Miguel Angel Sainz Ibarra
Expediente 348/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Miguel Angel Sainz Ibarra
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja infundado. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, con sede en esta ciudad, remite el testimonio terminado de engrosar el siete de los actuales, en la queja penal ********************, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja." Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, acúsese recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Solicita expediente original. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual informa que para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso, solicita se le remita el juicio de amparo 348/2023-IV, o copia certificado del mismo. En atención a lo anterior y como lo solicita, remítase al tribunal de alzada el expediente original del juicio de amparo; y toda vez que de la certificación de cuenta se aprecia que al expediente electrónico se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse del expediente físico, a fin de que coincidan en su totalidad, con la certificación correspondiente fórmese un expedientillo, una vez que se remita el expediente principal. Además, como lo solicita, se comisiona a la Oficial Judicial A, para que realice la vinculación del expediente electrónico del cual deriva este asunto, con el diverso relativo al recurso de revisión administrativo 100/2023-I de la estadística del citado órgano colegiado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de queja. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del proveído emitido el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, y expresa los agravios que a su intención. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa; por tanto, intégrese a los autos una de las copias del escrito exhibido. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente en el sentido de que si es cierto el acto que se reclama, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, en virtud de haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracciones III, IX y XII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, remítase el original del escrito de agravios y copia de éste al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, en turno, para la substanciación del recurso y una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que le corresponda conocer del mismo, se procederá a la autorización respectiva a que refiere el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para la consulta del expediente electrónico por parte de la superioridad. Sin que sea el caso de previamente efectuar notificación de esta determinación a las demás partes, como establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, ya que se trata del desechamiento de una demanda y por ende, no se proveyó respecto al reconocimiento de partes acorde al artículo 5 de la ley de la materia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda y anexo de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 348/2023-IV. Personería del promovente. Previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien promueve y toda vez que José Bernal Hernández, manifiesta bajo protesta de decir verdad ser defensor que patrocina a Miguel Ángel Sainz Ibarra, dentro de la causa penal 2012/2021, del índice del Tribunal de Garantía y Juicio Oral Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por ende se le reconoce tal carácter de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Amparo; sin que sea el caso requerir la certificación correspondiente al juez de control en virtud de que no se proveerá sobre la admisión de la demanda de amparo conforme a lo señalado en párrafos siguientes. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "ACTO RECLAMADO: UNICO. - LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACION emitido en fecha 02 del mes de marzo del año en curso, notificado al día siguiente vía correo electrónico, impugnación que fue presentada en fecha 06 de enero de 2023, en contra de la determinación del día 03 del mismo mes y año, resuelta por la LIC. TANIA GUADALUPE VEGA GORDILLO en su carácter de Jueza de Control del Poder Judicial Estado de Baja California." En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracciones III, IX y XII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que a la letra refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [...] IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; [...] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En ese contexto legal, resulta pertinente traer a colación además lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Luego, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación de la materia vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece la ley reglamentaria del Artículo 107 constitucional para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Es decir, para que un acto sea calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos; por lo que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma evidente el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ello con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración; esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentren en el juicio de amparo directo (contra la sentencia definitiva), que es donde esa violación puede producir una afectación. