Miguel Ángel Villarreal Zambrano

Expediente 2692/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2692/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Villarreal Zambrano
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Bajo ese contexto, por sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veinte, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al promovente del amparo, en los términos siguientes: "[.] Por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que erogó por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I y el tercer párrafo de la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit , para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que se comentan, son aplicables porque están referidas a la inscripción de documento público o privado, así como inscripción de préstamo hipotecario, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser cuotas fijas y mínimas para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. En la inteligencia de que el recibo de pago es por la suma de $133,613.55 pesos; sin embargo, no serán objeto de devolución las cantidades de $152.00 pesos por concepto "cancelación de inscripción" y $ 4,917.00 pesos por "inscrip. documento otorgado fuera territ. edo.", dado que las mismas no forman parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle la cantidad de dinero, debidamente actualizada, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]" Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $$290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) por pago de concepto de inscripción de documento público o privado y de inscripción de préstamo hipotecario, respectivamente; cantidad que debía ser actualizada. Seguido el juicio por sus demás trámites, el doce de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, emitida dentro del amparo en revisión 177/2020, donde se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit; asimismo, quedaron intocadas las consideraciones vertidas en relación con el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, en la materia de la revisión CONFIRMA la misma, donde se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Entonces, a través del oficio presentado el dieciocho de febrero del año en curso, el ente responsable informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, al cual adjuntó copia de la transferencia efectuada a la parte aquí quejosa el doce de febrero de este año; luego, de dicha entrega se advierte que devolvió la cantidad de $134,535.67 (ciento treinta y cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos 67/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, mediante proveído de dieciséis de junio de la presente anualidad, este órgano federal analizó el cumplimiento del fallo protector y se determinó no declararlo cumplido; por ende, se requirió el acatamiento de la ejecutoria de amparo y se le indicó a la autoridad responsable la cantidad faltante a fin de restituir a la promovente del amparo en el goce de su derecho violado; a saber: $1,156.11 (un mil cientos cincuenta y seis pesos 11/100 moneda nacional) En ese sentido, mediante comunicado y anexo presentados en este juzgado de distrito, el seis de julio de dos mil veintiuno, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas, remitió copia de la transferencia realizada a la parte quejosa, por la suma de $1,156.11 (un mil cientos cincuenta y seis pesos 11/100 moneda nacional). Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera, se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso en representación del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia de la transferencia efectuada e informa de la desincorporación de los preceptos declarados inconstitucionales al quejoso; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el libelo y anexo de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciséis del actual mes, informa que fueron remitidos los datos proporcionados por la parte quejosa a la Dirección de Recaudación de Ingresos de dicha dependencia a efecto de realizar la transferencia correspondiente; consecuentemente, téngase a la autoridad de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector concedido en el presente sumario; en la inteligencia de que se estará a la espera del cumplimiento total de la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el dieciocho de febrero de este año, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de febrero de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veintiocho de enero de dos mil veinte, se determinó, sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que erogó por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $**********************, así como de $**************** sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I y el tercer párrafo de la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que las cuotas de $****************+, así como de $*************** sin las contribuciones adicionales, que se comentan, son aplicables porque están referidas a la inscripción de documento público o privado, así como inscripción de préstamo hipotecario, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser cuotas fijas y mínimas para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. En la inteligencia de que el recibo de pago es por la suma de $*************; sin embargo, no serán objeto de devolución las cantidades de $****** pesos por concepto "cancelación de inscripción" y $ ************+ por "inscrip. documento otorgado fuera territ. edo.", dado que las mismas no forman parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle la cantidad de dinero, debidamente actualizada, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el doce de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, emitida dentro del amparo en revisión 177/2020, donde se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit y, confirmó la sentencia recurrida, misma que, por un lado sobreseyó el juicio y por otro, otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por lo cual, se requirió por el cumplimiento a la misma. En ese sentido, el dieciocho de febrero de este año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, al cual adjuntó copia de la transferencia efectuada a la parte aquí quejosa el doce de febrero de este año; luego, de dicha entrega se advierte que devolvió la cantidad de $***************** que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $********** pesos; sin embargo, no serán objeto de devolución las cantidades de $*************** pesos por concepto "cancelación de inscripción" y $************; además, se le debe restar las cuotas fijas mínimas de $***********, así como de $***************, por así estar ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio, da como resultado la suma de $***************** sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve y el doce de febrero del año que transcurre, se efectuó la transferencia mencionada. Sin embargo, el período de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil diecinueve a enero de esta anualidad. Por tanto, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de enero del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecinueve fue de 103.942; y para el mes de enero de este año fue de 110.210. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.06030286121106. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $127,974.55 (ciento veintisiete mil novecientos setenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $*************** luego, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $**************+ Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $****************+ Consecuentemente, es evidente que con ello no se ha restituido a la parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; ya que tiene un faltante de $*****************; en consecuencia, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Luego, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 31, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas, antes indicado, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se hace del conocimiento de las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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