Miguel Angel Valdez Bojorquez
Expediente 1153/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/11/2023
Partes del expediente
- Miguel Angel Valdez Bojorquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Designa defensor público federal. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública de esta ciudad, mediante el cual designa como defensor público federal al licenciado José Eduardo Salas Gaeta, a efecto de que adquiera una representación jurídica el quejoso Miguel Ángel Valdez Bojórquez. Atento a lo anterior, se tiene como defensor público federal del quejoso al licenciado José Eduardo Salas Gaeta; por lo que, resulta procedente darle vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigile la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Notificación al defensor. Túrnense los autos a cualquiera de las actuarias judiciales de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a José Eduardo Salas Gaeta quien puede ser localizado en las instalaciones que ocupa el Instituto Federal de Defensoría Pública de esta ciudad. Datos de contacto. Por otra parte, se tiene al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública de esta ciudad, señalando como medio de contacto del defensor público federal el correo electrónico que señala en el oficio que se atiende; se toma nota del mismo y a través de éste única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese; personalmente al quejoso y a su defensor público federal.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante avisos de diecinueve y veinticinco del mes y año en curso, la Coordinación de Jueces de Distrito en Tijuana, Baja California, declaró inhábiles los días diecinueve al veinticuatro de octubre, así como del veinticinco al veintinueve de octubre, ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, con motivo del paro nacional de labores convocado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales; lo anterior, de conformidad con los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que en dichas datas no corrieron términos ni plazos procesales. Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha en el presente asunto no se le ha designado al quejoso ******************** un defensor público a efecto de que adquiera una representación jurídica, toda vez que por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se giró oficio al Titular de la Delegación Baja California del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, a fin de que designe un defensor para el quejoso, sin embargo el mismo no ha sido entregado en su destino; por lo que, de inmediato se procede a realizar las gestiones necesarias para que el oficio referido se entregue en la dependencia antes mencionada. Diferimiento de audiencia. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés, misma que se señala hasta esa fecha atendiendo a las cargas de trabajo de este órgano jurisdiccional. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Imposibilidad de designar defensor. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio DP/1037/2023 remitido por el Coordinador Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, a través del cual informa su imposibilidad de designar defensores públicos adscritos a esa coordinación, a fin de brindarle al quejoso ********************la asistencia para la tramitación del presente juicio de amparo, ya que del escrito de demanda presentada por el quejoso el acto reclamado emana de una autoridad del orden federal, al haber señalado como autoridades responsables diversos Jueces Federales Especializados. Designación de asesor jurídico. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 15, fracción VI, de la Ley Federal de Defensoría Pública, gírese oficio al Titular de la Delegación Baja California del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, con el objeto de que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso ********************un asesor jurídico, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J.43/2019 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, esto es -********************-, cantidad que resulta de multiplicar el valor de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos) por cincuenta; de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se otorgó al quejoso ********************mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para que nombrara un defensor que lo represente, sin que a la fecha lo hubiese hecho. Se solicita defensor. En atención a lo anterior, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, al que se deberá anexar copia simple de la demanda, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Se invoca como apoyo la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.43/2019 (10ª) , de rubro y contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, esto es -********************-, cantidad que resulta de multiplicar el valor de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos) por cincuenta; de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese.
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