Miguel Carrillo Vallejo
Expediente 48/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2018
Partes del expediente
- Miguel Carrillo Vallejo
Actuaciones
- Principal
II.- De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa a quien podría causar perjuicio el auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho (fojas 25 a 28), donde se sobreseyó en el juicio de amparo, no lo recurrió; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
II.- Con fundamento en el artículo 117 la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta por medio del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde informe justificado y remite copias certificadas de diversas constancias que obran en expediente laboral 438/2013, de su índice estadístico; asimismo, informa la existencia de diversos juicios derivados del citado expediente laboral. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y se toma conocimiento de dicha circunstancia. Ahora, en el presente juicio el quejoso Miguel Carrillo Vallejo reclama la abstención del Tribunal Estatal de Conciliación, de acordar la promoción ingresada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la que el hoy quejoso solicitó se dictara nuevamente auto de requerimiento y se aplicarán las medidas de apremio que la responsable estableció en acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 438/2013. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que mediante auto de dieciocho de enero del presente año, ha atendido la promoción de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en sus términos, es decir, dictó auto de requerimiento de pago y embargo, señalando fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia respectiva, asimismo, apercibió a la parte demanda con la medida de apremio que estableció en auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete. Documentos a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable, la jurisprudencia 226, con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad ha sido omisa en atender la promoción ingresada el diecinueve de diciembre pasado y, consecuentemente, no dictar auto de requerimiento de pago y embargo en el expediente 438/2013, de su índice estadístico; sin embargo, al rendir su informe justificado el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, manifestó que el dieciocho del mes y año en curso, atendió la promoción materia del acto reclamado y en dicho auto dictó el requerimiento de pago y embargo respectivo, señalando fecha y hora para llevar a cabo la diligencia, apercibió con una medida de apremio establecida en auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el dieciocho de enero de este año, atendió la promoción ingresada el diecinueve de diciembre pasado y, a su vez, dictó auto de requerimiento de pago y embargo, señalando hora y fecha para llevar a cabo la diligencia correspondiente al expediente laboral 348/2013 y apercibiendo con medida de apremio; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía el acto de molestia del que se duele el promovente de este juicio, éste ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, atendiera la promoción de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dictando el dieciocho de enero del año en curso, requerimiento de pago y embargo, señalando fecha y hora para la diligencia y apercibiendo con una medida de apremio, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con número de registro 193758, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, con número de registro 196820, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis aislada P.CL/97, con número de registro 197367, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de febrero de dos mil dieciocho, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
II.- Por recibida la demanda de amparo promovida por Miguel Carrillo Vallejo, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, con sede en Toluca; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 48/2018-II. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, pues la parte inconforme no lo solicitó expresamente. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al inciso k), del artículo 26 de la ley de la materia, aplicado de manera análoga, notifíquesele por oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los fines legales a que haya lugar. Se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de febrero de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de cinco días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad lo dispuesto por el precepto 251 de la ley de la materia, se hará acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberá comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso ser omisa a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se advierte que le asiste el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Mexicaltzingo, Estado de México, con domicilio en: calle Independencia Poniente, número cien (100), colonia Centro, en Mexicaltzingo, Estado de México. En esas condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de la materia, la presente y las subsecuentes notificaciones realícense al citado tercero interesado por oficio, adjuntando copia simple de la demanda y de esta determinación. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa -entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se tienen por autorizados de la parte quejosa a las personas que señala, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de Ley de Amparo. Por otro lado, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 176/2012, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Décima Época, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. En otro punto, se instruye a los Actuarios Judiciales adscritos para que las notificaciones dirigidas a autoridades integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las realicen a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), herramienta interconexión, para lo cual, en su caso, deberán escanear los documentos anexos, obtener el archivo a notificar a través del expediente electrónico respectivo, firmar el documento a notificar con firma electrónica vigente (FIREL) y, finalmente obtener el acuse correspondiente. Se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para firmar de manera autógrafa los oficios que deriven del presente, así como a enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), con el uso de su firma electrónica, y con los respectivos anexos escaneados, entre ellos, el exhorto correspondiente con la firma autógrafa del suscrito. Notifíquese; y por oficio al tercero interesado.
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