.********************, por conducto de su apoderada jurídica mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado en esa misma data, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que hizo consistir en: ". LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO QUE EN DERECHO CORRESPONDA...." El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señalo como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho este Juzgado Segundo de Distrito, admitió la demanda de amparo, la registró con el número II-818/2018-1, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, emplazó a la tercera interesada; seguido el juicio por sus etapas procesales, tuvo verificativo la audiencia constitucional, según el acta que antecede, por lo que ahora procede emitir la resolución correspondiente: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por los preceptos 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, virtud a que el acto reclamado fue emitido y tiene su ejecución en la jurisdicción que comprende a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. El Pleno de nuestro Máximo Tribunal del país, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados: Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero su alcance y contenido, y Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. El acto reclamado consiste en: 1.- La omisión de emitir el laudo en el juicio ordinario laboral 402/2016, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe de ley ACEPTÓ la existencia de la omisión reclamada, lo cual se encuentra acreditado con la copia certificada de las principales constancias del juicio ordinario laboral número 402/2016 de su índice, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por lo que debe tenerse por cierto para los efectos legales procedentes. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al examen de cuestiones de fondo, es pertinente analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ninguna de las partes hizo valer causas de improcedencia, ni este tribunal advierte de oficio la existencia de alguna; por tanto, procede el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son todos aquellos razonamientos expresados en su demanda de amparo, aunque no estén en el capítulo relativo, a través de los cuales se precise con claridad la causa de pedir, para lo cual basta señalar la lesión o agravio que causa el acto reclamado y los motivos que originaron ese agravio, sin que este Juzgado Federal esté obligado a realizar su trascripción, sino únicamente su estudio exhaustivo y congruente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Es fundado el concepto de violación y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en el que el promovente esencialmente argumenta que el actuar de la responsable vulnera su derecho a una justicia pronta y expedita, toda vez que no ha dictado el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 402/2016. Al respecto, es necesario precisar los alcances de la garantía individual que se considera transgredida, tutelada por el artículo 17 de la Constitución General de la República, el cual dispone: "Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.- Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.- Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto constitucional de referencia, se aprecia que la garantía de acceso a la administración de justicia, consiste en: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de los tribunales jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver controversias que ante ellos se diriman. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse de manera pronta, es decir, las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. En razón de lo anterior, basta que el retardo u omisión anotados, se prolonguen más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y solución del juicio o procedimientos respectivos, para así actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues, éste, se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución del resultado, es decir para que se emita la determinación definitiva, en el particular el laudo, a través de la cual los derechos de las partes encuentren definición. De este modo, aun cuando el retraso u omisión se concreten respecto de etapas previas o específicas, ello trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque es inminente que una vez que salió de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos antes previstos pues, dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. En sustento de lo anterior, resulta procedente citar la tesis L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, página 299, que establece: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Precisado lo anterior, se estima conveniente invocar el contenido del artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios: "ARTÍCULO 99. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje consistirá en la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; contestación que se hará en igual forma; una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo." Ahora, al estar los Tribunales del Trabajo, regidos estrictamente por la ley de la materia, la cual los constriñe a actuar y pronunciarse dentro de los términos y plazos que establece, su desacato indudablemente pone de manifiesto que se violó en perjuicio de la parte quejosa la garantía de seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República, puesto que el Tribunal en comento no puede retardar indefinidamente su función de administrar justicia, debido a que debe impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tiene la obligación de resolver de manera pronta y completa lo solicitado, con independencia de la forma en que lo haga. Por lo que, si de las constancias de autos se advierte que la responsable el dieciocho de abril de dos mil dieciséis declaró cerrado el periodo de instrucción; ello trae como consecuencia una violación a la garantía establecida en el numeral 17 constitucional, pues los términos utilizados por la autoridad responsable para ir desarrollando el procedimiento exceden de los establecidos en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, porque una vez desahogadas las pruebas admitidas, inmediatamente después debió haber dictado laudo, conforme a los dispuesto en el artículo 99 de la ley antes mencionada. Por lo cual, conforme al artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, la tramitación a seguir dentro de ese tipo de procedimientos laborales, se reduce a la presentación de la demanda y contestación, y a la celebración de la audiencia en la que se reciban, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronuncie resolución, salvo cuando a juicio del tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará se lleven a cabo. De