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 37/2014 (10a.), con registro digital 2006589, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El desechamiento y admisión de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural. Este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pues las reglas a seguir para la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha pruebas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable. Sentado lo procedente, en el caso particular -como ya se precisó- el acto reclamado consiste en la inadmisibilidad del recurso de apelación relativo a la audiencia intermedia de tres de enero de dos mil veintitrés en el que se admitieron las pruebas ofrecidas por el agente del ministerio público contra las cuales la parte quejosa solicitó su exclusión y se resolvieron improcedentes sus argumentos, dictada por la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal número 2012/2021. Entonces, los efectos del acto reclamado, inadmisibilidad del recurso de apelación, se circunscriben medularmente a la no exclusión de pruebas ofrecidas por el agente del Ministerio Público en audiencia intermedia celebrada en la causa penal 2012/2021. Sin embargo, los alcances de tal prohibición inciden únicamente en el desarrollo del procedimiento; sin que pueda equipararse a un acto de imposible reparación lesivo de sus derechos sustantivos, pues no puede afirmarse que por virtud de esa restricción, se ha impedido en perjuicio del quejoso, el ejercicio de sus derechos, ello pues el acto intraprocesal, solo tiene efectos hacia el interior del procedimiento y si bien el imputado goza del derecho fundamental de defensa adecuada y respeto al debido proceso, no por ello la exclusión de medios de prueba tienden a violar de manera directa derechos sustantivos. En efecto, el acto reclamado sólo implica -en su caso- la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, dado que su objeto de pronunciamiento descansa en la admisión de medios de prueba ofrecidos en la audiencia intermedia y que la parte quejosa considera deben ser excluidos, por considerar que su admisión vulnera sus derechos; empero, esos perjuicios pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable o bien en un caso contrario, se trataría de una actuación procesal susceptible de apelarse y de hacerse valer como violación procesal en amparo directo, pero como se dijo, siempre que dicha admisión trascienda al resultado del fallo, momento procesal en que podría verse la afectación al derecho sustantivo de defensa adecuada o algún otro. En sustento a lo anterior a la conclusión arribada, se cita la jurisprudencia 1a./J. 23/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 6/2021, del rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO." Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Máxime que conforme a lo expuesto la inadmisibilidad del recurso de apelación en ninguna medida actualiza una determinación final, o bien lo deja en estado de indefensión en el procedimiento del que es parte; ello pues, no existe un resultado que hasta el momento le cause perjuicio o beneficio al solicitante del amparo dado que no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que solamente declarativa, al no haber admitido a trámite el recurso de apelación; lo que permite concluir que el acto que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional es un acto intraprocesal que no es de imposible reparación, en tanto no afecta materialmente sus derechos sustantivos, debido a que hasta el momento, no versa en sí sobre un derecho personal dentro de la causa penal 2012/2021, del índice de la autoridad que ahora señala como responsable. Por lo anterior, es inconcuso que ello no constituye actos cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, de ahí que las consecuencias del acto reclamado son sólo intraprocesales, toda vez que tienen como consecuencia la continuación con el trámite del juicio natural. Por tanto, se reitera, si bien es verdad que la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que el amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación; también lo es, que agrega que esos actos son los que afectan materialmente derechos sustantivos. Hipótesis que como se dijo, no se surte en el presente caso, ya que el acto que aquí se reclama, no se traduce en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad, incomunicación, deportación, expulsión o destierro, extradición, desaparición forzada de personas ni alguno de los actos a que se refiere el artículo 22 constitucional; ni la afectación a derechos patrimoniales como embargo, multa o algún otro que repercuta de forma directa e inmediata en la esfera jurídica del quejoso. Si bien al no haberse admitido el recurso interpuesto por el quejoso, la consecuencia pudiera ser que en la etapa de juicio se desahogaran las pruebas ofrecidas por el Agente del Ministerio Público que tiene intervención en dicha causa penal, esa circunstancia de ningún modo implica considerar el acto como de imposible reparación, dado que quien promueve el amparo es el inculpado en el juicio penal y durante la etapa a juicio podrá controvertir dichas pruebas y se desahogarán las pruebas que ofreció; por lo cual, será, en su caso, hasta que se dicte sentencia en la causa penal cuando el desahogo de dichas pruebas podrían causarle algún perjuicio. Conforme a lo anterior, se insiste el acto reclamado no tiene efectos de imposible reparación, ya que no afecta materialmente y de forma actual los derechos sustantivos reconocidos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Se invoca en sustento a la determinación tomada la jurisprudencia I.10 A.E. J/5 (10ª.), en materia común, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Aunado que del contenido de la demanda, no se desprende que la parte inconforme aduzca violación a los principios de concentración y celeridad en la impartición de justicia inmersos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues únicamente controvierte el contenido de la determinación reclamada. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 172, fracciones III, IX y XII, así como 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la naturaleza del acto reclamado se conoce desde este momento procesal y el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que la determinación aquí impugnada implicara una afectación material a sus derechos sustantivos -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Especialmente que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Señalamiento de autorizados. Se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Hernán Baruch Rodríguez López, dado que no cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la constancia glosada en autos; asimismo, se tienen únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. No pasa desapercibido que la parte promovente solicita se autorice la consulta del presente asunto a través de la vía electrónica, sin embargo no es dable acordar de conformidad su petición toda vez que no proporciona usuario alguno para realizar dicha autorización. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente, previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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