Miguel Antonio Jaramillo Murillo
Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Miguel Antonio Jaramillo Murillo
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuatro minutos del siete de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe justificado, rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora; y, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes - quejosa y fiscal federal adscrito-. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Asimismo, atendiendo a la certificación que antecede se advierte que no les transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la junta responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero interesado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la documental ofertada por la junta responsable. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidos y desahogados por su especial naturaleza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 514/2022 L-III; y, RESULTANDO: Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Miguel Antonio Palominos Murillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. 2. El dos de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: CONSIDERANDO: I. Competencia. 3. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado 4. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de dictar resolución dentro del incidente de liquidación planteado el trece de febrero de dos mil veinte, dentro del expediente 870/21. 5. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 6. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado. 7. Es cierto el acto atribuido al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, pues así se advierte de la lectura de su informe justificado, pues si bien no aceptó ni negó el acto que se le atribuye, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. 8. Certeza que se corrobora con la constancia relativa al expediente número 870/2021 antes SEMARA-JA-175/2018, del índice del tribunal de justicia administrativa, que acompañó la responsable en cuestión, las cuales se tienen a la vista para resolver y que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. IV. Consideraciones jurídicas 9. Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; por tanto, se procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. 10. La parte quejosa aduce esencialmente en su concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, dado que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo para el dictado de la resolución incidental. 11. El concepto de violación en cuanto a la omisión que se atribuye al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad es infundado. 12. Previo a toda consideración es importante precisar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia. 13. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 14. En suma debe decirse que el mencionado precepto constitucional tutela el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los Tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los Tribunales deben resolver las controversias de su competencia conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimiento que regulan su actuar, es decir, deben acatar los lineamientos que establezca el procedimiento respectivo; por lo tanto, cuando la autoridad no respete los términos establecidos dentro del procedimiento del que emana tal acto actuará contra lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. 15. Ahora, para estar en posibilidad de verificar si el tribunal responsable ha incurrido en la violación que se le imputa, es necesario acudir al ordenamiento legal que norma su actuación pública, a fin de constatar si se ha ajustado a éste o no. 16. En esa tesitura conviene transcribir los numerales 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, por disposición expresa de su arábigo 10, los cuales señalan: "Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley." "Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." 17. De los dispositivos aludidos se advierte que los incidentes planteados se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueven serán de nulidad, competencia, personalidad, acumulación y excusas; asimismo, que cuando se promueva un incidente de falta de personalidad se substanciará de inmediato, se oirá a las partes y se resolverá, para continuar procedimiento, y que en los demás casos previstos se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en las que las partes podrán ofrecer pruebas documentales e instrumentales a fin de que de inmediato se resuelva dicho incidente. 18. Expuesto lo anterior debe decirse que de las constancias que anexó a su informe el magistrado presidente del Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, se evidencia lo siguiente: Que el catorce de agosto de dos mil diecinueve, se dictó resolución definitiva, la cual causó ejecutoria, el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve; Por acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, se dejó a la parte actora incidentista -aquí quejosa- a salvo sus derechos para promover el incidente de liquidación respectivo, con la finalidad de precisar, definir y concretar las cantidades a pagarle, con motivo de los efectos de la sentencia dictada; El trece de febrero de dos mil veinte, el actor -aquí quejoso- promovió la apertura del incidente de liquidación. Por acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, el tribunal responsable solicitó informes al director de Recursos Humanos, del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; asimismo, ordenó dar vista a las autoridades condenadas, con el incidente de liquidación presentado por el actor, -aquí quejoso- para que si lo consideraban conveniente objetaran dicha liquidación expresando sus inconformidades. Por acuerdo del cinco de abril de dos mil veintiuno, el tribunal responsable tuvo por presentado al síndico municipal y a la directora