Miguel Armando Morgan Hernandez
Expediente 709/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Miguel Armando Morgan Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que sobreseyó el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS SI NO NO SI YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 2 SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 3 Amparo indirecto 709/2022 que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 4 Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 214, inciso d) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 35, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva. En ese sentido, una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 256 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que 4 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; 5 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 3. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. Nota: Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". Si se negó la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". 6 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4d.6a 23/07/23 23:11:33 5 Amparo indirecto 709/2022 verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 217 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, obra bajo resguardo de esta secretaria, un tomo de copias certificadas remitidas por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por lo que, mediante oficio que al efecto se genere, devuélvase a la autoridad responsable el mismo, en el entendido que el acuse de recibo será la constancia que al efecto selle en su recepción. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." 7 "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá´ constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquella se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. " Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmin Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Audiencia y Sentencia Constitucional En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, asistido por José Alfonso García López, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 709/2022, promovido por Miguel Armando Morgan Hernández, por su propio derecho, contra actos del Administrador y del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, ambos del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. El Secretario hace constar que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General" no se advierte que alguna de las partes solicitara cita para comparecer a esta audiencia. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Auto de ocho de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 96/2022, en el que ordenó la separación de autos. 02-06 2 Demanda de amparo 12-15 3 Auto admisorio en el juicio 96/2022 16-25 4 Emplazamiento a las autoridades responsables 26 5 Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado 26 6 Informe justificado del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas 29-30 7 Informe justificado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas 37-38 8 Auto de catorce de junio actual, en el que se admitió a trámite la separación de juicios, respecto al acto reclamado derivado de la controversia 1078/2022 113-119 9 Emplazamiento a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado 120 10 Designación de Defensor Público Federal 122 Asimismo, se hace constar que las autoridades responsables rindieron su respectivo informe justificado en sentido negativo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que únicamente obra el siguiente medio de convicción: No. Parte oferente Pruebas 1 Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas -Documentales- 1 tomo de copias certificadas de la controversia 1078/2021 El Secretario encargado del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de referencia, la cual se desahoga dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 709/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el diecinueve de enero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, de la que correspondió conocer por razón de turno a este juzgado de distrito, Miguel Armando Morgan Hernández, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de enero siguiente, se admitió a trámite la citada demanda bajo el número de expediente 96/2022, se apertura los incidentes de suspensión, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se solicitó Defensor Público Federal para que representara al quejoso, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, ya integrada la Litis Constitucional, en auto de ocho de junio actual, se ordenó la separación de autos, toda vez que el directo agraviado señalo actos reclamados que suscitaron en las controversias 1046/2021, 1078/2021 y 1085/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas. De ahí que, el trece de junio de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, turno la separación de autos a este juzgado federal, y por auto de catorce de junio siguiente, se admitió a trámite por el acto reclamado dentro de la controversia 1078/2022, radicándolo bajo el juicio de amparo 709/2022, en el que se ordenó notificar a las partes para conocimiento, incluida la intervención legal del agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se solicitó Defensor Público Federal para la representación del quejoso, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de una autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado a las autoridades responsables consiste en: La omisión de las autoridades responsables de requerir a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS-CHIAPAS, el cumplimiento total de la resolución dictada en la controversia 1078/2021, así como de calificar el incumplimiento total de la resolución dictada en la controversia anteriormente precisada. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Administrador y del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución, ambos del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de dichos actos que se les atribuye. No obstante, dicha negativa se desvirtúa, pues de las manifestaciones realizadas en su informe, así como de las copias certificadas que a solicitud de este juzgado federal, remitió el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, se advierte la existencia de las omisiones atribuidas por la parte quejosa a la fecha de la presentación de la demanda radicada en el juicio de amparo 96/2022 de nuestro índice, del que deriva el presente asunto, dado a la separación de autos ahí decretada. Tales documentales, se les concede valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. Es aplicable la tesis aislada con número de registro 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Quinta Época, Registro: 394182, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, es menester analizar primeramente las causales de improcedencia, ya sea que las partes las invoquen o sean apreciadas de oficio por el juzgador, en virtud de que son de orden público, y por tanto de estudio preferente, tal y como determina el artículo 62, de la Ley de Amparo, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En este contexto, respecto al acto reclamado, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De conformidad con el primer artículo en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecía de Litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." Abunda lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CL/97, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyos rubro y texto son: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo tales premisas, se reitera que el quejoso reclamó a las autoridades responsables la omisión de requerir a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS-CHIAPAS, el cumplimiento total de la resolución dictada en la controversia 1078/2021, así como de calificar el incumplimiento total de la resolución dictada en la controversia. Sin embargo, de los informes justificados y constancias de la controversia de mérito, se advierte que el veintidós de marzo de dos mil veintidós, celebraron la audiencia para debatir cuestiones del cumplimiento de la controversia en mención, y la versión escrita se realizó el veintitrés de marzo siguiente, en la que el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, declaró cumplida la ejecutoria, por los motivos expuestos en la audiencia (foja 157 tomo de pruebas). Asimismo, de su la lectura integra, se advierte la intervención del quejoso Miguel Armando Morgan Hernández, quien manifestó que estaba conforme con el cumplimiento dado por la autoridad penitenciaria. De modo que, tenemos que posteriormente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo [del amparo 96/2022 origen de la separación de autos], esto es, el diecinueve de enero de dos mil veintidós, las autoridades responsables se pronunciaron en relación a las omisiones reclamadas por el quejoso, toda vez que realizaron diversos requerimientos a la autoridad penitenciaria para cumplir su ejecutoria, celebrándose la audiencia para debatir cuestiones del cumplimiento de la controversia 1078/2021, declarándose cumplida la misma, con anuencia del propio quejoso. Así, en virtud de que ha cesado las conductas omisivas atribuidas a las responsables, es claro que las consecuencias de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por lo tanto, es evidente que en la especie, ha ocurrido un motivo que torna improcedente el presente juicio de amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, sobreviniendo la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la IV, artículo 63, de la Ley de Amparo, por lo que, procede decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por Miguel Armando Morgan Hernández, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conforme a la aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CCJ/ST/2318/2022 de trece de junio de la presente anualidad, en razón al primer periodo vacacional que comprende del uno al quince de julio de dos mil veintidós, aprobado por la citada comisión a la Titular de este Juzgado, en sesión celebrada el día de la fecha; asistido de José Alfonso García López Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado del despacho de la Titular de la Delegación Chiapas del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual informa que designó al licenciado José Manuel Díaz Díaz, Defensor Público Federal bilingüe adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas con residencia en Tapachula, para que patrocine jurídicamente al quejoso Miguel Armando Morgan Hernández en el presente juicio de amparo. En consecuencia, por conducto del actuario judicial de la adscripción, notifíquese personalmente el presente proveído al Defensor Público en trato, para que gestione lo que considere conveniente para la oportuna defensa del quejoso en el presente asunto. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionado el correo electrónico oficial josemanuel.diaz.diaz@correo.cjf.gob.mx; de lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes.
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