Miguel Ángel Velasco González

Expediente 512/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
512/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Velasco González

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de julio de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito presentado por Miguel Ángel Velasco González, contra actos del agente del Ministerio Público Adjunto, adscrito a la Agencia I de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, con residencia en esta ciudad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el que se llevan asuntos de este Juzgado Federal. Lo anterior, en el entendido que con base en el artículo 3, de la Ley de Amparo (sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica), el expediente electrónico e impreso deberán coincidir íntegramente para su consulta por las partes. Causal de improcedencia. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda, en virtud de que, de su contenido se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por el cual debe declararse improcedente el juicio constitucional que se intenta. Máxime que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, a fin de evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resulta indudable la improcedencia y que ningún efecto práctico tendría admitir la demanda a trámite, para luego arribar a dicha conclusión y sobreseer al dictarse la sentencia correspondiente en audiencia constitucional. En ese contexto, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades, que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6, en relación con el 5, de la Ley de Amparo, al disponer en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en sus derechos subjetivos o interés legítimo o colectivo. Así es, para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, en caso de que reclame afectación a un derecho subjetivo, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, marzo de 2007, tomo XXV, visible en la página 1695, con registro de localización 173000, de rubro Esto es, para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, el interés jurídico resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. y texto:. "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Expuesto lo anterior, de la lectura íntegra a la demanda de amparo se tiene que el quejoso hace consistir su reclamo en lo siguiente: "La negativa de decretar la aplicación de algún criterio de oportunidad, tal como acordó y notificó por medio del oficio número FAS-I-440/2021, de fecha 13 de abril de 2021, que fue solicitado por la propia víctima (señalada aquí como tercero interesado) con fecha nueve de abril de 2021, toda vez que considera se encuentra reparado el daño y manifiesta su interés de no continuar con el procedimiento" Lo anterior, pues refiere en el capítulo de antecedentes que: El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dio inicio la carpeta de investigación con número SON/HERP/PGE/2019/503/00096, en contra del ahora impetrante y/o de quien resulte responsable, por hechos que la ley señala como delito del uso indebido de atribuciones y facultades y/o lo que resulte, en virtud de la denuncia presentada por el director general y representante legal del colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. De igual modo, explica que el nueve de abril de dos mil veintiuno, el ofendido manifestó ante la representación social su intención de otorgar el perdón más amplio que procediera conforme a derecho y solicitó se autorizara a favor del imputado la aplicación de alguno de los criterios de oportunidad que prevé el artículo 256 del Código Nacional del Procedimientos Penales, en razón de que recibió pago como reparación de daño. Indica el quejoso que lo anterior también fue solicitado y ratificado por él, por lo que no hay razón para seguir con el procedimiento; y, Que no obstante lo anterior, el representante social, el trece de abril de este año, emitió el oficio, en el que acuerda que no ha lugar a la solicitud que realiza la propia víctima, ya que remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General del Estado, a fin de que autorice audiencia inicial de formulación de imputación, no obstante que el numeral 256 de la codificación de la materia de origen, establece que en cualquier momento puede aplicarse criterios de oportunidad, y ante tal negativa, acude en busca del amparo y la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto resulta evidente, que el reclamo del quejoso no constituye un acto que irrogue un perjuicio actual o inminente a su persona, pues según se evidencia no se ha emitido en la indagatoria ninguna determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o que produzca una afectación de imposible reparación en su esfera jurídica. En efecto, la sola contestación y notificación del oficio reclamada, que dio lugar a la presentación del sumario, no produce ningún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues en la carpeta de investigación (que no se encuentra ante la representación social, sino ante el superior jerárquico), no se ha emitido ningún acto reclamable en juicio de amparo, relativo a la afectación de derechos subjetivos del impetrante, lo cual ocurriría si la carpeta de investigación se judicializara con perjuicio del impetrante. Es aplicable, la tesis (X Región)2o.1 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, visible en la página 2592, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, con registro digital: 2012423, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Y, el diverso criterio II.2o.P.51 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época, con registro digital 2015368, de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." De ahí, que al no ser evidente la existencia actual de un perjuicio irreparable en la esfera jurídica del quejoso, es que no se actualiza el supuesto de procedencia para la instauración del juicio de amparo, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sucedáneo a lo anterior, aun en el caso de que se visualizara un perjuicio en derechos subjetivos del impetrante, el quejoso tendría que agotar el principio de definitividad; de modo que al respecto tendríamos que se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XX, de la ley de la materia, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.) " La causa de improcedencia señalada, se actualiza cuando se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Como puede verse, la citada causa de improcedencia supone que antes de acudir a la vía constitucional extraordinaria, se agoten todas las posibilidades que la ley ordinaria concede a efecto de que la determinación o actuación judicial que genera afectación sea revocada, modificada o nulificada; salvo las excepciones expresamente delimitadas en la propia legislación. Como quedó claro con antelación, el quejoso reclama la negativa de decretar la aplicación de algún criterio de oportunidad, pues refiere que en la indagatoria la propia víctima considera que se encuentra reparado el daño y manifestó (al igual que el impetrante) su interés de no continuar con el procedimiento. En ese sentido, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el control judicial como medio de impugnación, al disponer lo siguiente: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del dispositivo legal transcrito, se advierte que las omisiones o negligencias del ministerio público pueden ser reclamadas ante el juez de control, a fin de que los asuntos sean resueltos de forma breve; por tanto, dicho juzgador puede revisar las decisiones u omisiones del ministerio público y conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias. En tal medida, la parte quejosa estuvo en aptitud de promover el medio de defensa innominado contra las abstenciones u omisiones del ministerio público en la indagatoria, antes de acudir al juicio de amparo, ya que es el medio de impugnación que expresamente establece la legislación ordinaria aplicable, mediante el cual se puede conminar a la autoridad responsable a que realice las gestiones de su competencia a fin de lograr el estímulo procesal requerido, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; y, si no lo hizo, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. No pasa inadvertido para este juzgador, lo expuesto por el solicitante en el sentido de que el numeral 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales, únicamente se refiere al ofendido y que requiere de interpretación por lo cual en términos del artículo 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, le permite optar por acudir al amparo. Sin embargo, en relación con tales argumentos, es menester acotar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que lo relativo a la abstención de investigar, el archivo temporal, determinaciones sobre la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, debe entenderse en términos generales como cualquier actuación del Ministerio Público que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, de modo que, el acto de molestia aquí reclamado, debe repararse primeramente a través del medio de defensa ordinario antes mencionado. Se cita al respecto la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), Décima Época, de la Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro 57, Agosto de 2018, Tomo 1, Página 945, que a su rubro y letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Asimismo, es de invocar la tesis: I.7º.P.119 P (10a), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, en el Libro 69, Agosto de 2019, Tomo V, Página 4632, Décima Época, que a su rubro y letra dice: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido." Cabe destacar que el acto reclamado en estudio, no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en la Ley de Amparo, pues como se aprecia de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad expuso, no es tercero extraña en el citado controvertido; además, no se trata de una ley o de un acto de privación de libertad que lo exima de la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir en solicitud de amparo, por lo que estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, y sucedánea en la forma expuesta, la diversa hipótesis establecida en la fracción XX del invocado numeral de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de ese cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo. 3. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se les autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se les autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. De igual modo, se autoriza solo para oír y recibir notificaciones a las personas que indica en su demanda el quejoso. 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta. 5. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con los nombres de usuarios "AdrielCordova" "EduardoCharles" y "AlejandraMorales", para imponerse de los autos. 6. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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