de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; rindiendo los informes que le fueron solicitados por el tribunal responsable. Luego, por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, tomando en cuenta que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, autorizó al magistrado presidente a realizar el turno de los expedientes que se encontraban en trámite en la extinta Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; así como para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo Quinto Transitorio de la Ley Número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, que estipula la competencia que se le otorga al Tribunal de Justicia Administrativa, para conocer de los procedimientos de responsabilidad iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la anotada Ley, en sustitución de la ya mencionada Sala Especializada, cuyos plazos y términos quedaron suspendidos a partir del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, hasta que se notificara personalmente a las partes dentro de cada expediente de la competencia para conocer y resolver el incidente; el tribunal responsable, ordenó formar expediente registrándolo bajo el número 870/2021; y turnó dicho expediente a la magistrada instructora de la Segunda Ponencia. Finalmente, por auto de quince de febrero de dos mil veintidós, la magistrada instructora de la Segunda Ponencia, tuvo por recibido el expediente 870/2021 (antes SEMARA-JA-175/2018), relacionado con el expediente SEMARA-ILIQ-JA-175/2018, reasumió la competencia, para seguir conociendo del asunto en sustitución de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas; ordenó la reanudación del procedimiento, y levantó la suspensión decretada por ese tribunal; determinación que se ordenó notificar personalmente a las partes del citado juicio; quedando notificada únicamente la parte actora -aquí quejosa-. 19. De lo previamente expuesto se advierte la imposibilidad que tiene el Tribunal responsable para resolver el incidente de liquidación derivado de la sentencia de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio SEMARA-JA-175/2018, actualmente registrado bajo el expediente 870/2021. 20. En efecto, la imposibilidad del tribunal responsable, para continuar con el procedimiento; radica, en falta de notificación personal de la totalidad de las partes del contenido del auto de quince de febrero de dos mil veintidós, en el cual, el tribunal responsable reasumió la competencia, reanudó el procedimiento y levantó la suspensión del procedimiento; pues, si bien, de las constancias que advierte que la parte actora por conducto de su abogado patrono, fue notificada personalmente del contenido de dicho proveído; cierto es, que aún se encuentra pendiente la notificación personal de del resto de las partes que intervienen en el juicio de origen; de ahí que la responsable, no se encuentra en condiciones para dictar la resolución interlocutoria en el incidente de liquidación. 21. Por tanto, se considera que no se atenta el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, pues, como se observa, se acató el principio de justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado, y la plena ejecución de las resoluciones, lo que sin duda crea certeza y seguridad jurídica al quejoso. 22. En mérito de lo anterior, debe declararse infundado el motivo de inconformidad analizado, dado que a la fecha de presentación de la demanda, la responsable estaba imposibilitada para resolver en interlocutoria el incidente de liquidación de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, de ahí que se desprende que no existe vulneración en los derechos fundamentales del quejoso. 23. Consecuentemente, al ser ineficaz el motivo de inconformidad, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. 24. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: 25. Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Antonio Palomares Murillo, contra el acto reclamado a la autoridad responsable que se precisó e identificó en los apartados II y III, por las consideraciones señaladas en el apartado IV de este fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio, suscrito por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Miguel Antonio Palomares Murillo, en contra del acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuatro minutos del siete de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirá cierto el acto que se le reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 del referido cuerpo de leyes. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. 10. Emplazamiento. Una vez que obre el informe justificado se proveerá sobre la existencia o inexistencia de terceros interesados y, en su caso, sobre el emplazamiento respectivo. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse por separado y duplicado el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. 13. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 14. Autorizados. En el caso que la parte quejosa sea el patrón, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia que, dado el evento que la parte quejosa recaiga en el trabajador, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 15. Pruebas. Se hace constar que la parte quejosa no ofertó medios de convicción. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Comunicación a la responsable de las resoluciones se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restante se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por oficio a la responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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- Miguel Ángel Velasco González512/2021
- Miguel Ángel Velázquez Farías356/2022
- Miguel Antonio Palomares Murillo1168/2023
- Miguel Antonio Palomares Murillo199/2022
- Miguel Bautista Ramírez222/2022
- Miguel Castañeda Rosas1357/2017
- Miguel Cázares Gutiérrez756/2020
- Miguel Cázares Gutiérrez181/2021