Miguel Cendejas Ponce

Expediente 495/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
495/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Miguel Cendejas Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del juicio de amparo número III-495/2019-L; de igual manera, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos de lo dispuesto en Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivo Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; pues este juzgado declinó la competencia. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número III-495/2019-L. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ". IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a).- La Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en mi pensión número -, otorgada por la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". En ese sentido, cabe destacar lo que dispone el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda..." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esas condiciones, en principio debe determinarse si los actos reclamados requieren de ejecución material, a efecto de determinar qué regla rige la competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio. En el presente el quejoso reclama la aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en mi pensión número - otorgada por la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ahora, como de los datos aportados por el quejoso en su demanda de amparo, se desprende que tiene su domicilio en -, máxime que al otorgarse la concesión de pensión directa su pago es en el banco comercial mexicano en Jiquilpan, Michoacán, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por ende, debe entenderse que tal acto tuvo ejecución en dicho lugar; en ese sentido, se considera que el Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es el que debe de conocer del presente asunto. Por tal razón contrario a lo narrado por el quejoso en su demanda de amparo, es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Máxime que es un hecho cierto que el domicilio del quejoso, lo es en Jiquilpan, Michoacán, entonces, la ejecución material del acto reclamado fue en dicho Distrito Judicial, y corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por ser el que ejerce jurisdicción en aquella ciudad. Consecuentemente, si el acto reclamado conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo. Lo anterior cobra fuerza con la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis con número de registro 805490, que a la letra dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por analogía, cobra aplicación la Jurisprudencia publicada en la página 1397, Décima Época, registro 2019174, libro 63 de 2019, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, no ha lugar a ordenar a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario -- en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de la consulta efectuada en el sistema respectivo, se advierte que el usuario no corresponde al nombre del quejoso ni a alguno de los autorizados por el impetrante, tal como se desprende de la constancia referida en la certificación. Como la parte quejosa no señalo domicilio para oír y recibir notificaciones; consecuentemente, hágase la notificación del presente auto así como las subsecuentes por medio de lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Finalmente, como lo solicita el promovente, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado - virtud a que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, antes los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que refiere.Notifíquese en los términos ordenados.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de treinta de abril de dos mil diecinueve...Consecuentemente, si el acto reclamado conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para los efectos legales procedentes, solicitándose el acuse de recibo de estilo. Lo anterior cobra fuerza con la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ...

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