Miguel Angel Tornel Domínguez

Expediente 126/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
126/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Miguel Angel Tornel Domínguez
  • Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 126/2023-H El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja, dentro del plazo legal, en contra de la determinación de nueve de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que la misma ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintiocho de febrero de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular, contra actos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20 y 133 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico correspondiente con el número 126/2023. Se desecha demanda de amparo Es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así, del análisis de la demanda que se atiende, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado destacado la resolución dictada el doce de enero de dos mil veintitrés, en el toca penal ********************, en la que confirma la resolución (auto de exclusión de prueba), dictada en la audiencia intermedia celebrada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el procedimiento penal de origen. Acto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos dentro del juicio, por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como se expondrá. En efecto, los citados numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de la materia, textualmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." [Énfasis añadido] En ese contexto, se pone en relieve que no se actualiza el presupuesto contenido en el ordinal 107, fracción V, de la propia ley, lo que se afirma ya que la determinación que en esta vía constitucional se pretende combatir, per se no se trata de un acto de imposible reparación, ni afecta materialmente derechos sustantivos del directamente agraviado, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, virtud que de lo narrado por el impetrante, se colige que el juez de control en la audiencia intermedia excluyó algunos medios probatorios por no haberse anunciado en tiempo, determinación que fue confirmada en segunda instancia; sin embargo, tal circunstancia no involucra afectación de difícil enmienda, sino que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, y que no necesariamente llegarán a trascender al resultado de lo que se determine en diversa etapa procesal, sin que ello signifique vulneración o perjuicio en la esfera jurídica del quejoso. Por tanto, el acto de reclamo en sí mismo, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o de las personas, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales. Se invoca la tesis 1a./J.23/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1319, libro 8, diciembre de 2021, tomo II, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." En consecuencia, al no advertir daño irreparable en la esfera de derechos fundamentales del directamente agraviado, se desecha de plano la demanda promovida por ********************, por conducto de su defensor. Domicilio y autorizados Ténganse como autorizados en los términos solicitados a quienes menciona el promovente, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente. hago constar que se notifica a la parte quejosa, la determinación de nueve de febrero de dos mil veintitrés, emitida en autos del expediente al rubro citado, por medio de lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado de distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en términos de los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

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