Miguel Armando Morgan Herández
Expediente 780/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Armando Morgan Herández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Defensora pública acepta cargo. Agréguese a los autos el escrito signado por Elda Patricia Medellín Luna, defensora pública Federal, mediante el cual acepta y protesta el cargo de defensora pública y/o asesora jurídica del quejoso Miguel Armando Morgan Hernández, dentro del juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, se le tiene por aceptando y protestando el cargo conferido; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Ahora, tal y como lo solicita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario "EMedellinL" se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo como solicita expresamente que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio en el usuario proporcionado. Se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios, en los términos anteriormente apuntados. En la misma inteligencia, téngase señalando como domicilio físico, solo para el caso de que exista alguna imposibilidad de practicar las notificaciones de manera electrónica, el que indica. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensora pública. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que le fue asignada como defensora pública para que le preste asesoría durante la tramitación del presente juicio de amparo a Elda Patricia Medellín Luna para los efectos legales a que haya lugar. III. Quejoso se desiste. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes la constancia de notificación personal de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Miguel Armando Morgan Hernández manifestó ante el fedatario judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, su deseo de desistirse del presente juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que informe al quejoso los efectos jurídicos que traerá consigo poner fin a la acción de amparo (alcances y consecuencias); ello atendiendo a sus derechos de seguridad jurídica y al debido proceso, que son reconocidos en los artículos 14 de la Constitución General, 8 numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; explicado lo anterior, le deberá requerir para que manifieste el quejoso su deseo o no de ratificar el desistimiento planteado. Lo anterior tiene sustento en el criterio jurisprudencial 1ª./J. 19/2021 (11a) emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1650, del Tomo II, de octubre de 2021, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL O DE ALGUNO DE SUS RECURSOS. PARA SU VALIDEZ, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENAR AL FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA QUE EXPLIQUE AL QUEJOSO O RECURRENTE LOS ALCANCES Y LAS CONSECUENCIAS DE SU DECISIÓN, AL MOMENTO DE LA DILIGENCIA. Lo subrayado no es de origen. Con independencia, dese vista a Elda Patricia Medellín Luna, defensora pública Federal a fin de que, si lo estima pertinente, manifieste lo que a su representación legal convenga. Por lo anterior, resérvese acordar lo relativo a la prevención aludida en auto de dieciocho de octubre pasado. IV. Realización de notificaciones en el presente asunto. Hágasele del conocimiento al quejoso Miguel Armando Morgan Hernández y a su defensora pública estatal Elda Patricia Medellín Luna, que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente al aludido impetrante o a su defensora, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]."
- Principal
Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensora. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, y, al efecto designa a la licenciada Elda Patricia Medellín Luna, con la finalidad de fungir como defensora pública federal y/o asesora jurídica del quejoso privado de la libertad Miguel Armando Morgan Hernández. II. Se requiere a defensora pública. En consecuencia, requiérase a la defensora pública federal Elda Patricia Medellín Luna, para que, dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de defensora pública federal y/o asesora jurídica del aludido quejoso privado de la libertad, por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA DEFENSORA DEL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE REZA: Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensora. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, y, al efecto designa a la licenciada Elda Patricia Medellín Luna, con la finalidad de fungir como defensora pública federal y/o asesora jurídica del quejoso privado de la libertad Miguel Armando Morgan Hernández. II. Se requiere a defensora pública. En consecuencia, requiérase a la defensora pública federal Elda Patricia Medellín Luna, para que, dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de defensora pública federal y/o asesora jurídica del aludido quejoso privado de la libertad, por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica.
- Principal
Recepción de testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto de competencial ********************, así como autos originales del expediente ********************. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO.- Se declara competente por razón de territorio al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en León. Acúsese recibo. Se ordena glosar únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes correspondiente, pues se estiman innecesarias las diversas que en copia certificada lo integran, dado que sus originales constan en el expediente en que se actúa. en consecuencia, se provee: Se requiere designación de defensor previo a formular prevención. Del análisis del escrito de demanda, se desprende la necesidad de realizar una prevención al quejoso en torno a los actos reclamados y antecedentes del mismo; ello en términos de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2017, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, así como en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. Asimismo, enfatizó que el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; la cual, no es posible garantizar a plenitud con la suplencia de la queja, puesto que dicha figura es ineficaz para solventar aspectos relacionados con la procedencia del juicio, el señalamiento de autoridades y actos reclamados, prevenciones, entre otros, que constituyen cuestiones complejas que requieren necesariamente de la asistencia de un abogado. No obsta que la Ley de Amparo no contemple expresamente la obligación de nombrar un abogado al quejoso privado de la libertad que promueve amparo indirecto por derecho propio y sin asistencia letrada; ésta no debe interpretarse de manera aislada, sino conforme con las exigencias constitucionales y de manera sistemática con otros ordenamientos relevantes para el juicio constitucional, con las leyes que regulan las defensorías, federales y locales. Lo anterior, en virtud de