Miguel Ángel Vázquez Andrade

Expediente 2385/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2385/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
16/02/2016

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Vázquez Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2385/2015-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por José Fernando Aguilar Palma y María Concepción Cárdenas Fuan en su carácter de Presidente Municipal y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, personalidad que acredita con copia certificada del nombramiento de uno de enero de dos mil dieciséis, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, designando Delegados en términos del artículo 12 y 24 de la Ley de Amparo, asimismo, solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza diez de abril sin número, colonia Centro de Emiliano Zapata, Morelos, y por Delegados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas propuestas para ello. Asimismo, se hace del conocimiento a la autoridad que por sentencia dictada el catorce de julio de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección a Lucila Martínez García, contra el contenido de los artículos 77, fracciones II y IV, que disponen el cobro por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos de Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis, reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto al cobro de las cantidades de $16,605.00 (dieciséis mil seiscientos cinco pesos 00/100 moneda nacional); así como de $2,768.00 (dos mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y de $2,768.00 (dos mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), por derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, que fue en aplicación de las normas legales en cita y que reclamó a las autoridades, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretaria de Ingresos de dicha Secretaría, en términos de lo precisado en el considerando octavo de esta sentencia; así como contra el contenido del artículo 94 bis a 94 bis-12, que prevé el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y 119 a 123, que determina el impuesto adicional municipal, todos de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y sus actos de aplicación, traducidos en el cobro de los citados impuestos por las cantidades de $22,140.00 (veintidós mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) y $5,535.00 (cinco mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), que se reclamó a las autoridades Ayuntamiento y Tesorero Municipal, ambos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia de amparo, requiriendo a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, por su naturaleza, la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relativa a la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal, siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, ya que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Atento a lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Marzo de 2007, página 80, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. En esas condiciones se estima necesario establecer a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, que en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se determinó conceder el amparo para el efecto de que devuelva las cantidades de $22,140.00 (veintidós mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) y $5,535.00 (cinco mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). Consecuentemente, es procedente requerir ahora a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y su superior jerárquico José Fernando Aguilar Palma quien funge actualmente como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos precisando lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (MARÍA CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la quejosa la cantidad de $22,140.00 (veintidós mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) y $5,535.00 (cinco mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), lo que hace un total de $27,675.00 (veintisiete mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.) por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Debe puntualizarse que las cantidades señaladas deberán actualizarse para su devolución; por lo que se procede a actualizar dicha cantidad: ACTUALIZACIÓN Mes más reciente DICIEMBRE de 2015 Entre Mes anterior (De acuerdo a la fecha de pago diciembre 2013) Factor de actualización ? 118.532 / *111.508? 1.06299099616171 Cantidad cobrada Por Factor de actualización Cantidad total a pagar $27,675.00 * 1.06299099616171 $29,418.27 Por lo tanto, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, deberá devolver a la parte quejosa, la cantidad de $29,418.27 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 27/100 M.N.). Cabe precisar que el término de VEINTE DÍAS, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Vista la comparecencia que antecede, de la que se advierte que el licenciado Héctor Francisco Monsalvo Ayala, aceptó y protestó el cargo de asesor jurídico en el presente juicio de amparo, del quejoso ADRIÁN RICO GONZÁLEZ; glósese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Asimismo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes, el escrito presentado por el licenciado Héctor Francisco Monsalvo Ayala y, en atención a su contenido, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas que ocupa el Área de Asesoría Jurídica de la Delegación Morelos del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en el Palacio de Justicia Federal, Torre "B", Planta Baja, Boulevard del Lago Número 103, Colonia Villas Deportivas, Delegación Miguel Hidalgo, Cuernavaca, Morelos y, por autorizados para ese mismo efecto a Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio, Sany Verónica Ortega Cordero, Claudia Esperanza Ellzabeth Peñaloza Hernández, María Dolores Ayala del Valle y Vanessa Urbina Cárdenas. Téngase por hechas las manifestaciones que realiza a manera de alegatos, para que sean tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, tomando en consideración que a la fecha el asesor jurídico del quejoso, ya aceptó y protestó el cargo conferido, en estricto acatamiento a la ejecutoria de mérito, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, se provee lo siguiente: Tomando en consideración que el juez que originalmente conoció de la demanda de amparo, tuvo como actos reclamados únicamente la falta de atención médica en rodilla izquierda y el pie derecho y la orden de traslado; se requiere al quejoso para que dentro del término de cinco días que serán contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, precise, únicamente, los actos que se reclaman en la demanda en los puntos segundo y tercero del apartado IV de la demanda, denominado: "actos que reclamo", es decir, que aclare en qué consiste la indebida ejecución -punto segundo- y la relegación -punto tercero- de que se queja, pues el acto consistente en la omisión de practicarle dos intervenciones quirúrgicas, en pie y rodilla, respectivamente -punto primero- no requiere ser aclarado; lo anterior, con la finalidad de que este juzgador esté en aptitud de dictar la resolución que corresponda. Asimismo, deberá precisar a qué autoridades les reclama dichos actos. Con el apercibimiento que de hacerlo así, se tendrán como actos reclamados en el presente asunto, la omisión de practicarle al quejoso dos intervenciones quirúrgicas, en pie y rodilla, respectivamente, así como la orden de traslado que en los hechos de su demanda introduce, a las autoridades señaladas como responsables. Con fundamento, en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado instruya al Actuario de su adscripción para que se constituya en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Circuito de todos los Santos número 1, Barrio San Luis, Unidad Habitacional Mariano Matamoros, Ciudad Ayala, Morelos y notifique de manera personal el presente proveído al quejoso Adrián Rico González, haciéndole entrega de la copia simple del mismo, recabando razón por su entrega y, dentro de los tres días siguientes, envíe la constancia de notificación correspondiente, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2°, se le impondrá una multa de diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Finalmente, una vez que transcurra el término concedido al quejoso para subsanar la prevención de mérito, con o sin manifestaciones, dése vista al asesor jurídico Héctor Francisco Monsalvo Ayala, para que manifieste lo que a su representación convenga. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. Lepr

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de enero de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, los informes justificados que rinden las siguientes autoridades responsables: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO DE MORELOS. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, con los informes de cuenta dése vista a las partes por el término de tres días hábiles que será computado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indican por tratarse de su residencia oficial. Con relación a las pruebas que ofrecen, se tienen por anunciadas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, medios de convicción que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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