Miguel Antonio Alcantar Pérez

Expediente 74/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
74/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Miguel Antonio Alcantar Pérez
  • Congreso del Estado de Baja California, Mexicali
  • Óscar Mauricio González Gamez
  • José Enrique González Gamez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Juicio de amparo 74/2022-F El uno de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el seis de marzo de dos mil veintiséis. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable, al encuadrar en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el seis de marzo de dos mil veintiséis, debiéndose conservar las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en comento, en la inteligencia de que ya transcurrió el término de seis meses al que hace referencia el precepto en mención. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Finalmente, en cumplimiento al artículo 18, fracción III, inciso c), párrafo segundo, del acuerdo en comento, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    sentencia

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a las partes en proveído de veinte de los actuales. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las diez horas del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 74/2022-F, promovido por Miguel Antonio Alcantar Pérez, José Enrique González Gámez, Óscar Mauricio González Gámez, Inocencio Arizaga Barragán y Mikeline Godoy Meza, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otras autoridades. R e s u l t a n d o I. Por escrito recibido en este juzgado, Miguel Antonio Alcantar Pérez, José Enrique González Gámez, Óscar Mauricio González Gámez, Inocencio Arizaga Barragán y Mikeline Godoy Meza, de propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otras autoridades, que hicieron consistir en: "Del CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA se reclama la omisión legislativa de armonizar en la Ley de Educación del Estado de Baja California, en la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California, o en cualquier disposición aplicable Local, el sistema de administración de nómina, donde se contemple los movimientos y pago de personal, a que se refiere el artículo 107 y artículos transitorios de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Los Maestros (LGSCMM), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, y derivado, con el mandato de armonización legislativa del artículo octavo transitorio del Decreto de Reforma en Materia Educativa del artículo 3° Constitucional, de fecha 15 de mayo del 2019. De la COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA XXIII LEGISLATURA DE BAJA CALIFORNIA se reclama la omisión legislativa de armonizar en la Ley de Educación del Estado de Baja California, en la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California, o en cualquier disposición aplicable Local [.]. Del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y/O GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA se reclama la omisión legislativa de armonizar en la Ley de Educación del Estado de Baja California, en la Ley del Servicio Civil del Estado de Baja California, o en cualquier disposición aplicable Local [.]. De TODAS LAS AUTORIDADES ANTERIORMENTE SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, se reclaman todos los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que se deriven de los actos reclamados [.]." Por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 3º, 4º, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado, se solicitaron los informes previos y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que, previos diferimientos, se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo. No son ciertos los actos reclamados a la Gobernadora del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, ya que al rendir su informe previo, negó la existencia de los mismos, sin que los quejosos hayan aportado pruebas para desvirtuar dicha negativa; motivo por el cual procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia para concederla. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o.J/19 del otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 133, julio de 1995, tomo II, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Tercero. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura del Estado de Baja California, residentes en Mexicali, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe previo, mismos que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Los quejosos solicitan la suspensión del acto reclamado para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y se les sigan pagando en tiempo y forma las percepciones relativas a su salario y demás prestaciones, bonos, incentivos y estímulos económicos, es decir, no se aplique en su esfera jurídica la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que modifica la forma de pago de sus percepciones. Primeramente, cabe señalar que tratándose de la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados, debe atenderse a los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. En la especie, se solicita expresamente en el escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que se reclaman de las autoridades responsables, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo anteriormente citado. Por cuanto hace al requisito establecido en la fracción II del artículo en comento, en el presente caso, se considera que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, toda vez que los actos que se pretenden suspender no se encuentran en ninguno de los supuestos del artículo 129 de la ley de la materia; además, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, en cambio, sí se causarían a la parte impetrante daños y perjuicios de difícil reparación con su ejecución. Ahora, el numeral 148 de la ley de la materia, establece que cuando se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, debe otorgarse la suspensión para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del impetrante. Es aplicable al tópico expuesto la tesis jurisprudencial l.18o.A. J/1(10a.) del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1824, libro 19, junio de 2015, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO." Por ende, con base en los artículos 128, fracciones I y II, 129 y 148 de la Ley de Amparo, se concede a Miguel Antonio Alcantar Pérez, José Enrique González Gámez, Óscar Mauricio González Gámez, Inocencio Arizaga Barragán y Mikeline Godoy Meza, la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se aplique en su esfera jurídica la determinación administrativa de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, que ordena la modificación de forma y tiempo de pago de sus percepciones; lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal. Determinación que se considera en ese sentido, al partir de la premisa que de reflejarse en la esfera jurídica de los aludidos impetrantes los efectos y consecuencias del acto materia de reclamo, podrían verse afectados derechos y prerrogativas de los que gozan en su carácter de miembros activos de las dependencias que refieren en su demanda, ya que posiblemente disminuirían en forma sustancial sus percepciones, lo que traería al mundo fáctico un acto de difícil enmienda. En la inteligencia de que la medida cautelar que se concede, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, surtirá efectos desde este momento y hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal. Sin que sea el caso exigir garantía alguna, virtud que la concesión de la medida suspensional no causa daños y perjuicios a terceras personas. De la misma forma, la suspensión que se concede no surtirá efectos si la orden de retención de percepciones emana de una ejecutoria de amparo o de diversas autoridades de las señaladas como responsables. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 141 y 144 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Miguel Antonio Alcantar Pérez, José Enrique González Gámez, Óscar Mauricio González Gámez, Inocencio Arizaga Barragán y Mikeline Godoy Meza, contra los actos que reclamaron de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de esta resolución, por las razones ahí expuestas. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Miguel Antonio Alcantar Pérez, José Enrique González Gámez, Óscar Mauricio González Gámez, Inocencio Arizaga Barragán y Mikeline Godoy Meza, contra los actos que reclamaron de las autoridades precisadas en el considerando tercero, para los efectos señalados en el considerativo cuarto de la presente interlocutoria. Notifíquese.

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