Miguel Arham Tinajero García

Expediente 1527/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1527/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Miguel Arham Tinajero García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Oswaldo Ángel Gutiérrez García, representante legal de Miguel Arham Tinajero García -carácter que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de amparo, al tenor del poder que exhibe en documento electrónico con su escrito inicial de demanda, manifestando bajo protesta de decir verdad que los documentos electrónicos que se adjuntan al escrito de demanda son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos, con lo que cumple con lo establecido en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo-, contra actos de Jorge Alcocer Varela, Titular de la Secretaría de Salud, con residencia en Acapulco, Guerrero, y otras autoridades responsables. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1527/2023. 2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º, 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa, a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: PRIMERO. Señale de manera clara y precisa el acto reclamado, lo anterior es así, dado que en el capítulo respectivo refiere que "Se combate el desgaste a la salud física y mental de la parte quejosa, que ocasionan las guardias o "prácticas clínicas complementarias" que calendariza e impone el establecimiento de salud que otorgó la Secretaria de Salud como campo clínico para cursar el internado médico de pregrado y recibir título de medicina por parte de la Universidad Vasco de Quiroga." Tal señalamiento del acto reclamado es muy genérico y ambiguo, por lo que deberá indicar el acto concreto del que se duele en esta instancia constitucional. Además de que en una parte de su demanda solicita la protección de la Justicia Federal a fin de que quede insubsistente el ejercicio de las prácticas clínicas complementarias y transcurra el internado médico de pregrado únicamente con las prácticas clínicas regulares. SEGUNDO. Asimismo, deberá especificar el acto que le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables. TERCERO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si ha realizado alguna petición ante las responsables en donde les exponga su condición actual de salud y/o solicite se ajusten sus horarios a fin de preservar ésta, atento a los padecimientos médicos que refiere tener; en caso de ser afirmativo, informe la respuesta otorgada a dicha solicitud, y mencione si la misma la reclama en este amparo. CUARTO. Precise si es correcta la designación de autoridad responsable que realiza a Jorge Alcocer Varela, Titular de la Secretaría de Salud, con residencia en Acapulco, Guerrero; ello porque refiere que cumple sus prácticas clínicas complementarias en el Hospital General "Dr. Miguel Silva", de Atapaneo, Michoacán, y cursó la licenciatura en medicina en la "Universidad Vasco de Quiroga", Asociación Civil, con domicilio en esta ciudad, lo cual genera incertidumbre en cuanto a la designación que realizó de aquella autoridad residente en diverso Estado. Circunstancias, que resultan ineludibles para estar en condiciones de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo y fijar la Litis constitucional. Hágase saber a la parte promovente de los delitos en que incurre cuando afirma hechos falsos u omite aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y [.]" Lo anterior tiene razón de ser en que si el promovente incurre en falsedad, se hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la parte quejosa es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. 3. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la quejosa, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 4. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda. 5. Usuario. Por otra parte, atento a su diversa solicitud, con fundamento en el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se tiene como usuario ******************** que proporciona, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico. 6. Notificación electrónica. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. 7. Correo electrónico y teléfono. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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