Miguel Angel Voldre Alcantara

Expediente 1182/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1182/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Miguel Angel Voldre Alcantara
  • Juzgado Segundo de lo Familiar En el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el auto por el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquél, ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Destino de los cuadernos incidentales. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que en este asunto se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la medida cautelar definitiva solicitada, respecto de todos los actos reclamados, el cuaderno original también es susceptible de destrucción, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal. Sin que en el caso obre en los referidos expedientes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Relevancia documental. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Devolución de constancias. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad, los tomos de constancias que acompañó al presente asunto. Secretario en Funciones. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LUZ MARIA HERNANDEZ RAMOS, LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte tercero interesada, de la determinación de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en consecuencia, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que lleve a cabo la notificación de la referida determinación a dicha parte procesal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; hágase personalmente a la parte tercero interesada. EN CUMPLIMIENTO A LA ANTERIOR DETERMINACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LUZ MARIA HERNANDEZ RAMOS, LA DIVERSA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Juez Segundo Familiar del Estado, mediante el cual remite las constancias que le fueron solicitadas en el presente juicio de amparo. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Ahora bien, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Familiar del Estado, la resolución interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós dictada dentro del juicio de tramitación especial por divorcio incausado 607/2020, relativa al recurso de revocación interpuesto por el quejoso Miguel Ángel Volbré Alcantara, contra el auto de catorce de junio de dos mil veintidós. Asimismo, centra su agravio en que en el citado proveído de catorce de junio del año próximo pasado, el juez responsable otorgó a Luz María Hernández Ramos, -tercero interesada en el presente juicio de amparo-, diversas medidas cautelares y, por tanto, ordenó girar oficio al Instituto Registral y Catastral y al Registro Público de Comercio, a efecto de realizar anotación marginal que se encuentran en litigio por concepto de alimentos y compensación de bienes adquiridos durante el matrimonio, diversos bienes a nombre del quejoso; ello, sin que dicha determinación se encuentre debidamente fundada y motivada y sin otorgarle el derecho de audiencia previa a su imposición. Ahora bien, de las documentales allegadas por el Juez responsable a su oficio de cuenta, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se llevó la audiencia incidental relativa a la cancelación de medidas cautelares provisionales y la compensación de bienes, dentro del juicio 607/2022 de origen, en la cual el aquí quejoso y la tercero interesada, llegaron a un arreglo conciliatorio. Así, de las cláusulas plasmadas en el citado convenio, se desprende que las partes convinieron que a fin de dar por concluido el Incidente de Cancelación de Medidas Cautelares y Provisionales y la Compensación de Bienes, el quejoso Miguel Ángel Volbré Alcantara se comprometió en otorgar a favor de Luz María Hernández Ramos diversos bienes inmuebles. En ese orden de ideas, si en el juicio de origen las parten llegaron a un acuerdo conciliatorio a fin de dar por concluido el Incidente de Cancelación de Medidas Cautelares y Provisionales y la Compensación de Bienes, es indiscutible, que con ello se dejó sin efectos la resolución que constituye el acto reclamado, en la que el juez responsable confirmó el proveído mediante el cual otorgó a Luz María Hernández Ramos, las medidas cautelares solicitadas. En ese contexto, resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que procede el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto combatido. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La hipótesis legal contiene la cesación de efectos del acto reclamado. De manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Como quedó asentado, la parte quejosa reclama la resolución en la que el juez responsable confirmó el proveído mediante el cual otorgó a Luz María Hernández Ramos, las medidas cautelares solicitadas en el referido controvertido. No obstante, como se advierte de la documental que el Juez responsable anexó a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada de la audiencia incidental relativa a la cancelación de medidas cautelares provisionales y la compensación de bienes, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se desprende que las partes convinieron que a fin de dar por concluido el Incidente de Cancelación de Medidas Cautelares y Provisionales y la Compensación de Bienes, el quejoso Miguel Ángel Volbré Alcantara se comprometió en otorgar a favor de Luz María Hernández Ramos diversos bienes inmuebles; entre ellos, el ubicado en la Fracción Ojo Caliente Municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí y del cual, en el proveído reclamado se había ordenado realizar la anotación marginal. Es decir, que lo convenido por las partes el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, sustituyó procesalmente a la diversa determinación contenida en el acuerdo mediante el cual se decretaron las medidas cautelares solicitadas por la aquí tercero interesada y que constituye el acto reclamado. De ahí, que con respecto a la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós que confirmó el auto de catorce de junio del mismo año, ha operado la cesación de sus efectos por sustitución procesal. Así las cosas, la determinación que prevalece y la que actualmente rige la situación jurídica de la parte quejosa en el expediente de origen, es lo determinado en la audiencia incidental relativa a la cancelación de medidas cautelares provisionales y la compensación de bienes, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior es así, pues una determinación reemplaza procesalmente a la otra. Por tanto, el acto reclamado en esta instancia constitucional; en concreto, lo relativo a las medidas cautelares decretadas en el expediente de origen, ha dejado de tener efectos jurídicos propios, pues ha sido sustituido procesalmente, por ende, con respecto a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De igual forma, se cita como apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Al igual que la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/22, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, es indudable que se materializa la causa de improcedencia del juicio de amparo contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más alto tribunal del país, visible en la página 386 del tomo XVII, marzo del 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte tercero interesada, de la determinación de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en consecuencia, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que lleve a cabo la notificación de la referida determinación a dicha parte procesal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; hágase personalmente a la parte tercero interesada.