tal modo, la etapa de alegatos, debe llevarse a cabo en la audiencia en que se desahoguen las pruebas de las partes, y no después como ocurrió. Así, no obstante que la responsable realizó una actuación no prevista en la legislación que rige el acto, esto es, al no existir pruebas pendientes de desahogo, por auto de tres de marzo de dos mil dieciséis, concedió a las partes el término de tres días hábiles para que formularan alegatos y en auto de dieciocho de abril del año dos mil dieciséis declaró cerrado el periodo de instrucción; y desde esa fecha hasta el día de hoy, ha transcurrido con exceso lo que alude el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; por lo tanto, la omisión que se reclama es violatoria del derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. No es óbice a lo anterior, que en el acuerdo de dieciocho de abril del año dos mil dieciséis los integrantes del Tribunal responsable hayan apoyado su determinación de declarar cerrado el periodo de instrucción, y poner los autos a su vista para emitir el laudo respectivo, en los artículos 8° y 122 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, que implícitamente suponen una aplicación supletoria de los numerales 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, pues en lo que aquí interesa, el último numeral en cita, dispone: "ARTÍCULO 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.]" Al respecto, conviene señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que no son aplicables de manera supletoria los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley Burocrática (actualmente Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios), precisamente porque esta última legislación prevé un procedimiento diferente para la emisión de sus laudos, al de la codificación obrera citada en primer término. Criterio anterior, que se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 52/2005, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, Materia Laboral, página 526, y que se invoca en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no oponerse a ésta, y cuyo rubro y texto son: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS).- Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia." En las relatadas condiciones, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos reclamados, con apoyo en el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaría de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, procede conceder a********************, el amparo y protección que de la Justicia de la Unión solicita, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia o sea confirmada por el Tribunal de Alzada en caso de que se haga valer el recurso de revisión, la autoridad responsable: De inmediato dicte el laudo en el expediente laboral 402/2016, a fin de respetar el derecho del quejoso a que se le administre justicia de manera pronta. SÉPTIMO. Publicación de datos. En otro aspecto, como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto admisorio, por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8° de la citada Ley Federal, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere en el párrafo segundo del artículo 8° del reglamento en cita. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo establecido en los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, 74, 75, 77, 217 y Sexto Transitorio de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, señalado en el considerando segundo, para los efectos precisados en el séptimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando último de la presente resolución, publíquese la presente sentencia en los términos que ahí se indican. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando en legal y debida forma con la licenciada Deneb Esparza Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos se desprende que transcurre el término de ocho días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo para que la parte tercero interesada tenga conocimiento de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.
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En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, por rendido el INFORME JUSTIFICADO; con él dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente del proveído de veintiseis de septiembre de la presente anualidad, se advierte que se ordenó reservar el emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto obraran en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y como ello ya ocurrió, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento de Quiroga, Michoacán, a quien se ordena emplazar mediante oficio, al cual deberá adjuntarse copia de la demanda de amparo del presente juicio y del auto admisiorio, de conformidad a los dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) del ordenamiento legal citado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por-, carácter que tiene debidamente reconocido ante la autoridad responsable y que acredita con copia firmada en original de la audiencia de treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete, dentro de los autos que integran el juicio ordinario laboral 402/2016, contra actos del TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de garantías que se promueve contra los actos consistentes en: ". V.- ACTO RECLAMADO: La omisión del Tribunal de ajustar su actuar en los términos señalados en los artículos 99 y 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, es decir al no seguir las formalidades del procedimiento que señala el artículo 99 y 114 de la Ley de la materia, omisión que se hace consistir en la OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO QUE EN DERCHO CORRESPONDA, en la forma y términos establecidos por la Ley." Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-818/2018-1. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le confiere la ley. Sin que haya lugar a formar por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a la autoridad señalada como responsable, su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del que reciban el oficio en el que se le solicita, el que podrá hacerlo por escrito, y en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. En el entendido de que los hechos que narra la apoderada del quejoso en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la ley de la materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta a trecientas veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las qué a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Finalmente, se tiene a la apoderada del quejoso por señalado el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y autorizando para tal efecto a la persona que señala, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.
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