Miguel Ángel Zamorano Peña
Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Miguel Ángel Zamorano Peña
- Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos
- Margarita Zamorano Peña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 504/2021-VI, promovido por Miguel Ángel Zamorano Peña y Margarita Zamorano Peña. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno ante el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada en la misma fecha a este Juzgado Federal, Miguel Ángel Zamorano Peña y Margarita Zamorano Peña solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades siguientes: Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuarios adscritos; Juez Primero Mercantil en Materia Civil y Mercantil de Ecatepec de Morelos, Estado de México y Actuarios adscritos; Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y Actuarios adscritos. SEGUNDO. Prevención. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se radicó el juicio con el número 504/2021; y se previno al quejoso a fin de precisar los actos reclamados a las autoridades; Juez Primero Mercantil en Materia Civil y Mercantil de Ecatepec de Morelos, Estado de México y Actuarios adscritos. TERCERO. Admisión. Por auto de quince de julio de dos mil veintiuno se declaró perdido el derecho para subsanar la demanda y en consecuencia, se admitió únicamente por las autoridades: Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuarios adscritos y Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y Actuarios adscritos. Consecuentemente, se les solicitó su informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional iniciada en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos y en cuyo territorio tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1249/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; actos atribuidos al dicha autoridad y al Actuario adscrito. La orden de embargo, lanzamiento y remate del inmueble ubicado en José María Morelos y Pavón, actualmente calle de la candelaria del Poblado de Ocotepec, municipio de Cuernavaca, Morelos identificado catastralmente con el número 1100 2203 4064; actos atribuidos al Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; La ejecución de dichos actos atribuida a las autoridades: Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuarios, así como a los Actuarios del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado consistente en el emplazamiento de los quejosos, Miguel Ángel Zamorano Peña y Margarita Zamorano Peña al juicio ejecutivo mercantil 1249/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; actos atribuidos a dicha autoridad y al Actuario adscrito. Lo anterior, porque de las constancias del juicio de mérito, se advierte que únicamente aparecen como demandados la persona moral Tecnología y Seguridad Integrada de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Margarita Zamorano Peña; no así Miguel Ángel Zamorano Peña. Por tanto, al no ser demandado este último, no se ordenó emplazársele al juicio y por ende no existe tal acto. Respecto a la aquí peticionaria de amparo Margarita Zamorano Peña, es igualmente inexistente, pues aun cuando sí tiene el carácter de demandada, al revisar las constancias del indicado procedimiento de origen, se advierte que el seis de julio de dos mil veintiuno, la Actuaria adscrita Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a quien se giró exhorto para el emplazamiento, hizo constar la imposibilidad de realizar dicha diligencia en el domicilio proporcionado; sin apreciarse actuación posterior mediante la cual se hubiera logrado el llamamiento a juicio de dicha persona. A las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil de origen, se les otorga plano valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. De lo anterior, se observa que, a la fecha de presentación de la demanda, el emplazamiento combatido era inexistente. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". En este punto, no obsta mencionar que el juicio de origen aún se encuentra en trámite, pues como se dijo, no consta siquiera que Margarita Zamorano Peña, parte demandada, haya sido emplazada a juicio; por tanto, está en plena aptitud de apersonarse en defensa de sus derechos; incluso, Miguel Ángel Zamorano Peña aun cuando no es demandado, si se considera afectado en cualquiera de sus derecho, igualmente puede acudir a hacer valer lo que estime inconveniente. Por otra parte, tampoco son ciertos los actos reclamados atribuidos al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuarios, consistentes en la orden de embargo, lanzamiento y remate del inmueble ubicado en José María Morelos y Pavón, actualmente calle de la candelaria del Poblado de Ocotepec, municipio de Cuernavaca, Morelos identificado catastralmente con el número 1100 2203 4064. Lo anterior, no obstante haber manifestado la imposibilidad de rendir su informe, pues de las constancias del juicio 1249/2019, se desprende que el embargo no fue realizado por dichas autoridades, ni se les ha encomendado el lanzamiento o bien el remate sino únicamente se giró exhorto para girar oficio al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos para su inscripción; sin embargo, dicho acto no fue combatido en el presente juicio. Por lo tanto, deben considerarse inexistentes los actos explicados, sin que la parte quejosa exhibiera prueba en aras de desvirtuar lo anterior. En tal virtud, al no quedar demostrada la existencia de los actos explicados en el presente apartado, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos consistentes en el orden de embargo y demás actos de ejecución sobre el inmueble ubicado en José María Morelos y Pavón, actualmente calle de la candelaria del Poblado de Ocotepec, municipio de Cuernavaca, Morelos identificado catastralmente con el número 1100 2203 4064, que se reclama a las autoridades, Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y Actuario adscrito. Lo anterior, porque así lo señaló dicha autoridad jurisdiccional al rendir su informe justificado, lo cual se corrobora con la copia certificada de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 1249/2019. No obsta a lo anterior que el Actuario de mérito no hubiera rendido su informe, pues como se explicó, el Juez indicado aceptó la emisión de los actos de ordenación indicados. QUINTO. Causal de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio de los conceptos de violación, se procede al examen de los motivos de improcedencia, por ser una cuestión oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima que en el caso, procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte quejosa. