Miguel Armando Morgan Hernandez

Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
355/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Miguel Armando Morgan Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio enviado por la Secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada, asume el conocimiento de este asunto quedando registrado bajo el número de juicio de amparo indirecto 14/2021 de su índice y acusa recibo de estilo correspondiente, solicitando que se envíe copia de la demanda de amparo, a fin de proveer sobre su admisión. Al respecto, se toma conocimiento de lo informado por el Tribunal Unitario de mérito, y respecto a su solicitud, infórmese que con el oficio 9764 de dieciocho de agosto del año en curso, se envió el expediente original del juicio de amparo 355/2021, de nuestra estadística, y para mayor certeza, al oficio que se genere con motivo del presente acuerdo, se anexa copia del comprobante de envío por Estafeta, en el cual quedó precisada dicha circunstancia. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. CUADERNILLO DEL JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un cuaderno de antecedentes formado en virtud de que no se aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo con motivo del cual se formó el presente cuaderno de antecedentes, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno de antecedentes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, oficio correspondiente a la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, con el que envía la demanda de amparo promovida por Miguel Armando Morgan Hernández, contra actos del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y de otra autoridad. Se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 355/2021 I-B. ANALISIS DE LA COMPETENCIA Es necesario señalar que el siete de junio del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que en términos del artículo primero transitorio del citado ordenamiento, entró en vigor a partir del día siguiente a su publicación, esto es, a partir del ocho del citado mes y año, con excepción de las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, respecto de los cuales entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, debe considerarse que mediante diverso decreto publicado el siete de junio del presente año, en el Diario Oficial de la Federación, fue reformada la Ley de Amparo, misma que en términos del artículo primero transitorio del citado ordenamiento, entró en vigor a partir del día siguiente a su publicación, esto es, a partir del ocho del citado mes y año, con excepción de las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, respecto de los cuales entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, tomando en consideración que a la presente fecha el Consejo de la Judicatura Federal no ha emitido acuerdo general en cuanto a la sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito por los Tribunales Colegiados de Apelación, la competencia de dichos órganos jurisdiccionales debe continuar observándose como se encontraba prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo antes de las reformas en comento. Bajo ese marco jurídico, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, no es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 en su fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 33, fracción III, 35 y 36 de la Ley de Amparo, vigentes antes de la reforma publicada el siete de junio del presente año, por las siguientes razones: El artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, en lo conducente establece: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; II. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito; III. Del recurso de denegada apelación; IV. De la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo; V. De las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo, y VI. De los demás asuntos que les encomienden las leyes. Los tribunales unitarios de circuito tendrán la facultad a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 de esta ley, siempre que las promociones se hubieren hecho ante ellos." (lo resaltado es propio). Por su parte, los artículos 33, fracción III, 35 y 36 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. Los tribunales colegiados de circuito; III. Los tribunales unitarios de circuito; IV. Los juzgados de distrito; y V. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal, en los casos previstos por esta Ley." "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. [.]." "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado." (lo resaltado es propio). De una interpretación armónica de los citados preceptos se colige que tratándose del juicio de amparo promovido contra actos de Tribunales Unitarios de Circuito, que no constituyan sentencias definitivas y que se ajustan a lo previsto en la ley de la materia, respecto de los juicios de amparo indirecto, será competente el Tribunal Unitario más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado. Esto es así, porque uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, toda vez que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite; es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar conforme a la división competencial establecida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, página 309, que señala: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ahora, en el caso concreto, el quejoso reclama la resolución emitida el quince de julio de dos mil veintiuno, por la potestad ordenadora Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en el toca penal adversarial 44/2021 de su índice, en la que confirma la resolución dictada en audiencia de cinco de abril de dos mil veintiuno por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Ejecución, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, -y en su versión escrita del doce del mismo mes y año-, en la que declaró infundada la controversia judicial 121/2021, promovida por el ahora quejoso, relativa a la negativa de la autoridad penitenciaria responsable de entregar su reloj personal de mano. En ese sentido, se está ante la presencia de un acto reclamable a un Tribunal Unitario, que no constituye sentencia definitiva, y respecto de la cual es competente para conocer un diverso Tribunal Unitario, tal como lo establece el artículo 36 de la Ley de Amparo aplicable. Apoya lo anterior la jurisprudencia VIII.1o. J/5, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 624, registro 194815, del texto y rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución". Lo resaltado es propio. En tales condiciones, se estima que le asiste competencia al Tribunal Unitario de Circuito más próximo a la residencia de aquél que emitió el acto impugnado, sin que en el caso, sea necesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar competencia. En mérito de lo que precede, conforme a lo dispuesto por los artículos 36 de la Ley de Amparo, y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se declina competencia, por razón de grado, a favor del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; por tanto, una vez notificada esta resolución, envíese el presente juicio de amparo al citado tribunal, para que determine lo que en derecho proceda, solicitándose el acuse de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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