Miguel Ángel Tapia Ibarra
Expediente 1930/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1930/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2019
Partes del expediente
- Miguel Ángel Tapia Ibarra
Actuaciones
- Principal
Así, por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a ********, la suspensión definitiva que solicita por lo que ve a los actos reclamados atribuidos al Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por **********, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora General de Responsabilidades de la Auditoria Superior de la Federación, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1930/2019. Luego, con fundamento en los artículos 1, 87, 88, 89, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a DESECHARLA DE PLANO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: .b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combatan, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el procedimiento; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Es ilustrativo a lo anterior, la tesis número II.1o.C.T.9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Segundo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y ocho, Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Acotado lo anterior, se advierte que el peticionario de garantías en el apartado del acto reclamado, precisó lo siguiente: el capítulo de antecedentes, en sus incisos a), b) y c), estipuló: De la simple lectura de la transcripción anterior se aprecia que el quejoso del amparo reclama medularmente a la autoridad responsable, la emisión del auto de diez de julio de dos mil diecinueve, en el cual se determina sujetarlo al procedimiento resarcitorio, así como el oficio DGR-D-5278/19 de once de julio de dos mil diecinueve, a través del cual se le hace de su conocimiento del día y hora en que deberá comparecer a manifestar lo que a su interés legal convenga, considerando con ello que se transgredió en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Ahora bien, como se dijo al principio del presente acuerdo el acto reclamado en esta vía constitucional no es de imposible reparación, ya que por tales actos debe entenderse, aquellos que por sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado, sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse de fondo el expediente relativo al procedimiento resarcitorio número DGR/D/07/2019/R/14/143, instaurado en contra de Miguel Ángel Tapia Ibarra. Ello es así, toda vez que de las constancias adjuntas a la demanda, específicamente la cédula de notificación realizada al accionante del amparo el uno de agosto del año en curso, en donde se le entregó el oficio -citatorio DGR-D-5278/19 de once de julio anterior, para el desahogo de la audiencia prevista en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual tendrá verificativo el veinte de agosto del presente año a las doce horas, en la cual podrá manifestar lo que a su interés legal convenga, ofrecer pruebas y formular alegatos, dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias previo apercibimiento que de no comparecer sin justa causa, se tendrán por ciertos los hechos que se le atribuyen. Aunado a lo anterior, se le hizo saber que se le dejaron a la vista las constancias que integran el expediente relativo al citado procedimiento resarcitorio en el domicilio indicado para tal fin; por tanto, el hecho que se inicie un procedimiento en su contra, en el cual se le citó para que comparezca a manifestar lo que a su interés legal convenga u ofrezca pruebas, no puede considerarse como una violación substancial que afecte al promovente en sus derechos sustantivos, ya que lo único que conlleva, es que sea oído y vencido en un procedimiento, a fin de que en su oportunidad se resuelva lo conducente con los elementos aportados y que obren en autos, sin que ello implique necesariamente que la resolución sea contraria al interés del solicitante del amparo, toda vez que esta puede ser favorable. Resulta aplicable a lo anterior, a contrario sensu, la Jurisprudencia I.11o.C. J/14, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, publicada en la página 1283, tomo XXVIII, de noviembre de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: Conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 158 de la Ley de Amparo, para que las violaciones a las leyes del procedimiento puedan impugnarse en amparo directo es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) que afecten las defensas del quejoso; y, b) que trasciendan al resultado del fallo; por tanto, si la violación procesal impugnada se hace consistir en la admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, y el sentido de la sentencia de primer grado no se apoyó en esas probanzas, es evidente que tal violación no afectó las defensas del quejoso ni trascendió al resultado de dicho fallo y, por consiguiente, es de concluirse que no procede su análisis en el amparo directo respectivo." En ese tenor, es inconcuso que la determinación que es materia de reclamo no le depara perjuicio al promovente del amparo; por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el numeral 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el procedimiento que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Tapia Ibarra por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 de la ley de la materia. De conformidad a lo establecido por el ordinal 108, fracción I, en relación con el numeral 27, fracción I de la Ley de Amparo, Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica en su ocurso de cuenta. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el dispositivo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
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