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para su procedencia, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar, que tratándose de actos reclamados a un Tribunal, en términos artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el quejoso se encuentra obligado a demostrar su interés jurídico, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, tratándose del interés jurídico, que es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acreditar fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o no se tenga un derecho subjetivo específico afectado con ese acto y, en todo caso, si no queda demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA". Precisado lo anterior, los peticionarios del amparo carecen de interés jurídico para combatir la orden de embargo y demás actos de ejecución sobre el inmueble ubicado en José María Morelos y Pavón, actualmente calle de la candelaria del Poblado de Ocotepec, municipio de Cuernavaca, Morelos identificado catastralmente con el número 1100-22-034-064, reclamado a las autoridades, Juez Segundo Civil de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y Actuario adscrito. Lo anterior, pues para acudir al juicio de amparo a defenderse de dicho acto, es necesario demostrar el ejercicio de la posesión o bien la titularidad del bien inmueble descrito, lo cual constituye el sustento objetivo para dar lugar a la protección constitucional solicitada. Así, aun cuando en el juicio de amparo no es dable determinar quién es legítimo poseedor del bien, sí es preciso determinar que quien solicite la protección constitucional, tenga al menos un título que avale el derecho en relación al inmueble, sobre el cual exige el respeto a derechos humanos cuya trasgresión se invoca. En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.". De dicho criterio jurisprudencial se advierte que a efecto de dilucidar si el solicitante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse, entre otros aspectos, la idoneidad de los documentos o probanzas en que se sustente la causa generadora de la titularidad del derecho defendido; aun cuando la determinación vertida tenga efectos únicamente para el juicio de amparo y no la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión o propiedad a favor del quejoso. En el caso, estrictamente para efectos del amparo, los peticionarios del amparo no acreditaron con medios de convicción idóneos, tener la posesión o la titularidad del bien inmueble embargado en el juicio de origen, sin ser suficiente manifestar ser propietarios y ejercer la posesión del citado inmueble. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Al respecto, los quejosos señalaron en la demanda que aportarían los medios de prueba para acreditar la titularidad del bien inmueble indicado; sin embargo, se abstuvieron de hacerlo. No obstante, de las constancias del juicio de origen, se puede observar la exhibición de una fotocopia simple de la escritura pública 26,785 de cuatro de agosto de dos mil quince, del protocolo del Notario Público Número Nueve de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, de la cual puede leerse que la sociedad mercantil denominada Tecnología y Seguridad Integrada de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Margarita Zamorano Peña, adquiere la propiedad del lote quince de la lotificación de condominio por lotes, sobre el bien inmueble registrado como el predio inicialmente sobre la calle José María Morelos y Pavón, hoy calle de la Candelaria, del poblado de Ocotepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, cuenta catastral 1100-22-034-064 No obstante, dicha documental es insuficiente para demostrar la titularidad de la posesión o propiedad del bien inmueble cuyo embargo se combate, pues se hace una expresa mención de que el adquirente es la persona moral Tecnología y Seguridad Integrada de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Margarita Zamorano Peña. Por tanto, ninguno de los aquí quejosos es el adquirente, con lo cual no se prueba la titularidad de la propiedad ni la posesión del inmueble contenido en la referida escritura. Por lo demás, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las copias simples queda al prudente arbitrio judicial, por lo cual en uso de dicha facultad, esta juzgadora determina negar eficacia a la documental de mérito, pues carece por sí misma de valor probatorio pleno, en virtud de tratarse de uno duplicado de otro documento alterable o modificable en el proceso de reproducción, de modo que puede no corresponder al documento supuestamente reproducido. Sirve de apoyo a la anterior consideración por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso.". Igualmente, es aplicable por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 1a./J. 71/2002, del rubro y texto: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." Atento a lo anterior, se concluye: la afirmación de los quejosos relativa a ser los titulares de la propiedad y posesión del bien inmueble embargado, no se acreditó a través de las pruebas que obran en autos, por lo cual no se satisfizo la obligación de acreditar fehacientemente la afectación de su interés jurídico. