Miguel Carrillo Vallejo
Expediente 410/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/05/2016
Partes del expediente
- Miguel Carrillo Vallejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV.-Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, contra el auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en la cual ampara y protege a la parte quejosa en el juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria; en el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas y agréguense a los autos los incidentes de suspensión respectivos. Ahora, en acatamiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Valle de Bravo, Estado de México de la Unidad de Investigaciones "E1" de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, de cumplimiento a la ejecutoria, y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tengan para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrán hacerse acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con el 59, fracción I, del código adjetivo citado, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno del dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Everardo Maya Arias, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
IV.-Se tiene por recibido el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; a través del cual rinde su informe justificado al presente juicio de amparo, y para acreditar la legalidad del acto reclamado remite copia certificada del escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Tribunal de su adscripción, auto de doce de abril de dos mil dieciséis y boletín judicial de catorce de abril del año en curso, mismos que obran en autos del expediente 438/2013, de su índice. Ahora bien, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De igual manera, el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las casuales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Para corroborar la postura anunciada, es preciso mencionar que las razones que llevan a determinar el sobreseimiento anunciado, es el hecho de que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la abstención por parte de la autoridad responsable al no acordar la promoción ingresada en la Oficialía de Partes el veinticuatro de marzo del año en curso; y, como consecuencia de ello, la negativa a acordar el auto de requerimiento de pago y embargo dentro del expediente 438/2013. Y mediante oficio de cuenta, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; hace del conocimiento que el doce de abril del año en curso, acordó la promoción presentada en la Oficialía de Partes el veinticuatro de febrero del año en curso, y en el mismo acto requirió al Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Estado de México, el requerimiento de pago y embargo, dictado en autos del expediente 438/2013, de su índice. Debe decirse, que para que la causa de improcedencia referida se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; pues el acto del que se dolía el quejoso consistente en la abstención por parte de la autoridad responsable al no acordar la promoción ingresada en la Oficialía de Partes el veinticuatro de febrero del año en curso; y, como consecuencia de ello, la negativa a acordar el auto de requerimiento de pago y embargo dentro del expediente 438/2013; y de las constancias que remite la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se advierte que acordó la promoción presentada en la Oficialía de Partes el veinticuatro de febrero del año en curso, y en el mismo acto requirió al Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Estado de México, el requerimiento de pago y embargo, dictado en autos del expediente 438/2013, de su índice. Razón por la cual, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63 fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por su aplicación, es de citarse la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, visible en la página 81, Materia Común, con número de registro 917637, cuyo rubro a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinticinco minutos del veintiocho de abril dos mil dieciséis.
- Principal
IV.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE DIECICHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS QUE DICE: Se tiene por recibido el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; a través del cual rinde su informe justificado al presente juicio de amparo, y para acreditar la legalidad del acto reclamado remite copia certificada del escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Tribunal de su adscripción, auto de doce de abril de dos mil dieciséis y boletín judicial de catorce de abril del año en curso, mismos que obran en autos del expediente 438/2013, de su índice. Ahora bien, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De igual manera, el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las casuales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Para corroborar la postura anunciada, es preciso mencionar que las razones que llevan a determinar el sobreseimiento anunciado, es el hecho de que el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la abstención por parte de la autoridad responsable al no acordar la promoción ingresada en la Oficialía de Partes el veinticuatro de marzo del año en curso; y, como consecuencia de ello, la negativa a acordar el auto de requerimiento de pago y embargo dentro del expediente 438/2013. Y mediante oficio de cuenta, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; hace del conocimiento que el doce de abril del año en curso, acordó la promoción presentada en la Oficialía de Partes el veinticuatro de febrero del año en curso, y en el mismo acto requirió al Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Estado de México, el requerimiento de pago y embargo, dictado en autos del expediente 438/2013, de su índice. Debe decirse, que para que la causa de improcedencia referida se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; pues el acto del que se dolía el quejoso consistente en la abstención por parte de la autoridad responsable al no acordar la promoción ingresada en la Oficialía de Partes el veinticuatro de febrero del año en curso; y, como consecuencia de ello, la negativa a acordar el auto de requerimiento de pago y embargo dentro del expediente 438/2013; y de las constancias que remite la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se advierte que acordó la promoción presentada en la Oficialía de Partes el veinticuatro de febrero del año en curso, y en el mismo acto requirió al Ayuntamiento de Mexicaltzingo, Estado de México, el requerimiento de pago y embargo, dictado en autos del expediente 438/2013, de su índice. Razón por la cual, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63 fracción V, de la propia ley reglamentaria. Por su aplicación, es de citarse la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, visible en la página 81, Materia Común, con número de registro 917637, cuyo rubro a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinticinco minutos del veintiocho de abril dos mil dieciséis.
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