Miguel Barcena Armendariz
Expediente 495/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Miguel Barcena Armendariz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114, de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114, de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Miguel Bárcena Armendáriz, contra actos de los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, adscritos al Centro de Justicia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Jalisco y otras autoridades, con copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 495/2021-V. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda respecto de la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, en relación con el 108, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: I. Señale con exactitud los actos que efectivamente pretende destacar como reclamados, ya que en el capítulo respectivo, en relación con las autoridades ordenadoras, refiere que reclama la orden de aprehensión o comparecencia emitidas en su contra y en el diverso relativo a las ejecutoras menciona que se trata de una orden de aprehensión o detención. Además, en el apartado correspondiente a los antecedentes de los actos reclamados, hace mención a órdenes de detención, aprehensión, comparecencia o presentación. Con lo que se evidencia que no existe congruencia y precisión entre los actos que atribuye a las ordenadoras con los relativos a las ejecutoras, aunado a que tampoco son acordes con lo relatado en los antecedentes, de ahí que sea necesario aclarar este aspecto con el fin de integrar debidamente la litis constitucional. II. Derivado de lo anterior, deberá destacar con precisión a qué autoridades pretende atribuir el carácter de responsables, ya que el señalamiento realizado en la demanda es incongruente con lo relatado en el capítulo que corresponde a los antecedentes de los actos reclamados, pues en éste manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que sus abogados le informaron que las autoridades ordenadoras emitieron una orden de detención, aprehensión, comparecencia o presentación en su contra, por lo que ha sido buscado por elementos de la Policía Federal Ministerial en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y que existe una carpeta de investigación del orden federal en su contra; de donde se sigue el señalamiento de las autoridades responsables es impreciso. Es así, en principio, porque refiere que tiene conocimiento por parte de sus abogados, que se emitió una orden de detención, aprehensión, comparecencia o presentación en su contra, lo que hace necesario que, derivado precisamente de ese conocimiento que expresa, que precise a qué autoridad atribuye aquélla orden en específico. En segundo lugar, el señalamiento de las autoridades judiciales locales con residencia en Tonalá, Jalisco, es impreciso e incongruente también en relación con los antecedentes relatados, en tanto que de éstos no se evidencia participación alguna de una autoridad del orden común, en tanto que sólo se hizo referencia a los elementos de la Policía Federal Ministerial y a la carpeta de investigación del orden federal seguida en su contra, pero de esto de ninguna manera se advierte la participación de las mencionadas autoridades y su justificación para introducirlas a la relación jurídico procesal en este juicio constitucional. De ahí que sea necesario señalar con precisión a las autoridades que efectivamente les corresponda el carácter de autoridades responsables, en congruencia con el relato de los antecedentes de los actos reclamados. En el entendido de que, de insistir en señalar a las autoridades que menciona en el escrito de cuenta, bajo protesta de decir verdad, deberá ampliar de forma cronológica y sucinta los antecedentes de los actos que por esta vía combate, específicamente los hechos de donde se advierta la participación de todas las autoridades que señaló como responsables. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar una conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercíbase al demandante constitucional que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se indica, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a la persona que menciona, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Miguel Angel Voldre Alcantara1182/2022
- Miguel Angel Wong Zamudio1066/2017
- Miguel Angel Zarazua Hernandez235/2019
- Miguel Angel Zuñiga Mendoza108/2020
- Miguel Antonio Pérez Reynoso1273/2021
- Miguel Antonio Reyna Briano288/2021
- Miguel Barcena Armendariz1399/2017
- Miguel Castro Melendez1264/2022
- Miguel Chao Torres612/2019
- Miguel Chavez Cuevas854/2021
- Miguel Chávez Cuevas652/2023
- Miguel de la Garza Ortiz1159/2018