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/94 , cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por tanto, se sobresee en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, y con fundamento, además, en la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal. El sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos de los Actuarios del Juzgado Primero Mercantil en Materia Civil y Mercantil de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por no combatirse por vicios propios, sino hacerse depender su inconstitucionalidad de los actos de la ordenadora. No obsta a la determinación anterior, la falta de emplazamiento como tercero interesada, de quien tiene el carácter de parte actora del juicio de origen, toda vez que esta sentencia no le finca responsabilidad alguna, ni obliga a la responsable a hacerlo. Lo anterior, dado que el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, establece de manera enunciativa y no limitativa, algunos de los supuestos en que se tiene el carácter de tercero interesado, y de manera específica, el inciso b) prevé que cuando el acto reclamado derive de un juicio o una controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, puede tener dicho carácter la contraparte del quejoso. La interpretación que debe darse a esa porción normativa es en el sentido de que quien busque atribuirse la calidad de tercero interesado debe tener una posición contraria a la del quejoso, pues lo relevante es que sus pretensiones sean opuestas, en virtud de que ante el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión, la parte tercera interesada podría ver afectada su esfera jurídica. Sin embargo, si bien no obra el emplazamiento de la actora del juicio natural, a criterio de quien resuelve, atendiendo el acto reclamado y el sentido de esta sentencia, no puede considerarse que éste de forma alguna le depare perjuicio en su esfera jurídica, por el contrario, le causaría afectación si se difiriera el dictado de esta sentencia y por consiguiente el retraso en la continuación del juicio de origen en contravención al artículo 17 Constitucional. Sustenta a lo anterior, la tesis aislada P. V/98, con número de registro digital 196912, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXVIII.1o.7 K (10a.), con número de registro 2020285, de rubro "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LE ASISTE ESE CARÁCTER A QUIEN TIENE UN INTERÉS CONTRARIO AL DEL QUEJOSO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD CON LA QUE COMPARECIÓ AL JUICIO DE ORIGEN." SEXTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Zamorano Peña y Margarita Zamorano Peña, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en las consideraciones tercera y quinta de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
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Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintidós. Folio 14037. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo proveniente del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de trece de mayo del año en curso, remite copia certificada de las constancias que obran en el juicio ejecutivo mercantil 1249/2019, de su estadística. En virtud de lo anterior, toda vez que las documentales remitidas se trata de constancias enviadas en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cuestión, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se ordena formar el anexo II, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Folio 14033. Se tiene por recibido el oficio remitido por el encargado de la O. S. D. Poder Judicial Cuernavaca, mediante el cual, da cumplimiento a lo requerido por auto de ocho de julio de dos mil veintidós; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que ya obran en autos las constancias requeridas por oficios 13598/2022 y 13599/2022, de los cuales se solicitó informara tratamiento. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como anexo a su informe justificado, se encuentran incompletas, en específico las constancias concernientes a la diligencia de embargo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, pues se advierte una reproducción incompleta en la parte final de las mismas no apreciándose las firmas de los intervinientes en dicha diligencia; de igual forma, por cuanto al instrumento notarial 26,785 referente a un contrato de compraventa, ya que únicamente se fotocopió de un solo lado de la página de dicha escritura; por tanto, toda vez que la suscrita Juzgadora está obligada a recabar oficiosamente las pruebas documentales que estime necesarias para la resolución del asunto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere al citado Juez para que dentro del término de tres días, contado a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita a este juzgado copia certificada, completa y legible de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 1249/2019 de su estadística. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo, sin la asistencia de las partes. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia.Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de cuatro del mes y año en curso, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento de las constancias allegadas por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, como complemento de su informe justificado; por lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, sin la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo que así lo permite. Tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que da fe.
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