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Juez Segundo Familiar del Estado, mediante el cual remite las constancias que le fueron solicitadas en el presente juicio de amparo. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Ahora bien, es menester precisar que la parte quejosa reclama del Juez Segundo Familiar del Estado, la resolución interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós dictada dentro del juicio de tramitación especial por divorcio incausado 607/2020, relativa al recurso de revocación interpuesto por el quejoso Miguel Ángel Volbré Alcantara, contra el auto de catorce de junio de dos mil veintidós. Asimismo, centra su agravio en que en el citado proveído de catorce de junio del año próximo pasado, el juez responsable otorgó a Luz María Hernández Ramos, -tercero interesada en el presente juicio de amparo-, diversas medidas cautelares y, por tanto, ordenó girar oficio al Instituto Registral y Catastral y al Registro Público de Comercio, a efecto de realizar anotación marginal que se encuentran en litigio por concepto de alimentos y compensación de bienes adquiridos durante el matrimonio, diversos bienes a nombre del quejoso; ello, sin que dicha determinación se encuentre debidamente fundada y motivada y sin otorgarle el derecho de audiencia previa a su imposición. Ahora bien, de las documentales allegadas por el Juez responsable a su oficio de cuenta, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones, se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se llevó la audiencia incidental relativa a la cancelación de medidas cautelares provisionales y la compensación de bienes, dentro del juicio 607/2022 de origen, en la cual el aquí quejoso y la tercero interesada, llegaron a un arreglo conciliatorio. Así, de las cláusulas plasmadas en el citado convenio, se desprende que las partes convinieron que a fin de dar por concluido el Incidente de Cancelación de Medidas Cautelares y Provisionales y la Compensación de Bienes, el quejoso Miguel Ángel Volbré Alcantara se comprometió en otorgar a favor de Luz María Hernández Ramos diversos bienes inmuebles. En ese orden de ideas, si en el juicio de origen las parten llegaron a un acuerdo conciliatorio a fin de dar por concluido el Incidente de Cancelación de Medidas Cautelares y Provisionales y la Compensación de Bienes, es indiscutible, que con ello se dejó sin efectos la resolución que constituye el acto reclamado, en la que el juez responsable confirmó el proveído mediante el cual otorgó a Luz María Hernández Ramos, las medidas cautelares solicitadas. En ese contexto, resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que procede el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto combatido. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La hipótesis legal contiene la cesación de efectos del acto reclamado. De manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Como quedó asentado, la parte quejosa reclama la resolución en la que el juez responsable confirmó el proveído mediante el cual otorgó a Luz María Hernández Ramos, las medidas cautelares solicitadas en el referido controvertido. No obstante, como se advierte de la documental que el Juez responsable anexó a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada de la audiencia incidental relativa a la cancelación de medidas cautelares provisionales y la compensación de bienes, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se desprende que las partes convinieron que a fin de dar por concluido el Incidente de Cancelación de Medidas Cautelares y Provisionales y la Compensación de Bienes, el quejoso Miguel Ángel Volbré Alcantara se comprometió en otorgar a favor de Luz María Hernández Ramos diversos bienes inmuebles; entre ellos, el ubicado en la Fracción Ojo Caliente Municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí y del cual, en el proveído reclamado se había ordenado realizar la anotación marginal. Es decir, que lo convenido por las partes el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, sustituyó procesalmente a la diversa determinación contenida en el acuerdo mediante el cual se decretaron las medidas cautelares solicitadas por la aquí tercero interesada y que constituye el acto reclamado. De ahí, que con respecto a la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós que confirmó el auto de catorce de junio del mismo año, ha operado la cesación de sus efectos por sustitución procesal. Así las cosas, la determinación que prevalece y la que actualmente rige la situación jurídica de la parte quejosa en el expediente de origen, es lo determinado en la audiencia incidental relativa a la cancelación de medidas cautelares provisionales y la compensación de bienes, de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior es así, pues una determinación reemplaza procesalmente a la otra. Por tanto, el acto reclamado en esta instancia constitucional; en concreto, lo relativo a las medidas cautelares decretadas en el expediente de origen, ha dejado de tener efectos jurídicos propios, pues ha sido sustituido procesalmente, por ende, con respecto a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De igual forma, se cita como apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Al igual que la tesis de jurisprudencia III.2o.C. J/22, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, es indudable que se materializa la causa de improcedencia del juicio de amparo contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que impone sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la misma legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más alto tribunal del país, visible en la página 386 del tomo XVII, marzo del 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

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