que las personas privadas de la libertad provisional o definitiva, con motivo de un proceso penal, se encuentran en una situación de especial sujeción frente al Estado, que implica una total vulnerabilidad respecto de su seguridad, alimentación, salud, integridad y vida; a la vez que, por lo general enfrentan carencias culturales, educativas y económicas que les impiden representarse a sí mismos eficazmente en un juicio de amparo indirecto; de ahí que, resulte un deber extraordinariamente fuerte del Estado frente a éstos para garantizar sus derechos fundamentales. Así, señaló la citada sala, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente. En caso de que el peticionario no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional deberá designarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente para que proporcione de inmediato el servicio y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme con la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y en las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puedan tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional se considerará como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto o la suplencia de la queja. Consideraciones que dieron origen a la siguiente jurisprudencia: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. De ahí que, previo a realizar la prevención al quejoso y tomar en consideración las manifestaciones que en todo caso vierta, se estima necesario nombrarle un abogado que lo represente. Asimismo, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la determinación reclamada deriva de la carpeta de ejecución ******************** del fuero federal. En consecuencia, con copia del escrito de demanda, requiérase a la titular del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Guanajuato, capital, con copia de la demanda de amparo, para que en el plazo de tres días, designe abogado al quejoso a fin de que, previa aceptación del cargo (lo que podrá hacer mediante escrito en el que imprima su firma electrónica) y notificación de la prevención que para tal efecto se formule, se entreviste con el peticionario, a fin de que, de forma conjunta, cumplan con la prevención que en su caso se formule. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PR.P.CN. J/12 P (11a.), con número de registro 2027169, emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el ocho de septiembre del año en curso, de rubro y texto siguientes: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO ACUDE AL JUICIO DE AMPARO POR SU PROPIO DERECHO Y SIN DEFENSOR, LE SOLICITARÁ AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP) LE NOMBRE UN DEFENSOR, ÚNICAMENTE CUANDO ESTÉ PRIVADO DE LA LIBERTAD EN UN PROCESO DEL FUERO FEDERAL. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios discrepantes al resolver diversos recursos, en relación con los supuestos en donde el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) debe representar al quejoso privado de la libertad que presenta una demanda de amparo, por su propio derecho y sin representación alguna. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el Juez de Distrito advierta que el quejoso está privado de la libertad, y que acudió al juicio de amparo por su propio derecho y sin haber nombrado defensor, deberá requerirlo para que nombre a un defensor, y de no hacerlo en el plazo concedido, le corresponderá asignarle un defensor público, atendiendo al fuero por el cual se originó el proceso que lo mantiene privado de la libertad, es decir, si se encuentra en internamiento por motivo de un asunto del fuero federal, deberá solicitar al Instituto Federal de Defensoría Pública le nombre un defensor público que lo asista, y en el supuesto de que se encuentre recluido por un asunto del fuero común, deberá atender al lugar donde se encuentra recluido y solicitar al Instituto de la Defensoría de esa entidad federativa que le nombre un abogado que vea por sus intereses. Justificación: De la interpretación sistemática de los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, incisos d) y e), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que durante el juicio de amparo en materia penal que promueve, por derecho propio, una persona recluida, sin la asistencia de un abogado, el Estado tiene el deber de tomar acciones para garantizar el derecho a la asistencia técnica. Así, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley Federal de Defensoría Pública, cuando el quejoso hubiese sido privado de la libertad por un proceso del fuero federal, será el Instituto Federal de Defensoría Pública quien deba proporcionar la asesoría jurídica, por lo que el juzgador de amparo deberá solicitar a este instituto nombre a un defensor que defienda los intereses del quejoso; y en los supuestos en que dicha privación de la libertad sea consecuencia de un proceso del fuero común, debe atenderse a la protección de la adecuada defensa, en su vertiente material, para que el quejoso ejerza apropiadamente su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo cual únicamente se logra con la interacción personal entre el impetrante del amparo y su defensa, por lo que el Juez de Distrito debe considerar el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso y solicitar al Instituto de la Defensoría de esa entidad federativa que le nombre un abogado que vea por sus intereses." Lo subrayado no es de origen. Asimismo, la titular de dicha defensoría deberá requerir al abogado, que para tal efecto designe, para que señale domicilio en esta ciudad; asimismo, lo aperciba para que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones (aun las de carácter personal) se le harán por lista. Apercíbase tanto a quien legalmente represente a la autoridad administrativa, como al defensor que sea designado, que de no cumplir con lo requerido en párrafos que preceden, con fundamento en los artículos 237 y 260 de la Ley de Amparo, se les impondrá (en lo individual) una corrección disciplinaria consistente en una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos, de la Ley de Amparo. V. Domicilio. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social 12 "CPS-Guanajuato", con residencia en Ocampo, Guanajuato, en virtud de que se encuentra privado de su libertad; lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (debido a estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Miguel Angel Zuñiga Segura548/2015
- Miguel Ángel Zuñiga Segura1257/2016
- Miguel Antonio Medina Delfin1253/2015
- Miguel Antonio Medina Delfin1409/2015
- Miguel Antonio Medina Delfin1224/2015
- Miguel Antonio Medina Delfin1604/2015
- Miguel Armando Morgan Herández1347/2022
- Miguel Armando Morgan Hernández82/2023
- Miguel Armando Morgan Hernández1259/2022
- Miguel Armando Morgan Hernández68/2023
- Miguel Armando Morgan Hernández418/2023
- MIGUEL ARMANDO PÉREZ ANDRADE y Otros.928/2021