Miguel Ángel Tamayo Ramos
Expediente 186/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Miguel Ángel Tamayo Ramos
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Sin mayor trámite. Agréguese a los autos las promociones de cuenta sin mayor trámite, para los efectos legales conducentes. El primero de ellos, consistente en el oficio remitido por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", no se hace mayor pronunciamiento ya que en auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se dejó insubsistente la multa impuesta a la experta en traducción de documentos, girándose oficio para el proceso correspondiente a la Administración Desconcentrada oficiante. El segundo de ellos, la parte quejosa solicita el envío de nueva cuenta de la carta rogatoria con diverso domicilio de la tercera interesada, pero de autos se desprende; específicamente el de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho (foja 412 a 415), que se remitió carta rogatoria, con el mismo domicilio que refiere el promovente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
poreste medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiocho de marzo de do smil dieciocho que en síntesis dice: Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. DEMANDA. Agréguese la demanda promovida por Miguel Ángel Tamayo Ramos, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 186/2018. DESECHAMIENTO. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, interpretada en sentido contrario; ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. En el caso, se actualiza el motivo de inviabilidad en comento, toda vez que la resolución reclamada no constituye un acto definitivo para los efectos de procedencia del juicio constitucional que produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica del gobernado. En efecto, la parte solicitante de amparo reclama de las autoridades responsables el auto de doce de enero de dos mil diecisiete, en el que se determinó admitir a trámite el procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgada mediante prenda sin trasmisión de posesión, dentro del juicio número 24/2017. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural de origen, no es de los considerado como definitivo sujeto de examen constitucional, toda vez que el acuerdo que sólo admite a tramite la petición del acreedor para que el Juez autorice la venta de los bienes dados en garantía, si bien trae aparejado un mandamiento de desposesión, esta no es definitiva, sino provisional. Máxime que como está ordenado el emplazamiento al deudor, éste cuenta con un término para oponer excepciones, pues la propia norma le permite defenderse de las pretensiones de su contraparte y manifestar lo que a su derecho convenga previo a la resolución definitiva que en su caso será la que autoriza o niega la venta de los bienes sujetos a prenda. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la desposesión de bienes dados en prenda no constituye un acto privativo sino uno de molestia, aun cuando se afectan dichos bienes, ello no es definitivo; lo anterior porque el procedimiento mercantil establece la oportunidad al deudor de defenderse ante la autoridad de primera instancia, lo cual implica que como ya se mencionó la eventual desposesión no sea definitiva. Como sustento de lo anterior la jurisprudencia 652, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Novena Época, visible en la página 725, del Apéndice de 2011, de rubro y texto siguientes: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA. El artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece un procedimiento breve y sumario a favor del acreedor que tiene en su haber un crédito vencido en contra del deudor y que, por ello, puede proceder en contra de los bienes dados en prenda. Dicho procedimiento consta de tres fases, consistentes, la primera, en la solicitud del acreedor al Juez para que autorice la venta de los bienes dados en prenda; la segunda, en la admisión de la petición de la venta y la notificación al deudor para que dentro del término de tres días se oponga a la misma exhibiendo el importe del adeudo; y la tercera, en la autorización de la venta, por el Juez, en caso de que el deudor no se hubiera opuesto a ella. Ahora bien, este Alto Tribunal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, ha sustentado jurisprudencia en el sentido de que tratándose de la prenda mercantil, el juicio de amparo procede en la vía indirecta cuando se intente en contra de una resolución que ponga fin al procedimiento, la cual, en el supuesto en examen, sería aquella que autorizara o negara la venta de la prenda. Por lo tanto, si en el juicio de garantías se reclama el acuerdo que sólo admite a trámite la petición del acreedor para que el Juez autorice la venta de los bienes dados en garantía, que es con el que se da inicio al mencionado procedimiento, resulta incuestionable que la acción constitucional intentada es improcedente y debe sobreseerse en el juicio. Igualmente, por su contenido jurídico sustancial resulta aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 218, tomo XXVIII, noviembre de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "FIDEICOMISO DE GARANTÍA. LA DESPOSESIÓN DE BIENES PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 1414 BIS 7 Y 1414 BIS 8 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO, POR LO QUE NO SE RIGE POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre los actos privativos y los de molestia al establecer que los primeros son aquellos cuyo efecto es la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que los segundos, no obstante afectar la esfera jurídica de los particulares, sólo restringen sus derechos provisional o preventivamente, por lo que se rigen por el artículo 16 constitucional. En ese sentido, se concluye que la desposesión de bienes dados en fideicomiso prevista en los artículos 1414 Bis 7 y 1414 Bis 8 del Código de Comercio no constituye un acto privativo sino uno de molestia y, por ende, no se rige por la garantía de previa audiencia tutelada por el referido artículo 14 constitucional, pues aun cuando se afectan dichos bienes, ello no es definitivo. Lo anterior es así, porque las medidas a que se refieren las citadas disposiciones legales son provisionales y forman parte de un procedimiento judicial específico -contenido en el aludido artículo 1414 Bis 8- que eventualmente prevé los medios de defensa correspondientes ya que, por un lado, señala que el acreedor o a quien éste designe tendrá el carácter de depositario judicial e informará al juzgador el lugar en que permanecerán los bienes en tanto no sean vendidos, lo cual implica que la desposesión no es definitiva y, por otro lado, al ordenar el emplazamiento a juicio y otorgar un término para oponer excepciones, la propia norma permite al demandado defenderse y manifestar lo que a su derecho convenga antes del acto definitivo de privación, es decir, la venta del bien respectivo. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se autoriza a las personas que señala en su escrito de cuenta únicamente para oír y recibir notificaciones personales e imponerse de los autos, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. USO DE MEDIOS ELECTRONICOS. con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, se autoriza al solicitante para que emplee los citados medios electrónicos, así como a las personas que indica para tal efecto. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para este juzgador, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando el solicitante cumpla con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos que intervengan en la actuación respectiva. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe
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