Miguel Antonio Medina Delfin
Expediente 1604/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1604/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Miguel Antonio Medina Delfin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CAUSA ESTADO LA DETERMINACIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO DE AMPARO, SIN MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. SE ORDENA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO MIGUEL ANTONIO MEDINA DELFÍN, EL AUTO DE 23/02/2016, EN LO CONDUCENTE DICE: "INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA."León, Guanajuato, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. I. Cumple requerimiento. Visto el oficio signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12, con sede en Ocampo, Guanajuato, mediante el cual atiende el requerimiento que se le formuló por este órgano constitucional el once de febrero del presente año y, al efecto, remite copia certificada del comunicado SEGOB/CNS/OADPRS/03730/2016, en el que se ordena dejar al interno Miguel Antonio Medina Delfín en libertad; en tal virtud, se acuerda: II. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior se advierte que Miguel Antonio Medina Delfín, fue puesto en libertad por la autoridad penitencia el veintisiete de enero del presente año; situación que fue corroborada por el actuario judicial adscrito a este órgano de justicia mediante la razón actuarial de ocho de febrero del año que transcurre (foja 31). En ese sentido, al encontrarse en libertad el quejoso de que se trata, y al ser el acto reclamado una consecuencia inherente a la calidad de personas recluidas en centros penitenciarios, puesto que combate ante esta instancia la falta de atención médica por parte de las autoridades responsables, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, por las razones que en seguida se exponen. El precepto mencionado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; . De la interpretación gramatical del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclama hayan dejado de producirse. En primer lugar, debe tomarse en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa, o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Entonces, de acuerdo con el texto del artículo transcrito, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éste y los efectos que haya producido, dejan de producirse sobre el agraviado, ya sea porque son totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, o son el resultado de un estado de cosas diferente, como lo es el egreso carcelario del impetrante. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado; en consecuencia, para considerar estrictamente que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica o material que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que se acreditó el egreso carcelario del impetrante Miguel Antonio Medina Delfín, quien al obtener su libertad, ya no se encuentra bajo la tutela del Estado a través de las autoridades penitenciarias, y ya que el acto reclamado en esta instancia constitucional sólo puede surtir efectos sobre personas privadas de su libertad, es claro que el quejoso aquí señalado, al no estar recluido en dicho centro carcelario, no puede verse afectado por tal acto, lo que pone en evidencia la cesación del acto que reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 26/2002-PL, consultable en la página 286, Tomo VII, Marzo del 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie plenamente y sin lugar a dudas la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el ordinal 65, ambos de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado final del juicio sería el mismo, ya que no hay posibilidad de que se varíe la situación jurídica que actualmente impera. Además, de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en cuanto que dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticuatro minutos del cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Notifíquese por medio de lista al quejoso."
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VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR EL PROVEÍDO DE DOS DE FEBRERO PASADO AL QUEJOSO MIGUEL ANTONIO MEDINA DELFÍN, POR LAS RAZONES QUE EN LA MISMA SE INDICAN; POR LO QUE EL SUSCRITO QUEDA ENTERADO DE SU CONTENIDO. REQUERIMIENTO AL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 12 CPS-GUANAJUATO. PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL DE TRES DÍAS, REMITA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE LIBERTAD DEL QUEJOSO, LO ANTERIOR POR SER NECESARIA, EN VIRTUD DE LA ACTUALIZACIÓN DE UNA POSIBLE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, SE HARÁ ACREEDOR A UNA MULTA POR LA CANTIDAD DE CINCUENTA DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 237, FRACCIÓN I Y 259 DE LA LEY DE LA MATERIA EN VIGOR.
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INFORMES JUSTIFICADOS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO, DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE SE IMPONGAN DE SU CONTENIDO Y ESTÉN EN APTITUD DE PREPARAR, OFRECER Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE, EN SU CASO, ESTIMEN CONVENIENTES PARA DESVIRTUARLOS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, SE TIENEN POR OFRECIDAS Y DESAHOGADAS DADA SU ESPECIAL NATURALEZA, LAS DOCUMENTALES QUE ANEXA LA PRIMERA DE LAS CITADAS AUTORIDADES RESPONSABLES, RESPECTO DE LO CUAL HÁGASE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 9 DE LA LEY DE LA MATERIA, SE TIENEN COMO DELEGADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES A LAS PERSONAS QUE INDICAN EN SUS INFORMES.
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